Los ajustes de Gallardón dividen el equipo del alcalde

Las medidas de ajuste para hacer frente a la deuda que acumula España (administraciones central, autonómica y municipal) amenazan con llevarse por delante la credibilidad de Alberto Ruiz-Gallardón, primer edil de la capital del Estado y, según algunas encuestas, el candidato mejor posicionado para que el PP vuelva  a la Moncloa. El alcalde no pudo evitar el pasado viernes que dos miembros de su gobierno, Concepción Dancausa, responsable de Servicios Sociales, y Juan Bravo, el hombre de los números rojos en las cuentas municipales, se contradijeran sobre las repercusiones que tendrá sobre los madrileños las drásticas medidas de ajuste anunciadas en el debate sobre el Estado de la Ciudad : mientras la primera afirmó que se abrirán tres nuevos centros sociales, Bravo reiteró que los centros, construidos gracias al dinero del Gobierno central, permanecerán cerrados porque el Ayuntamiento no tiene fondos  para mesas, sillas, ordenadores y todo el material necesario. Tampoco tiene para  contratar personal.

 

La reducción de 1.041 millones de euros en los gastos previstos este año ha sido criticada tanto por los agentes sociales como por los portavoces de los otros grupos de la corporación (David Lucas, PSM, y Ángel Pérez, IU), ya que suponen un drástico recorte en los servicios sociales. Una medida que siempre tiene mala prensa. Y aún más en época de penurias económicas como las actuales. Las críticas han arreciado especialmente al conocerse que se mantiene intacta la partida de las obras en el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, rebautizado como Palacio de Cibeles desde que Gallardón, emulando los delirios arquitectónicos de Luis II de Baviera (recuerden Ludwig, la película de Visconti), está acondicionándolo como su sede.

La desatención a los sectores más necesitados de la capital, unida al descontrol del gasto que caracteriza la gestión de Gallardón -sus ocho años en la Comunidad dejaron en números rojos las arcas autonómicas y sus siete años en el Ayuntamiento han convertido a Madrid en la capital más endeudada de España-, pueden tener un coste electoral para el alcalde el 22 de mayo de 2011.  De hecho, la encuesta publicada en El País coincidiendo con la festividad de San Isidro reflejaba, pese al cariño con que se cocinan en esa casa los asuntos de Gallardón, que el apoyo electoral al primer edil de Madrid ha bajado casi tres puntos,  aunque mantendría la mayoría absoluta, el PP perdería varios concejales.

El coste electoral de los temas sociales

Sea por las críticas unánimes recibidas, sea por el temor al posible coste electoral, Concha Dancausa, dio el viernes, al concluir el pleno, muestras de sentido común y afirmó que se redistribuirá el personal necesario para poder abrir tres centros. Dancausa, profunda conocedora de la administración (como funcionaria de máximo nivel fue subdirectora de Acción Social en  el Ministerio de  Asuntos Sociales durante el último Gobierno de Felipe González, con Cristina Alberdi como titular del departamento. Eran también tiempos de crisis económica, y Alberdi impuso un control del gasto tan férreo, que aún hoy lo recuerdan algunos directores generales. Tan sólo Baltasar Garzón, que pasó unos meses por el ministerio como Secretario de Estado contra la Droga, tuvo cierto margen de maniobra).

En aquella subdirección, Dancausa tenía entre sus cometidos revisar el cúmulo de solicitudes que presentaban las ONGs para las subvenciones con cargo al IRPF. Conoce por ello de primera mano la capacidad de movilización y presión de algunos colectivos. Dio el salto a la política al llegar Aznar a la Moncloa. Amiga personal de Ana Botella, Dancausa asumió la dirección de un organismo cuestionado siempre por el PP: el Instituto de la Mujer. Ascendió después a la Secretaria General de Asuntos Sociales, rango al que el Partido Popular rebajó el ministerio al sumar sus competencias con las de Trabajo y poner a Javier Arenas frente a ese departamento bicéfalo.  Posteriormente, Dancausa pasó a la política madrileña como diputada autonómica y, contra todo pronóstico, fue elegida presidenta de la Asamblea de Madrid en junio de 2003 al rebufo del Tamayazo, cuando la deserción de dos diputados socialistas dejó a Rafael Simancas a las puertas de convertirse en presidente de Madrid. Dejó ese puesto institucional en las municipales de 2007 para reencontrase en el Ayuntamiento con Ana Botella, de quién se dice que sería la alcaldesa de Madrid si Gallardón, finalmente,  consigue dar el salto a la política nacional y entrar como diputado o sustituir a Mariano Rajoy como candidato a la Moncloa.

Sea porque cree que tiene su futuro asegurado, sea porque sabe que los temas sociales hay que tratarlos con mimo para que no tengan un coste electoral, o sea porque su experiencia de madre de familia numerosa le ha enseñado que, emulando una exitosa campaña de una tienda de muebles dónde caben dos, caben tres, Dancausa, reiteró el viernes en varias ocasiones que, en unas semanas, abrirá un nuevo centro social en el distrito de Tetuán. “Y miraremos como redistribuir personal para abril los otros dos”, concretó. Solo unos minutos antes, y a un par de metros de distancia, Juan Bravo, considerado un hombre 100% del alcalde (fue viceconsejero con Antonio Beteta cuando este llevaba las cuentas del Gobierno autonómico y mientras Beteta se mantiene fiel a Esperanza Aguirre, Bravo acompaña al alcalde desde su primer mandato en el Ayuntamiento)  mantenía, con respecto a la apertura de esos centros, que se remitía al dicho por Gallardón en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. “Los tres centros forman parte de la obra nueva ya terminada. Sólo falta ponerlos en funcionamiento, pero eso tenemos que financiarlo nosotros al 100% y no hay fondos ni vamos a incrementar plantilla”, afirmaba Bravo. Es más, el plan de ajuste de Gallardón supone la destrucción de 755 empleos públicos en el Ayuntamiento.