Sareb ultima la venta al Gobierno de naves y edificios en Canarias para acoger migrantes

La crisis humanitaria que se vive desde hace meses en Canarias, con una llegada masiva de inmigrantes a las islas, ha desbordado toda la capacidad de acogida del Gobierno insular, que desde verano está reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez ayuda en forma instalaciones en las que poder acoger dignamente a las más de 11.000 personas que han llegado a sus costas en el último año, cifra tres veces superior a la de 2019.

Este llamamiento está a punto de cristalizar en un acuerdo entre el Ejecutivo y Sareb, según han confirmado fuentes implicadas en las negociaciones, por el cual, el Estado se hará con varias naves y edificios residenciales que la entidad presidida por Jaime Echegoyen posee en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

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Aunque todavía faltan por definir los últimos flecos, la idea es que el Gobierno central adquiera estos activos, frente a la opción de tomarlos como cesión, y ya hay una lista de inmuebles preseleccionados tras varias visitas realizadas por técnicos de los ministerios de Fomento y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para seleccionar los que pueden habilitarse tanto para labores de atención inmediata como para un acogimiento a más largo plazo.

Desde verano, varios equipos han visitado las islas con el objetivo de identificar instalaciones que pudieran servir para estos fines, trabajos que el propio José Luis Escrivá detalló hace un mes durante una comparecencia en el Congreso. Entonces, el titular de Seguridad Social dijo que España contaba con 3.450 plazas de acogida humanitaria, de las cuales tres cuartas partes están en Canarias, cuya capacidad se había disparado convirtiendo en albergues de acogida establecimientos hoteleros cerrados.

Pero la avalancha de cayucos y pateras que está llegando a las costas de esta comunidad autónoma ha hecho saltar por los aires toda esta capacidad de acogimiento, que se ha incrementado hasta casi 6.000 plazas gracias a que se han seguido habilitando complejos turísticos, una solución temporal que apenas es una tirita para intentar combatir una hemorragia, como lleva meses advirtiendo que ocurriría el Ejecutivo insular, que también ha pedido en reiteradas ocasiones que se habiliten activos de Sareb y del Ministerio de Defensa.

La cartera dirigida por Margarita Robles ha terminado accediendo, después de que el Senado aprobara, hace un mes, una proposición instando al Gobierno a que esta cartera habilitara inmuebles, y ha cedido cuatro espacios que posee en las islas: el cuartel de Las Canteras en La Laguna (Tenerife), unas instalaciones en Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canarias; El Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), que ya fue un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en la crisis de los cayucos de 2006 y, temporalmente, el cuartel de Las Raíces, en Tenerife.

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A esto se une la visita que realizó Escrivá al Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) a principios de octubre, un bofetón de realidad que parece haber acelerado la toma de decisiones tras meses de visitas de técnicos de Fomento y Seguridad Social a las islas para analizar los posibles inmuebles.

El perímetro que afecta a Sareb es casi una veintena de activos, que incluye una nave en la localidad de Gáldar (Gran Canaria), que específicamente se pidió visitar desde el Gobierno central, 380 viviendas desocupadas, con capacidad para acoger a 1.800 personas, y varias naves más que podrían habilitarse ya porque, según las fuentes consultadas, no tienen problemas de cambio de uso.

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A la presión migratoria que está sufriendo el archipiélago se une la postura de Interior de limitar a casos excepcionales los traslados a la península, para evitar un efecto llamada que elevaría todavía más la presión, lo que hace aún más acuciante dotar a las islas de las infraestructuras necesarias para acoger a esta avalancha.

Sareb también ha firmado con el Gobierno canario, a través de la empresa pública de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) la venta de una docena de pisos sociales ubicados en Puerto del Rosario (Fuerteventura), y en La Laguna (Tenerife), activos que se unen al convenio firmado hace ya cinco años con el Ejecutivo insular, por el cual, el banco malo aprobó una cesión temporal de viviendas para fines sociales.