Enrique López se reivindica: “Cumplo todos los requisitos para ir al Constitucional”

La maniobra para renovar el Tribunal Constitucional avanzó ayer según los planes del PSOE. Socialistas y nacionalistas sumaron sus votos para rechazar la candidatura de Enrique López, uno de los dos magistrados propuestos por el PP. López, en declaraciones a este diario, reivindicó su candidatura y lamentó la decisión de la Cámara Alta: “Cumplo todos los requisitos para formar parte del Tribunal Constitucional”.

El magistrado de la Audiencia Nacional evitó valorar las razones políticas que subyacen tras su exclusión del proceso, pero insistió en la validez de su candidatura. Federico Trillo, en cambio, no dudó en tachar la decisión de “veto inaceptable” del PSOE. “Queda claro y palmario que es el PSOE quien no quiere renovación del TC al vetar e imposibilitar la elección de los candidatos del PP”, aseguró el coordinador de Justicia popular.  

Los socialistas nunca han aceptado la candidatura de López, hasta el punto de que fue uno de los motivos que bloquearon en 2008 la renovación del Alto Tribunal. Sin embargo, ante la cercanía de las elecciones catalanas y la exigencia del presidente catalán José Montilla de resucitar el proceso, el PSOE ha puesto en marcha una nueva estrategia. El primer paso ha sido la exclusión de este magistrado gracias a un informe técnico. El segundo consiste en aligerar los plazos convocando en julio la Comisión de Nombramientos del Senado para elegir a los cuatro finalistas.

Junto a López, el Senado ha rechazado la candidatura socialista de Juan Carlos Campo, actual secretario de Estado de Justicia. La Mesa de la Cámara argumenta que no cumplen con el requisito de haber ejercido al menos 15 años como jueces, ya que no se han computado sus años en el Consejo General del Poder Judicial. Una posición que no comparte Trillo, quien subrayó que su candidato lleva 21 años de servicio desde su ingreso en la carrera judicial.

Así, este intercambio de cromos no ha satisfecho a los populares, que tienen en su mano paralizar sine die la renovación, ya que la Constitución exige una mayoría de tres quintos, imposible de alcanzar sin los senadores del PP. Pero la clave está en cuál de los dos partidos saldría más beneficiado de una pronta renovación del Constitucional. En principio, la composición actual favorece los intereses del PP, puesto que el llamado sector progresista ha sido incapaz de sacar adelante una sentencia favorable al Estatut en cuatro años.

La renovación daría más poder al Gobierno

El Senado debe reemplazar a cuatro de los magistrados, incluida la presidenta, María Emilia Casas, con dos candidatos del PP y dos del PSOE. Pero los otros tres jueces salientes pertenecen al sector conservador, por lo que los progresistas ganarían un puesto. Del empate a 6 inicial se pasaría a un 7 a 5 favorable, a priori, al Gobierno. Además, está pendiente la sustitución del conservador Roberto García-Calvo, fallecido en 2008. Mientras el Congreso no pacte su recambio, el sector progresista mantendría una mayoría de 7 a 4.  

De nuevo, se trata de un escenario engañoso.  Pese a la disposición que aparenta el PSOE para renovar el Alto Tribunal y propiciar una sentencia afín a los intereses catalanistas, los cambios no harían sino retrasar el fallo. El nuevo Constitucional deberá elegir nuevos presidente y vicepresidente, los magistrados se tomarán su tiempo para ponerse al día, y comenzaría el carrusel de borradores y negociaciones internas. Tal vez, una demora suficiente para que los comicios se celebren en Cataluña sin que se conozca antes la sentencia.

Y mientras, el caducado Tribunal discutirá, una vez más, el próximo 10 de junio, el fallo del Estatut. Casas asumió en mayo la ponencia después del fracaso de la progresista Elisa Pérez Vera y el conservador Guillermo Jiménez, por lo que esta convocatoria será su oportunidad de desbloquear el debate y pactar una sentencia antes de las elecciones catalanas. O antes de ser relevada.