La lucha interna entre Chaves y De la Vega provoca la segunda rectificación del decretazo

No una sino dos rectificaciones lleva ya el decreto de recorte y congelación de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones. A la primera modificación para no dejar sin crédito este año a los ayuntamientos, publicada en el BOE el 25 de mayo, se sumó otra al día siguiente, derivada de la lucha de poder entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el vicepresidente tercero y presidente del PSOE, Manuel Chaves.

 

El nuevo “error” consistió en atribuir al Ministerio de la Presidencia la facultad de establecer reglamentariamente los concursos anuales para cubrir las vacantes de funcionarios con habilitación de carácter estatal, es decir, interventores de ayuntamientos, tesoreros y secretarios. Según la versión obtenida por este diario, el secretario de Estado de Política Territorial y miembro de la ejecutiva del PSOE, Gaspar Zarrías, hizo saber a su superior, Chaves, que la competencia sobre los funcionarios municipales era suya y no de la vicepresidenta De la Vega, que aglutinó el departamento de Administración Pública tras la última remodelación del Ejecutivo.

Chaves llamó a De la Vega y la obligó a rectificar el decreto de modo que en vez de poner Ministerio de la Presidencia dijera Ministerio de Política Territorial. La vicepresidenta asumió el nuevo “error”, producto del “apresuramiento” y envió la nota correspondiente a su subordinado, el director de la Agencia del BOE, Fernando Pérez Sánchez, quien se apresuró a introducir la rectificación.

Los trabajadores del BOE se equivocan “poquísimo”

Según algunas fuentes, Pérez Sánchez ha hecho llegar a sus superiores el mensaje de que los trabajadores del diario oficial se equivocan “poquísimo”, de modo que los ministros deben abstenerse de imputarles errores que no les corresponden, como, en un primer momento quiso hacer la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

En concreto, el porcentaje de erratas del BOE ha bajado del 0,30% en 2008 al 0,19% en 2009, según el informe que el propio Pérez Sánchez ha hecho llegar a la vicepresidenta De la Vega. El informe refleja además que la supresión del papel ha supuesto un ahorro “en torno a 6 millones de euros” (El BOE gastaba 4.000 toneladas de papel al año)”, aunque también han desaparecido los ingresos por suscripciones y ventas, que ascendían a 3 millones de euros al año.