La renovación del Constitucional desnivela el número de magistrados a favor del Gobierno

La próxima renovación del Tribunal Constitucional permitirá al Gobierno estrechar su control sobre este organismo, ya que el llamado sector progresista superará en número al tildado de conservador tras la entrada de los cuatro nuevos magistrados a propuesta del Senado. Hasta ahora, el Constitucional estaba formado por seis magistrados de cada tendencia, aunque el voto de calidad de su presidenta, María Emilia Casas, otorgaba ventaja a los progresistas.

 

Sin embargo, una vez que se complete la renovación de los cuatro jueces que terminaron su mandato en diciembre de 2007, el equilibrio quedará roto para el resto de la legislatura. Tres magistrados conservadores (Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde) abandonan el Tribunal por una progresista, Emilia Casas. En su lugar, el Senado debe elegir cuatro nombres entre los propuestos por las asambleas autonómicas. En el marco del pacto entre PSOE y PP para desbloquear la renovación de los órganos judiciales, y dado el tamaño del grupo popular en el Senado, el PP se reserva la elección de dos de los cuatro magistrados. Los otros dos serán del ámbito socialista o, en todo caso, de un perfil que no disguste a los nacionalistas.

 

De este modo, el Senado propiciará un Constitucional configurado por siete magistrados cercanos al Gobierno y cuatro del entorno del PP. Además, quedará pendiente la elección de un duodécimo magistrado por el Congreso de los Diputados que sustituya al fallecido Roberto García-Calvo. En principio, corresponde al PP escoger al sustituto, elevando a cinco el número de jueces conservadores frente a los siete progresistas. En esta situación, el Gobierno podrá esperar con tranquilidad los fallos sobre materias tan delicadas como el Estatuto de Cataluña u otras leyes que el PP decida recurrir como parte de su estrategia de oposición.

 

Fallo sobre el Estatuto catalán

 

No obstante, si se produce el fallo sobre el Estatuto catalán antes de llevarse a cabo la renovación, las fuerzas entre progresistas y conservadoras estarán más igualadas. En la actualidad, tras la recusación de Pablo Pérez Tremps y el fallecimiento de García-Calvo, diez magistrados deliberan sobre la constitucionalidad del Estatut: los progresistas Casas (con voto de calidad), Eugenio Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pascual Sala; y los conservadores  Jiménez, Conde, Rodríguez-Zapata, Javier Delgado y Ramón Rodríguez.

 

Por ello, el bloqueo que ha causado la decisión del PP de proponer a Francisco Hernando y Enrique López como magistrados, dos nombres difíciles de asumir por los socialistas,  puede retrasar los planes del Ejecutivo para culminar el control del alto tribunal. PP y PSOE se necesitan mutuamente, tanto en el Congreso como en el Senado para elegir a los magistrados, puesto que los nombramientos se aprueban con una mayoría de tres quintos. Y, aunque Hernando y López no lograran alterar la mayoría progresista en el Constitucional, supondría un golpe de efecto importante del PP que el PSOE desea evitar.

 

Además, los problemas para la renovación de este órgano no acaban aquí. En noviembre de 2010 el Congreso debe elegir a otro cuatro magistrados, y entonces, PSOE y PP estarán obligados a ponerse otra vez de acuerdo. Una negociación en la que podrán pasarse la factura de lo que suceda en las próximas semanas.