El negocio es el pleito, no el uranio de Retortillo: la huida hacia adelante de Berkeley
La oposición del Consejo de Seguridad Nuclear, más allá del revés bursátil, refuerza su estrategia legal para sostener un arbitraje internacional
Nadie entiende por qué en el remoto 2008, siendo entonces Miguel Sebastián ministro de Industria, el Gobierno se comprometió con la minera australiana Berkeley para llevar a cabo prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. Para satisfacción del salmantino Jesús Caldera, un peso pesado del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, aquella alianza, pese a contar con la oposición de la propia empresa estatal Enusa, se hizo oficial en abril de 2009.
Desde entonces, el proyecto ha visto cómo las expectativas de negocio que en origen atrajeron al gigante francés Areva se desvanecieron. Los técnicos de Enusa siempre defendieron que aquella operación carecía de sentido. La mina de Retortillo no podía ser rentable. Por eso, la sospecha era que Berkeley, una minera júnior, sin otros activos que los firmados en España, solo aspiraba a revender la compañía una vez consiguiera los trámites administrativos pertinentes.
El accidente de Fukushima en 2011 hundió el precio del uranio y truncó las expectativas de Berkeley. Pese a ello, nunca faltaron durante esos primeros años supuestos candidatos para coinvertir en la mina ubicada en el municipio salmantino de Saelices el Chico, ya fueran rusos o coreanos. Nadie picó. Lo que podría haber sido un lucrativo negocio a corto plazo pasó a ser una apuesta a largo, con el consiguiente cambio de hoja de ruta y expectativas.
Como cotizada, la hemeroteca de Berkeley Energía está repleta de hechos relevantes muy poco relevantes
La llegada del financiero Paul Atherley como primer ejecutivo en 2015 puso las bases de esa nueva etapa, dirigida a dar forma de empresa a una minera sin actividad hasta hacer posible su cotización en bolsa, hecho que tuvo lugar en verano de 2018, tras un proceso de 'listing' a tres bandas entre Londres, Melbourne y Madrid. Desde aquel momento, la minera se ha ajustado a la condición de chicharro bursátil, celebrando subidas y desplomes vertiginosos de manera alterna.
Desde el verano de 2019, la compañía tiene un director general interino tras la marcha del británico. A partir de ese momento y con la llegada del PSOE de nuevo a la Moncloa, su estrategia, tras cambiar a Uría por Herbert Smith Freehills como despacho de cabecera, ha estado más enfocada en la litigación. El uranio ya no era el principal activo. La alternativa del pleito se abría camino, aunque en paralelo siguiera manteniéndose la apariencia de lograr el permiso definitivo.
Como cotizada, la hemeroteca de Berkeley Energía está repleta de hechos relevantes muy poco relevantes. Sin embargo, cada comunicado, además de los puramente corporativos, servía para dar vida a la acción en bolsa, al tiempo que seguían tocando a todos los 'stakeholders' en liza para lograr su salvoconducto. El titular “Berkeley se dispara…” ha sido un denominador común durante meses, aunque los recursos reales estuvieran enfocados en pleitear contra el Reino de España.
Y así ocurrió el pasado mes de abril, probablemente como medida última de presión de cara al fallo en ciernes que debía tomar el Consejo de Seguridad Nuclear. La australiana ha iniciado un proceso de arbitraje contra Enusa en la Corte Internacional de París por el que reclama nada menos que 150 millones de euros, replicando la estrategia de muchos fondos de inversión tras el recorte a las renovables de 2010. Ahora que el veto administrativo es firme, su único activo es el pleito. Y eso también se puede vender.
Nadie entiende por qué en el remoto 2008, siendo entonces Miguel Sebastián ministro de Industria, el Gobierno se comprometió con la minera australiana Berkeley para llevar a cabo prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. Para satisfacción del salmantino Jesús Caldera, un peso pesado del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, aquella alianza, pese a contar con la oposición de la propia empresa estatal Enusa, se hizo oficial en abril de 2009.