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Chaves prohibirá la construcción de campos de golf en Andalucía que escondan ‘pelotazos’ urbanísticos
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Chaves prohibirá la construcción de campos de golf en Andalucía que escondan ‘pelotazos’ urbanísticos

La construcción de campos de golf para ocultar, en realidad, un auténtico pelotazo urbanístico toca a su fin en Andalucía. Al menos, eso es lo que

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Chaves prohibirá la construcción de campos de golf en Andalucía que escondan ‘pelotazos’ urbanísticos

La construcción de campos de golf para ocultar, en realidad, un auténtico pelotazo urbanístico toca a su fin en Andalucía. Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno de Manuel Chaves, que ultima un decreto que desvincula la construcción de campos de golf de los permisos legales necesarios para levantar un bloque de viviendas. Dicho en otros términos, si alguien pretende construir un campo de golf deberá pedir a las autoridades municipales un permiso específico e individual, que será distinto del que deberá solicitar en caso de que pretenda levantar un núcleo urbano, con toda la complejidad que ello conlleva.

La medida, si se cumple, tendrá un evidente impacto en la actividad inmobiliaria y constructora de la región, toda vez que en los últimos años la construcción de campos de golf ha sido la excusa perfecta para edificar bloques residenciales en zonas adyacentes a la instalación deportiva. Han sido una especie de legitimación de los procesos urbanizadores.

El decreto que da carta de naturaleza a esta medida verá la luz en las próximas semanas, después de que la Junta haya alcanzado un acuerdo con Los Verdes de Andalucía, y más en concreto con Francisco Garrido, el líder ecologista, que además es diputado socialista en el Congreso de los Diputados. No tendrá efectos retroactivos, e incluso se permitirá un periodo transitorio para los proyectos que están en marcha, pero en cualquier caso ha levantado ampollas en el sector inmobiliario andaluz, donde se critica con dureza la decisión del Gobierno autonómico.

La nueva norma significa que los campos de golf dejarán de considerarse zona verde vinculada a un entorno urbano, ya que, como se ha dicho, su construcción se situará absolutamente al margen del proceso urbanizador general, lo que significa que si alguien quiere levantar pisos en los terrenos adyacentes deberá procurar la creación de nuevos espacios ajardinados, sin que sirva la superficie deportiva. Lo que significa un evidente sobreprecio respecto de la situación actual.

Los campos de golf, además, deberán utilizar necesariamente agua reciclada y tendrán que estar situados, preferentemente, en suelos degradados, distintos de los agrícolas; procurando que no existan fenómenos de concentración. De hecho, la administración autonómica se reserva la última autorización legal y el control de su funcionamiento.

Según Francisco Garrido, el decreto “no es el mejor de los posibles”, pero representa un “avance” en el proceso de racionalización de la industria inmobiliaria, ya que “el campo de golf deja de computarse como zona verde a efectos urbanísticos”. “Los urbanizadores van a tener más difícil invadir el suelo”, asegura el diputado socialista.

Quejas amargas de los promotores

Frente a esta posición, Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, asegura que el decreto que ultima la Junta es un auténtico “disparate” y carece “de cualquier sentido común”. En su opinión, es “absurdo” pensar que un campo de golf va a ser rentable si alrededor no cuenta con un núcleo residencial. “Eso sólo ocurre en instalaciones ya amortizadas que se sitúan muy cerca de los grandes núcleos urbanos, como La Moraleja o Puerta de Hierro; pero pensar que un campo de golf en Andalucía va a ser rentable sin casas alrededor no tiene sentido”, afirma Arranz, para quien aún hoy, pese a las ventajes legales, pierden dinero durante los primeros cinco o seis años de vida.

La construcción de campos de golf para ocultar, en realidad, un auténtico pelotazo urbanístico toca a su fin en Andalucía. Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno de Manuel Chaves, que ultima un decreto que desvincula la construcción de campos de golf de los permisos legales necesarios para levantar un bloque de viviendas. Dicho en otros términos, si alguien pretende construir un campo de golf deberá pedir a las autoridades municipales un permiso específico e individual, que será distinto del que deberá solicitar en caso de que pretenda levantar un núcleo urbano, con toda la complejidad que ello conlleva.