No habrá recusación que valga: el pulso por la mayoría del Constitucional se retrasa a diciembre

La partida de ajedrez que mantienen los jueces del Tribunal Constitucional puede acabar en tablas en el próximo pleno. Los magistrados rechazarán las cinco recusaciones de sus miembros presentadas por Gobierno (dos) y PP (tres) ante el recurso contra la reforma de la ley que regula el Alto Tribunal. De esta manera, se aplaza a diciembre la pugna entre conservadores y progresistas, mes en el que han de ser nombrados por el Senado cuatro nuevos miembros del Alto Tribunal, según fuentes cercanas a éste.

El nombramiento por el Senado ha de producirse por tres quintas partes y requiere un pacto entre el PSOE y el PP. Será entonces cuando el TC se “juegue el ser o no ser” porque, de no llegar a un acuerdo, se produciría una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.

Los diez magistrados que constituyen el actual pleno del Tribunal Constitucional, por las abstenciones de la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, rechazarán el próximo jueves las recusaciones de cinco de sus miembros, según opiniones cercanas al Alto Tribunal. Por tanto, será esta composición la que decida sobre el recurso presentado contra la reforma de la Ley Orgánica del propio Tribunal (LOTC) que entró en vigor el pasado mayo. La mayoría se decanta por el lado conservador porque la presidencia accidental y el voto de calidad recae por veteranía en Vicente Conde.

Si este pleno tumba la reforma, María Emilia Casas no permanecería en el puesto de presidenta más allá de diciembre y, por tanto, no está garantizada la mayoría progresista a la hora de dirimir otros recursos contra leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, las sucesivas dilaciones del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOTC prácticamente garantizan que los recursos contra la ley de matrimonios homosexuales o la reforma del Estatuto de Cataluña se vean después de las elecciones del 9 de marzo, y lo hará un Constitucional que contará con cuatro nuevos miembros nombrados en diciembre por el Senado.

El Constitucional, espejo del Parlamento

El pulso que mantienen los magistrados refleja la pugna del Gobierno y del Partido Popular por mantener su influencia sobre el Constitucional en la actual situación preelectoral. La nueva LOTC prolonga el mandato del presidente hasta nueve años, justo cuando se produce su salida del organismo por renovación obligada del cargo después de tres años en el puesto.

Si la ampliación no se produce, la actual presidenta, Maria Emilia Casas, concluye su permanencia el próximo diciembre cuando se renuevan los cuatro miembros elegidos por el Senado. Será este momento cuando el acuerdo político será inevitable para poner punto final a la crisis del TC. El PP reclamará dos magistrados y el Gobierno le reconocerá uno. De esta manera, los recursos sobre el Estatuto de Cataluña y otras leyes controvertidas se fallarán, con mucha probabilidad, pasadas las elecciones generales.

Mientras tanto, el Senado vive su particular batalla para renovar a los miembros del Constitucional. Concretamente, a cuenta de la reforma del reglamento para desarrollar los nombramientos de cuatro magistrados de entre el cupo de candidatos propuesto por las Comunidades Autónomas. En la mañana de ayer, el pleno de la Cámara Alta concluyó seguir adelante con esta reforma pese al recurso en contra presentado por el Partido Popular. Así las cosas, el ambiente para el necesario acuerdo no pinta muy bien.