Millet se negó a facilitar datos del Palau durante años, pero la Generalitat no hizo nada

El Palau de la Música de Catalunya se negó sistemáticamente a facilitar información a la consejería de Economia de la Generalitat mientras su cúpula directiva distraía millones de euros para disfrute propio. La administración, sin embargo, no hizo nada en los últimos años para paliar la falta de información y ni siquiera ordenó investigar el tema. Así consta en las memorias de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat.

Durante los años 2004 y 2005, el templo de la música catalana ni siquiera aparecía en las memorias de la Junta. Pero en el año 2006, el Palau de la Música comenzó a figurar en el apartado de las entidades que “no han comunicado datos” al Registro Público de Contratos. En el año 2007, el Palau informó a la Junta que no tenía ningún contrato “susceptible de ser informado”, por lo que tampoco envió documentación alguna a este organismo. En el año 2008, la respuesta del Palau fue que no había adjudicado ningún contrato administrativo.

 Todo ello se produce, sin embargo, en un periodo en el que se estaba acometiendo la mayor ampliación de la historia centenaria de la entidad, es decir, cuando más actividad interna, adjudicaciones y contratos tenía que firmar el Palau. Los responsables de la conselleria de Economía, que encabeza Antoni Castells, pasaron por alto este detalle y no le prestaron la menor importancia al pertinaz silencio de Fèlix Millet.

La Junta de Contratación tiene como responsabilidad “informar sobre las cuestiones que, en materia de contratación, le sean sometidas por los diferentes departamentos de la Generalitat, sus entidades autónomas y las restantes entidades de derecho público con personalidad propia vinculadas o dependientes de la Administración de la Generalitat”. La vinculación de la Generalitat con el Consorcio del Palau de la Música es tal que el presidente del mismo es el presidente del Gobierno autonómico, José Montilla. Por tanto, la Junta de Contratación está obligada a ejercer sus potestades para controlar el buen funcionamiento y las buenas prácticas dentro de la institución.

La Junta de Contratación está presidida por el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas, Martí Carnicer, y su vicepresidenta es Carmina Llumà, secretaria general del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. De él forman parte también representantes de todas las consejerías de la Generalitat, así como el interventor general, Josep Maria Portabella; el director del gabinete jurídico del Gobierno, Jaume Galofré; el jefe de la Secretaría Técnica de la Comisión Central de Suministros, Isidre Virgili; y representantes de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, las patronales Fomento del Trabajo y Pimec, la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, la Federación de Municipios de Cataluña, CCOO y UGT. Una nutrida representación que se olvidó de hacer los deberes de fiscalización de una de las principales instituciones de Cataluña.

Y mientras la Administración miraba para otro lado, Fèlix Millet y su segundo, Jordi Montull, director administrativo, retiraban dinero en efectivo de cuentas que no constaban en la contabilidad general de la institución (ver noticia), pagaban obras particulares, se encargaban libros del Palau a sí mismos o disfrutaban de elitistas y relajantes viajes a países exóticos (ver noticia).

“No todo el dinero desaparecido ha ido a Millet”

Otra de las formas de actuación de la destituida cúpula del Palau era hinchar los presupuestos de las obras de ampliación o restauración de la entidad. Así, el arquitecto Óscar Tusquets ha salido ya al paso de las declaraciones de Millet sobre el coste de las obras de ampliación del edificio de la institución: el ex presidente cifró en unos 24 millones el coste de las obras, presupuestadas inicialmente en 9,5 millones. Tanto Tusquets como su socio de despacho, Carles Díaz, sostienen ahora que hubo sobrecoste, pero su despacho facturó sólo en torno a los 12,5 millones de euros. A esa cantidad, debe añadirse un sobrecoste por otras obras de ampliación que no entraban en el presupuesto inicial y que pueden suponer cuatro o cinco millones de euros más, una cifra todavía alejada de los números aportados por Millet.

El propio Tusquets lanzó ayer una velada acusación: declaró a TV3 que “no todo el dinero que ha desaparecido ha ido a parar a manos de Millet y eso lo creo con bastantes motivos de causa”. Y añadió que el ex presidente del Palau era, a veces, un simple intermediario que daba dinero a terceros, es decir, a otros comisionistas. Esta afirmación coincide con algunos rumores sobre la intención de Fèlix Millet de comenzar a soltar nombres de estos comisionistas. Fuentes cercanas al ex presidente del Palau señalaron a El Confidencial que no es ésta su intención y que ya ha dado “sobrados motivos” de que está dispuesto a pagar por sus “errores”.

Una cosa similar ocurrió con la restauración del órgano, por el que Millet justificó 884.000 euros. Sin embargo, el restaurador que llevó a cabo el trabajo, Gerhard Grenzing, declaró ayer a la emisora Catalunya Ràdio que su factura fue de sólo 758.000 euros, IVA incluido.

Los partidos, por su parte, están a verlas venir. El Partido Popular (PP) de Cataluña ha anunciado ya que pedirá una comisión de investigación. “Tenemos la sensación de que lo que ha salido es sólo la punta del iceberg. La repentina confesión de Fèlix Millet y de Jordi Montull parece ser una maniobra para evitar la prisión preventiva”, señalaron fuentes del PP a El Confidencial. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puigcercós, por su parte, señaló ayer, día festivo en Barcelona, que su partido apoyará una comisión de investigación si lo pide Convergència i Unió (CiU), que aún no se ha pronunciado al respecto.

Es un arma de doble filo: una carta del también cesado secretario del Palau, Raimon Bergós, desvelaba que durante una inspección de Hacienda en el año 2004 se prepararon facturas falsas para justificar gastos y especificaba la creación de un falso convenio con la Fundació Espai Catalunya, promovida por el dirigente convergente Ángel Colom, por valor de 150.000 euros (ver noticia). Este convenio no se llegó a hacer. Esto, sumado a que el expolio comenzó a realizarse cuando todavía mandaba CiU en la Generalitat, puede lastrar y condicionar la investigación de una comisión.