La filial de residencias de ACS demanda a la Administración por los gastos del covid-19

Clece lleva la Administración a los tribunales. La filial que gestiona residencias de ancianos del Grupo ACS ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra varias de las administraciones públicas propietarias de centros de mayores que gestiona en régimen de concesión, fundamentalmente entidades municipales, que se han negado a pagarle más por los costes generados por la pandemia.

La concesionaria de la multinacional presidida por Florentino Pérez solicitó más dinero a los responsables públicos de la mayoría de centros de mayores que gestiona después de estallar la crisis sanitaria, señalan fuentes al tanto de la situación.

La empresa entendía entonces que los costes provocados por el coronavirus en las residencias, donde muchos ancianos han perdido la vida tras infectarse de covid-19, debían ser resarcidos por los ayuntamientos a mayores de los contratos establecidos previamente entre ambas partes.

Sin embargo, no todos los consistorios están dispuestos a pagar más de lo que está firmado. Tras analizar su situación, algunos responsables públicos han llegado a la conclusión de que no se ha roto el equilibrio económico de la concesión —como argumenta Clece—, por lo que entienden que la filial del grupo cotizado en el Ibex 35 no ha justificado suficientemente la rotura de la economía de la concesión y consideran que tiene recursos suficientes para hacer frente al aumento de costes generado por el virus en las residencias de ancianos. Máxime cuando hay algunos costes de los que ya se ha hecho cargo la propia Administración pública, como fueron las desinfecciones de residencias que llevó a cabo la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros.

Ante este panorama, la concesionaria, que ha declinado hacer comentarios para este artículo, ha decidido elevar sus reclamaciones ante la Justicia. Ya en las primeras semanas de pandemia, cuando el virus golpeaba con más fuerza, Clece aseguraba que había tenido que hacer frente a 7,2 millones de euros por costes "sobrevenidos e imprevisibles".

En ese momento, la filial de gestión de residencias de ancianos de ACS advertía de que la situación se había convertido si cabe en más onerosa por la imposibilidad de aceptar nuevas altas para evitar contagios a los residentes y la consiguiente pérdida de usuarios por los fallecimientos, lo que implica pérdida de ingresos.

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Por todo ello, pidió el resarcimiento económico argumentando incluso problemas de tesorería, pese a que el grupo en su conjunto transmitió ante los inversores esta primavera que ACS contaba ya en mayo con 12.000 millones de euros de liquidez para enfrentarse a la crisis. La multinacional ha ganado 477 millones entre enero y septiembre de 2020, un 38% menos que el año anterior.

Expertos en el sector ya vaticinaban esta primavera que las concesiones públicas otorgadas por la Administración pública serían fuente de conflictos tras el estallido de la pandemia.

Fuentes al tanto de la problemática señalan que las concesiones de las residencias públicas sirven para que sea el concesionario quien asuma el riesgo, tanto en los años de fuertes beneficios como ante los imprevistos, como en 2020. Este sector ha atraído un fuerte interés de los inversores internacionales en los últimos años. En este sentido, las fuentes consultadas creen que no puede ser que después de años de fuertes ganancias ahora tenga que ser la propia Administración quien asuma los costes del covid-19.

Tras analizar su situación, algunos responsables públicos han llegado a la conclusión de que no se ha roto el equilibrio económico de la concesión

La situación de las empresas del sector es diversa: mientras algunos están solicitando compensaciones económicas, al punto de llegar a los tribunales como Clece, otros prefirieron durante la primavera asumir los costes del covid-19 con su propio balance, aseguraba entonces un gran grupo internacional que pedía el anonimato.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicio para la Dependencia (Aeste), patronal que engloba los grandes grupos concesionarios como Domusvi, Orpea, Ballesol, Sanitas, Eulen o Valdeluz, solicitó a principios de abril a través de la CEOE diversas medidas para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus.

Hasta la fecha, más de 22.000 ancianos han fallecido en residencias con diagnóstico de covid-19 o síntomas similares, según los datos aportados por las comunidades autónomas. En la segunda ola, los centros de mayores han vuelto a estar en el foco por volver a sufrir brotes de SARS-CoV-2. Tras la fuerte incidencia en centros de mayores tanto públicos como privados, los modelos de gestión de residencias de ancianos que conviven en España se han puesto en cuestión por parte de algunos partidos políticos, que quieren replantearlos.