El juez rechaza un recurso de Ron para evitar ser juzgado por Popular: "Era el responsable"

El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha rechazado el recurso de Ángel Ron, ex presidente de Banco Popular, contra el auto del 4 de marzo que pedía que sea juzgado por presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

El magistrado ha tumbado el recurso reforma, y ahora cabe un recurso de apelación en los próximos cinco días que, según fuentes jurídicas, la defensa de Ron tiene previsto presentar. Los abogados de Ángel Ron habían interpuesto un recurso para evitar que se siente en el banquillo de los acusados, argumentando que hay "ausencia de todo indicio delictivo", y que la entidad siempre cumplió las ratios de capital y liquidez, sin incumplimiento regulatorio.

Sin embargo, el juez Calama insiste en analizar la actuación de Banco Popular en relación con "las importantes alteraciones de su contabilidad que, a nuestro juicio, tienen naturaleza delictiva y que conllevaron la presunta estafa de los inversores que acudieron a la ampliación de capital de Banco Popular del año 2016".

El fallo que rechaza del recurso insiste en que Ángel Ron no solo tenía una función representativa, sino que "era el máximo responsable de la administración de Banco Popular: nada menos que presidente de su consejo de administración. Era presidente ejecutivo y presidía también la comisión delegada del consejo. Impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable, y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación".

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Ron también señaló al papel de Sebastián Albella, entonces en Linklaters, antes de ser presidente de la CNMV. El recurso apunta que "en el auto recurrido se alude a una supuesta opacidad y falta de información y estudio suficiente para la ampliación de capital de 2016, cuando al mismo tiempo no hace mención ni valoración alguna sobre la intervención del despacho Linklaters y, particularmente, de Sebastián Albella, que asistieron al consejo que aprobó la ampliación". También dice que se prescinde de los informes de KPMG y EY sobre la valoración de la cartera crediticia e inmuebles que el consejo del Popular, encargó a las dos consultoras.

Sobre la intervención de Albella, el juez señala que, "sin dudar de su prestigio profesional, podemos calificarla como discreta y muy discutible". El juez Calama cuestiona la norma business judgement rule (margen de discrecionalidad), y que indicara que plantearse la posible responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración por adoptar un acuerdo que pretende reforzar la solvencia de un Banco parece algo contradictorio. "Es evidentemente cuestionable si los consejeros adoptan el acuerdo sobre unas cuentas expresamente alteradas para ofrecer una imagen distinta a la real", dice el juez Calama.

La Audiencia Nacional también tumba los argumentos de que los supervisores estaban al tanto de la ampliación del Popular, y recuerda que Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España, no era el responsable de la supervisión, ya que Ron se había referido a ello en el recurso para que se tuvieran en cuenta sus declaraciones en el proceso: "Este Juzgado no ha investigado a los supervisores -BdE, CNMV, BCE, etc-, sino la actuación del Banco Popular, en relación con las importantes alteraciones de su contabilidad que, a nuestro juicio, tienen naturaleza delictiva y que conllevaron la presunta estafa de los inversores que acudieron a la ampliación de capital de Banco Popular del año 2016".