La Fiscalía pide diez años de suspensión para el alcalde de la Línea (PP) por prevaricación y malversación

Suma y sigue. El alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, condenado a seis meses de inhabilitación y acusado de un delito de obstrucción a la justicia por el ‘caso Palex’, la empresa que suministraba material de hemodiálisis al Ayuntamiento cuando este servicio era municipal, se enfrenta a una nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción de otros diez años de suspensión de cargo. En esta ocasión, el caso tiene que ver con los contratos supuestamente ilegales realizados en el Ayuntamiento en 1999, por los que es acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos junto a otros dos ediles y técnicos del Consistorio.

Gema Araujo, portavoz del PSOE en la Línea, denuncia a El Confidencial que “esto no ha hecho mas que empezar, porque este señor a lo que se ha dedicado desde que llego aquí es a lucrarse en su cargo. Llegó a la Línea de la mano de Jesús Gil, adoptando el mismo modelo de las siglas de este partido, que años después cuando se pasó al PP ha seguido manteniendo. Siempre hemos denunciado en este periodo de crisis que es el alcalde con el sueldo más alto del Campo de Gibraltar. Cobra más de 6.000 euros. Su residencia la tiene en Madrid y por la Línea pasa de lunes a jueves. Hay casos sangrantes que hemos denunciado de Juan Carlos Juárez, que llevan más de 8 años en la Audiencia Provincial de Algeciras y no sabemos porque no se resuelven y están prácticamente estancados ”.

60.000 euros en multas sin ingresar

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha reabierto las diligencias de inspección fiscal para investigar la causa de la demora en varios de estos procesos judiciales contra el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, varios miembros de su equipo de gobierno y funcionarios de este Ayuntamiento. Los casos aun sin resolver son: el ‘caso Multas’ y el ‘caso Roseworld’.

El primer proceso, el denominado ‘caso Multas’, data del año 2002 y versa sobre las multas de la Policía local cobradas y supuestamente no ingresadas en las arcas municipales, un asunto denunciado por la oposición. “Han pasado siete años y aún está sin resolver -denuncia Gema Araujo-. Todo se destapó cuando un anónimo dejó una caja en la puerta de la UGT, en la que se encontraba un compendio de multas valoradas en más de 60.000 euros, cobradas a extranjeros que no habían sido ingresadas en las arcas municipales. Esto es muy grave”.

Otro de los procesos que está siendo tramitado por la Fiscalía Anticorrupción es el conocido como ‘caso Roseworld’, parcelas que el Ayuntamiento vendió a la empresa con este nombre en 2005, en una subasta pública. Cuatro parcelas de suelo municipal pasaron a una empresa que carecía en ese momento de cualquier actividad mercantil. El informe policial que está en manos de la juez relaciona la empresa beneficiada, Roseworld, con el concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama y el alcalde linense, Juan Carlos Juárez. La imputación para ambos es de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Como medidas cautelares, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Línea de la Concepción (Cádiz), Carmen Longo, retiró los pasaportes de Juan Carlos Juárez y de su concejal de urbanismo, Carlos Ruiz Calama. La magistrada reclamó al concejal que justificase el cobro de 980.000 euros, al parecer ingresados en concepto de IVA, por la cantidad que el Ayuntamiento recibió de la empresa Roseworld por la venta de unas parcelas municipales.

El PP apoya a su alcalde

Ante los escándalos acaecidos sobre los populares en los últimos meses, el Partido Popular de La Línea muestra su apoyo al alcalde de la ciudad. El PP afirma que respeta dicha decisión judicial, “pero no la compartimos y cuyo recurso confiamos sea resuelto favorablemente por instancias superiores”. En noviembre de 2007, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó los recursos de apelación interpuestos por el alcalde del PP y ratificó su procesamiento por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el ‘caso Contratos’, por el que ahora se enfrenta a la petición de diez años de suspensión en el cargo.