Amazon gana en los tribunales a la Comisión Europea un pulso de 250 millones
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Amazon gana en los tribunales a la Comisión Europea un pulso de 250 millones

La Justicia europea considera inexistente la ventaja selectiva que interpretó Bruselas en su decisión contra del 'tax ruling' diseñado por Luxemburgo para Amazon

placeholder Foto: Sede de Amazon.
Sede de Amazon.

Es el segundo varapalo que sufre la dirección general de Competencia en los últimos meses. Después de que en julio el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) anulara la decisión por la que la Comisión Europea obligaba a Apple a devolver 300 millones de euros a las arcas públicas irlandesas, la corte de Luxemburgo ha anulado ahora otra de los grandes hitos del departamento dirigido por la danesa Margrethe Vestager: la decisión por la que el Ejecutivo comunitario obligaba a Amazon a devolver 250 millones de euros que se había ahorrado gracias a ayudas fiscales por parte de Luxemburgo.

En octubre de 2017 la Comisión Europea decidió que el Gran Ducado, al permitir a Amazon desviar sus beneficios a una empresa sin empleados ni actividad, había dado una ayuda ilegal. “Luxemburgo otorgó beneficios fiscales ilegales a Amazon. Como resultado, casi las tres cuartas partes de las ganancias de Amazon no fueron gravadas”, explicó en ese momento Vestager.

Foto: La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. (EFE)

La sentencia del TUE, que puede ser recurrida ante la más alta corte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), considera que la Comisión Europea no probó de forma suficiente que la ayuda que Amazon recibió por parte de Luxemburgo era una ayuda selectiva, que es la forma que el equipo de Vestager tenía para considerar ilegales este tipo de acuerdos fiscales: demostrando que solamente se le ofrecían de forma selectiva a algunas grandes empresas. Actualmente, la Comisión Europea investiga otros acuerdos fiscales, como los de Nike o Ikea con Países Bajos. Sin embargo, el TUE sí que ha confirmado una decisión parecida, por la que Bruselas obligaba a la francesa Engie a devolver 120 millones de euros a las arcas luxemburguesas, al considerar que se trataba de una ayuda selectiva.

Por otro lado, un portavoz de Amazon ha celebrado la sentencia del TUE: "Agradecemos la decisión de la Corte, que está en línea con nuestra posición de larga data de que cumplimos con todas las leyes aplicables y que Amazon no recibió un trato especial. Nos complace que el Tribunal haya dejado esto en claro y podemos seguir centrándonos en cumplir con nuestros clientes en toda Europa".

En general el TUE sí considera válida la vía que toma el equipo de Vestager para investigar estos acuerdos fiscales, como demuestra que hayan confirmado la decisión de Engie o que hicieran lo propio con el caso de Fiat. Sin embargo, los varapalos en los casos de Apple y ahora de Amazon, pero también en el caso de Starbucks, se centran en que los técnicos comunitarios no demuestran con los suficientes datos que esas ayudas sean selectivas.

En la Comisión Europea consideran que estos varapalos demuestran que hay que dotar al Ejecutivo comunitario de instrumentos con más alcance para poder investigar este tipo de ayudas fiscales, que distorsionan la competencia y el mercado interior, para evitar que estas decisiones puedan ser fácilmente revertidas por los tribunales unos años más tarde. En el punto de mira de Bruselas siempre están tres países, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, a los que en alguna ocasión se suma Bélgica.

El Ejecutivo comunitario lleva años presionando a estos países, especialmente a Dublín y Luxemburgo, para que cambien su actitud y su estrategia. Se han hecho progresos, pero no suficientes. En julio, ante el varapalo de Amazon, Bruselas empezó a mover una posible idea con la que hacer frente a este problema, que consistiría en utilizar el artículo 116 de los tratados para poner en marcha una nueva norma. Esta cláusula, no utilizada hasta ahora, señala que se podría poner en marcha una nueva normativa a nivel europeo “en caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados”.

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