La vieja promesa de renovar el Senado: un sueño que Manuel Fraga tal vez no vea

El pasado 1 de abril, durante la sesión de estreno de la novena legislatura en Las Cortes, Manuel Fraga, el senador más anciano, expresó este deseo: “Pido a Dios que me permita ver la famosa reforma del Senado, de la que todo el mundo habla”. Pero es muy poco probable que Fraga viva para poder contarlo. Porque, en el mejor de los casos, la siempre postergada transformación del Senado en una Cámara con verdadero poder legislativo, en lugar de la institución inútil y carente de funciones que sigue siendo hoy, no se produciría hasta el final de esta legislatura, es decir, no antes de 2012. Y para entonces don Manuel habrá cumplido ya 89 años.

José Luis Rodríguez Zapatero reiteró el pasado miércoles el compromiso que todos los presidentes del Gobierno han repetido como un mantra desde que se aprobó la Constitución, hace ya 30 años, pero que ninguno ha sido hasta ahora capaz de cumplir: reformar el Senado para transformarlo en una Cámara territorial donde estén representadas las comunidades autónomas. “Esta vez va en serio”, dijo Zapatero en 2004, al inicio de su primer mandato, pero el proyecto también encalló. Y ahora, cuatro años más tarde, vuelve a la carga: “La reforma constitucional del Senado era, en el programa que expuse hace cuatro años, una pieza muy relevante en la tarea de reforzar los mecanismos de cohesión de nuestro país. El objetivo sigue mereciendo la pena, pues contribuiría a la mejora de nuestro entramado institucional y al fortalecimiento de nuestra democracia”, dijo Zapatero esta semana.

El principal escollo para que el Senado deje de ser una Cámara inservible es que su reforma exige modificar la Constitución, para lo que resulta imprescindible el acuerdo de los dos grandes partidos. Pero no es ése el único obstáculo. El Gobierno pretende, además, que la renovación de la Carta Magna no sólo afecte al Senado, sino también a la Corona, para eliminar de una vez la anacrónica preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio. Al incluir ambas reformas en un mismo paquete, Rodríguez Zapatero quiere evitar que el obligado referéndum sobre la sucesión se convierta en un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía. Y es que cualquier modificación constitucional que afecte a su Título II –el referido a la Corona– obliga a la disolución de Las Cortes, la celebración de elecciones generales y la convocatoria de un referéndum, por lo que este complejo proceso se postergaría hasta 2012, haciéndolo coincidir con el final de la legislatura, pero sólo si hay consenso entre el PSOE y el PP.

La verdad es que ni uno ni otro han mostrado verdadero interés, más allá de vagas y grandilocuentes declaraciones de intenciones, en impulsar esa reforma constitucional. El pasado miércoles, durante su comparecencia en el Senado, Rodríguez Zapatero ofreció una muestra de esa desgana que se arrastra desde la Transición. El jefe del Ejecutivo anunció en su discurso que había entregado al presidente de la Cámara, Javier Rojo, el informe redactado por el Consejo de Estado en el que este órgano consultivo analiza cómo debe abordarse la reforma constitucional del Senado. Un informe, olvidó explicar Zapatero, que fue elaborado en 2005, y cuyas conclusiones fueron hechas públicas en 2006, pero que hasta ahora no había llegado a su principal destinatario.

El Senado sigue siendo una Cámara de segunda lectura que, sobre el papel, puede enmendar o vetar los proyectos de ley aprobados en el Congreso, pero que, en la práctica, no tiene capacidad efectiva de veto: si tumba una ley –una circunstancia no del todo insólita, dado que el PP goza de mayoría en la Cámara Alta–, el Congreso puede resucitarla sólo 15 días después. El Senado no dispone más que de esas limitadas, casi simbólicas, atribuciones legislativas.

El segundo escollo que se interpone en la reforma del Senado es el método de elección de los senadores. Éstos son elegidos actualmente de forma mixta: unos por las circunscripciones provinciales, coincidiendo con los comicios generales, y otros por los Parlamentos autonómicos. Los socialistas pretenden que todos los senadores –264– sean elegidos por las comunidades autónomas, pero el PP se opone radicalmente a esta fórmula. La razón principal es que la tradicional fuerza de los populares en el Senado procede, en buena medida, de su representación en las provincias menos pobladas, que eligen un mínimo de tres senadores, de los que, habitualmente, dos van a parar a manos del PP.