Zapatero liquida un acuerdo entre Sebastián y el CSN que alargaba la vida de Garoña

La prórroga de diez años para la central nuclear de Garoña (Burgos) era un hecho hace apenas cuatro meses. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) habían cerrado en febrero su continuidad. Una decisión política que sólo un informe técnico muy desfavorable, por entonces poco probable, podría modificar. Sin embargo, a pocas horas de que se conozca el dictamen del CSN, no queda ni rastro de ese acuerdo. Los incidentes sufridos por la central, y el rechazo de José Luis Rodríguez Zapatero a la energía nuclear han cambiado por completo el panorama en torno a su continuidad.

Zapatero se ha expresado en diversas ocasiones en contra de la energía de origen nuclear, y el PSOE se presentó a las elecciones con el compromiso de cerrar progresivamente las centrales. Buena parte de las bases socialistas comulgan con esta idea antinuclear, y el presidente del Gobierno ha recibido también las presiones de partidos como ICV e IU, así como de las organizaciones ecologistas.

Pero el acuerdo entre Sebastián y los consejeros del CSN (dos elegidos por el PSOE, dos por el PP, y uno de CiU) quedó definitivamente en entredicho el pasado 20 de mayo, cuando el think tank del PSOE, dirigido por el ex ministro Jesús Caldera, reclamó al Gobierno el cierre de Garoña. Nadie dudó entonces de que, si Caldera se atrevía a posicionarse tan claramente en contra de la prórroga de la central nuclear, es porque tenía el aval de Moncloa. De hecho, la Fundación Ideas propuso un modelo energético basado en un 100% en energías renovables para el año 2050 y el cierre de todas las centrales nucleares españolas al final de sus 40 años de vida útil.

La división en el Gobierno y en el PSOE en torno a la energía nuclear se ha vuelto a hacer evidente ante la necesidad de tomar una decisión sobre Garoña. Por un lado, vacas sagradas como Felipe González y Javier Solana defienden su utilización, una opinión que comparte Sebastián y otros ministros como Alfredo Pérez Rubalcaba o José Blanco. Por otro, Zapatero es consciente del efecto electoral que podría tener sobre sus bases una defensa cerrada del Gobierno de las nucleares. La izquierda mantiene su rechazo a este tipo de energía, y el Partido Socialista de Euskadi votará en el Parlamento de Vitoria a favor de que se cierre Garoña.  

Sebastián baraja “todas las alternativas”

El Ejecutivo insiste en que no tomará ninguna decisión hasta conocer el informe técnico del CSN, cuyo pleno está convocado para este miércoles. Sebastián reconoció ayer en el Senado que su departamento baraja “todas las alternativas posibles”. No obstante, Sebastián defendió la viabilidad de la central a pesar de su antigüedad, ya que, afirmó, ocurre “un poco como las personas”, que algunas con 20 ó 30 años tienen achaques y, otras, con 50 ó 60 están “estupendamente”.

Así las cosas, la decisión gubernamental podría retrasarse hasta julio, cuando el debate sobre la energía nuclear se haya calmado, y se haya pasado página con respecto a las elecciones europeas. Garoña funciona desde 1970, pero su licencia expira el 5 de julio.

La empresa que la gestiona, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, solicitó una prórroga de diez años. Fuentes de la central explicaron a este diario que están convencidos de la solidez del proyecto presentado, y aseguraron que Garoña es una central de referencia internacional. No obstante, desde Greenpeace sostuvieron que se debería cerrar por motivos medioambientales y de seguridad, así como por tratarse de una fuente de energía “marginal”.