Un jurista sin ninguna adscripción profesional, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia

Un jurista sin adscripción a ninguna asociación profesional y de independencia garantizada, es decir, sin ataduras morales ni personales con el establishment inmobiliario, José María Alcázar,

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    Un jurista sin adscripción a ninguna asociación profesional y de independencia garantizada, es decir, sin ataduras morales ni personales con el establishment inmobiliario, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia, nombramiento que se hará efectivo el próximo martes, en la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, según fuentes jurídicas.

    Al margen de los casos acumulados y en tramitación que lleva el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, probablemente la primera tarea específica del nuevo fiscal anticorrupción será la de investigar un asunto que el PSOE le pondrá sobre la mesa y que será el caso político por excelencia, conectado con la administración y la trama marbellí de la ‘Operación Malaya’: la recalificación y el proyecto de urbanización de la finca Lo Poyo.

    Con esa finca, la última zona virgen en la ribera sur del Mar Menor y lindante con un espacio protegido del mismo nombre, en el que se pretende construir un complejo turístico-hotelero con al menos 7.000 viviendas, aparecen históricamente relacionados directa e indirectamente una pléyade de personajes políticos y negociantes digna de la mejor crónica de sociedad.

    Así, figuran en primer plano un diputado nacional, Andrés José Ayala, ex abogado urbanista e íntimo de Federico Trilllo-Figueroa Martínez-Conde, ex ministro de Defensa; Tomás Olivo, promotor/constructor cartagenero emigrado a Marbella, donde es, ha sido y seguramente seguirá siendo socio de Juan Antonio Roca, el otro cartagenero factótum de las irregularidades desencadenantes de la ‘Operación Malaya’; un empresario vasco, Javier Arteche, apoderado representante de un conglomerado de empresas que ha reactivado la recalificación de los terrenos de Lo Poyo, tras comprarlos a principios de 2004 por 213 millones de euros, según el valor de compra declarado.

    Otra de las entidades íntimamente relacionadas con el asunto es la promotora inmobiliaria alicantina Hansa Urbana, mayoritariamente propiedad de la familia encabezada por Juan Rafael Galea, con participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Grupo Bancaja), cuyo director territorial para Murcia, Francisco Javier Guillamón, aparece en lugar destacado en todos los actos públicos de la inmobiliaria.

    El caso es que, históricamente, la finca Lo Poyo fue recalificada inicialmente por la Consejería de Política Territorial de Murcia, siendo su secretario general el cartagenero Andrés José Ayala, antiguo abogado de la familia propietaria, los Armengol, que, naturalmente, se abstuvo en el expediente finalizado en junio de 2006, apenas un año después de que Ayala ocupara su despacho oficial. Un despacho en el que, curiosamente, encima de la mesa, tenía en lugar bien visible una foto del también cartagenero Federico Trillo, aunque el secretario general de la Consejería “presumía” entonces de no estar afiliado al Partido Popular y de ser un “técnico”.

    Antes de dar el salto definitivo a la política, desde la Secretaría General citada, afiliándose al PP y siendo elegido diputado nacional en el 2000, Ayala fue un prestigioso abogado urbanista cartagenero que compartía negocios con el arquitecto Rafael Amat Tudurí —que luego fue director general en Defensa con Federico Trillo y se arregló un ‘pisito’ en el Ministerio con dinero público— y trabajó hasta mediados de los noventa para el promotor Tomás Olivo, que tiene grandes operaciones inmobiliarias en Cartagena desde antes de trasladarse a Marbella para operar con otro paisano cartagenero: Juan Antonio Roca.

    Las protestas de los ecologistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y sus acciones judiciales llevaron a la sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia a anular en el verano del año 2000, el procedimiento de re

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