Sánchez tiene 3 meses para pactar con Botín y Gortázar el pago de 1.350 M del Castor

El caso Castor le explota a Pedro Sánchez en la cara. El Tribunal Supremo ha sentenciado que Banco Santander, CaixaBank y Bankia tienen derecho a que el Estado les pague los más de 1.350 millones de euros (más intereses) que pusieron para indemnizar a la concesionaria del proyecto gasista fallido, cuya construcción corrió a cargo de una UTE liderada por ACS (Florentino Pérez).

La ley señala que cuando una sentencia firme conlleva una indemnización, el culpable, en este caso el Estado, tiene tres meses para pagar. Es decir, que los bancos, gracias a la defensa del abogado y socio del bufete Linklaters José Giménez, pueden pedirle al Gobierno que les pague la millonaria indemnización de forma inminente. A Santander le corresponden unos 670 millones, mientras que a CaixaBank le corresponden casi 460 millones y a Bankia, algo más de 200 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Santander, Caixa y Bankia ganan al Estado el pleito de 1.350M por Castor

EFE

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial señalan que el Ejecutivo tiene fundamentalmente dos vías ya que de no hacer nada, los banco pueden instar al Supremo a la ejecución forzosa de la indemnización. Por un lado, incluir este pago en los Presupuestos Generales del Estado y así indemnizar a las entidades financieras. Otra opción sería negociar con las firmas lideradas por Ana Botín (Santander), Gonzalo Gortázar (CaixaBank) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) para pagar de forma fraccionada a largo plazo.

El Gobierno podría hacer ese pago mes a mes si elabora una norma con rango de ley en menos de 90 días que permita incluir esta indemnización en el sistema gasista. Dicho de otro modo, que se puedan cargar a la factura del gas los 1.350 millones de euros más los intereses, tal y como se venía pagando hasta que el Tribunal Constitucional tumbó el real decreto que articulaba estos desembolsos.

Ambas opciones suponen un difícil trago. Si opta por pagar vía Presupuestos, tendrá que destinar una partida para Santander, CaixaBank y Bankia cuando enfrenta una de las crisis más duras que se recuerdan. Si opta por un pago fraccionado, siempre que las entidades se avengan a negociar, tiene que sacar una ley en menos de 90 días para pagar el Castor con un Parlamento cada vez más polarizado y dividido. Si la cuestión es difícil para el PSOE, mucho más para su socio de Gobierno, Unidas Podemos, muy crítico con la gestión de esta infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR

Enagás refuerza su reclamación por Castor con la victoria de los bancos en el Supremo

Juan Cruz Peña

Tras conocerse la sentencia este mismo jueves, una plataforma ciudadana crítica con el caso ha anunciado que promoverá una proposición de ley en el Congreso para tratar de que Escal-UGS —UTE formada por ACS (66%) y la canadiense Dundee Energy (33%)— acabe pagando dicha indemnización.

Otras fuentes del sector señalan que el Gobierno de Sánchez tiene que afrontar una patata caliente que dejó el PP, quien se desentendió del tema al dejar todo en manos de los tribunales para no enfrentarse a este caso, muy sensible desde el punto de vista político.

Al Gobierno de Sánchez solo le quedaría una maniobra para intentar demorar esta cuestión: elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que sería una nueva patada hacia adelante. Los expertos consultados creen que no se optará por esta vía, ya que creen que no hay fundamentos jurídicos que sustenten un hipotético recurso. No obstante, si se mira solo desde el punto de vista de la estrategia política, le daría tiempo.

Proyecto fallido por los terremotos

El Gobierno de Rajoy decidió hibernar el almacén de gas ubicado en la costa de Vinaroz, entre Castellón y Tarragona, después de que se detectaran varios terremotos, que se achacaron a la inyección de gas. Ello implicó que el constructor del proyecto pudiera invocar una cláusula por la que se le resarciera por obligarle a abandonar la obra. Escal-UGS, la UTE constructora en la que participaba ACS, cobró esa indemnización. Para pagar, el Estado creó un derecho de cobro contra el sistema gasista por 30 años. Dicho derecho de cobro estaba en manos de Enagás, que lo trasladó a los tres bancos implicados, quienes en última instancia fueron los que pagaron la indemnización a Escal-UGS.

Estos bancos cobraban cada mes de la factura gasista hasta que el Tribunal Constitucional falló contra el real decreto que elaboró la Administración de Mariano Rajoy para el pago. Según el Constitucional, la urgencia que obliga a legislar por real decreto no estaba justificada. Ello provocó que ya no se pudiera pagar como se estaba haciendo y que hubiera que idear otra vía. Sin embargo, en ningún momento se cuestionó que se debiera pagar. Pese a lo anterior, el ministro de Energía de entonces, Álvaro Nadal, decidió dejar esta situación en un limbo y que se dirimiera en los tribunales. La CNMC dejó de pagar y obligó a devolver las cantidades ya abonadas.