La Hacienda vasca paga 252 millones a Coca-Cola tras perder un litigio contra el Estado central

Coca-Cola Europacific-Partners (CCEP) ha recibido 252 millones de euros de las arcas públicas de Vizcaya. La multinacional presidida por Sol Daurella, una de las mujeres más ricas de España y consejera de Banco Santander, detalla que dicha devolución millonaria ha sido pagada en efectivo en diciembre de 2022 por las autoridades fiscales regionales de Vizcaya (País Vasco).

Este ingreso extra para la embotelladora se debe a una disputa aún en curso por los importes históricos de IVA concernientes al periodo 2013-2016, etapa previa a la fusión de ocho firmas y su salida a bolsa, según detalla Coca-Cola en documentación remitida a la CNMV. El pago incluye tanto el principal de la reclamación como los intereses de demora. A finales de 2022, la Junta Arbitral del País Vasco —tribunal adscrito al Gobierno vasco— dictaminó que era la Hacienda Foral de Vizcaya quien debía pagar a Coca-Cola, eludiendo la responsabilidad en este caso de Hacienda y la Administración central, bajo responsabilidad en la actualidad de María Jesús Montero (PSOE).

La propia Diputación vizcaína, condenada en este caso, ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, pese a mantener vivo el litigio, se ha visto obligada a devengar el pago, tal y como ha confirmado Coca-Cola en su presentación de resultados de 2022, donde se ha apuntado este ingreso extraordinario.

La embotelladora de una de las bebidas más consumidas del mundo ha ganado 1.521 millones en el pasado ejercicio (+54,2%), cuando sus ingresos se elevaron un 25%, hasta los 17.320 millones de euros.

Coca-Cola califica ahora este litigio como histórico, por su antigüedad. La cuestión se remonta a 2013, cuando la firma adquirió una nueva estructura en la que realizaba operaciones intracomunitarias exentas de IVA. La filial ubicada en País Vasco, donde la empresa tiene la planta de Norbega en Galdácano (Vizcaya), era quien gestionaba sus operaciones con otras sociedades del resto de España.

Estas filiales ubicadas en territorio nacional trataban de deducirse el IVA ante la Hacienda central, que, sin embargo, se remitía a la Hacienda foral de Vizcaya como responsable de la exacción del IVA devengado por las operaciones interiores efectuadas por Coca-Cola European Partners.

La Junta Arbitral del País Vasco ha considerado que el criterio estaba bien aplicado por parte del fisco nacional y de ahí que ahora se devengue el pago por parte de las autoridades tributarias de la Diputación foral vizcaína, organismo liderado por el diputado general, Unai Rementeria (PNV). La tardanza del fallo se ha debido a la paralización que durante un tiempo ha sufrido el órgano arbitral por tener una plaza vacante, lo que ha podido incrementar el pago por los intereses de demora.

Esta problemática ya se ha dado con otras empresas como la marca de coches MG Rover, que obligó en 2009 a la Diputación general de Álava a pagar 435 millones de euros. También esta Administración recurrió ante el Supremo, que desestimó su pretensión y dio la razón al Estado central. Ya en aquel 2011, la Diputación foral de Vizcaya calificó de "malísima" noticia el fallo del alto tribunal y advirtió del "gravísimo perjuicio económico" para las arcas forales.