Zapatero quema los últimos cartuchos del gasto público para combatir el paro

¡Hagan juego, señores!, ¡No va más! La vieja fórmula de los crupieres sobrevoló ayer el Congreso de los Diputados. Y el maestro de ceremonias no fue otro que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sorprendió al auditorio con un paquete económico que representa una especie de traca final del gasto público con un solo objetivo: estimular la demanda para esquivar la recesión. Pero con un viejo jugador incorporado a última hora a la partida: el ‘ladrillo’ regresa al epicentro de la política económica.

Zapatero vuelve a confiar en el sector de la construcción para frenar la sangría del paro mediante deducciones fiscales, aunque operen en sentido contrario. Como una especie de incentivo inverso. No se trata de aumentar las deducciones  sino de reducirlas a partir de 2011, lo que en teoría, y según el Gobierno, debería ayudar a vaciar el stock de viviendas sin vender. Zapatero, por lo tanto, y como los crupieres, se lo juega todo a una carta. O en los próximos 19 meses se acelera la venta de viviendas o la economía necesitará nuevas terapias de choque, pero esta vez con las arcas públicas exhaustas. El comodín de la partida es el crédito financiero, la variable básica para que se pueda recuperar la venta de viviendas. Si las entidades financieras no vuelven a prestar dinero, y si la destrucción de empleo no se frena, el plan está destinado al fracaso.

Nada habló ayer el presidente del Gobierno de actuar de forma contundente con nuevas recetas en la oferta productiva -mediante reformas en los mercados de bienes y servicios- para ensanchar el potencial de crecimiento de la economía. Lo único que ha quedado claro tras el debate sobre el estado de la Nación es que el Gobierno no impulsará ninguna reforma laboral salvo que lo pacten sindicatos y empresarios, lo cual es una auténtica quimera.

Con las nuevas medidas, el margen presupuestario para hacer frente a la recesión se ha acabado. Básicamente, por una razón. El déficit público se situará al finalizar este año en el entorno del 10% del PIB, el nivel más alto jamás alcanzado por la economía española. Desde luego por encima de los límites que se había impuesto el ex ministro Pedro Solbes, quien ya hace meses habló de que el margen de gasto público se había agotado, algo que puede explicar mejor que ninguna otra cosa su salida del gabinete. Como decía ayer un analista, el paquete de medidas huele a Miguel Sebastián, que siempre ha defendido que había que actuar sobre la demanda y no sobre la oferta, aunque ello suponga situar el desequilibrio fiscal en niveles estratosféricos. El Gobierno anuncia dinero público para comprar coches o para poner fin al déficit tarifario, pero sin atajar el exceso de capacidad productiva de la industria del automóvil o la vigencia una Ley Eléctrica del año 1997 que genera défciit crónicos en el sector eléctrico.  De ahí que algíun parlamentario socialista hablara ayer de medidas 'deslabazadas', no inmersas en una estrategia económica de largo plazo.

La traca final del gasto, sin embargo,tiene sus límites. Zapatero se comprometió ayer -tal y como exige la UE- a volver “a la estabilidad presupuestaria” en 2012. Es decir, que en tres años el déficit público debería volver a situarse por debajo del 3%, lo que significa una reducción de más de dos puntos de PIB en cada uno de los próximos tres años. Se trata de un escenario que tiene mucho de voluntarista teniendo en cuenta que ningún organismo internacional cree posible una recuperación robusta antes del año 2011, lo cual afecta de forma relevante a los ingresos públicos.

Un déficit desbocado

Lo que anunció ayer Zapatero representa un aumento adicional del déficit público de entre uno y dos puntos del PIB, cantidad que hay que sumar a los 8,3 puntos estimados por el Banco de España para este año.

Zapatero no dio detalles del coste de las medidas, salvo los 5.000 millones con que estará dotado un Fondo de Inversión Local o los 70 millones que costará un programa de matrículas gratuitas para licenciados con edades comprendidas entre 25 y 40 años. Nadie cuantificó lo que costarán las ayudas directas a la compra de un automóvil, las rebajas fiscales por utilización del cheque transporte o el programa de compras de ordenadores para estudiantes en colegios públicos o concertados. Tampoco se sabe lo que costará la rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades para las pymes que mantengan empleo.

Se sabe, sin embargo, que el gasto corriente se reducirá este año en 1.000 millones de euros, lo que representa menos de una décima del techo presupuestario del Estado. Y se sabe, sobre todo, que el Gobierno ha vuelto a poner los ojos en el mercado inmobiliario para salir de la recesión. El ‘ladrillo’ vuelve a estar en el centro de la política económica mediante una política de deducciones fiscales que se quiere concentrar en los próximos 19 meses con un solo objetivo: drenar el stock de viviendas que hoy está sin vender, y que se podría situar entre 800.000 y un millón de viviendas.

La medida, según los expertos consultados ayer, es un arma de doble filo. Se considera, por un lado, que va en la dirección correcta,  toda vez que puede servir para limpiar el stock de pisos, lo cual puede favorecer la recuperación de un sector clave en la actividad económica porque es intensivo en mano de obra. Pero al mismo tiempo se da un mensaje equivocado, ya que a partir de 2011 la deducción por adquisición de viviendas se limita a rentas inferiores a 24.000 euros, lo cual parece un contrasentido.  

Según una experta en el mercado inmobiliario, no tiene sentido seguir apoyando fiscalmente la compra de vivienda, sino que hay que favorecer el alquiler. “Claro está, a no ser que queramos endeudar a los ciudadanos de menores ingresos con hipotecas a 30 o 40 años a la que tendrán que destinar una parte importantísima de sus ingresos”.