Bruselas y Campa tienen la llave para una oleada de refinanciaciones en España

La salud financiera de más de medio millón de empresas españolas se juega en Bruselas y en París, las sedes de la Comisión Europea (CE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Se trata de las 550.500 empresas y autónomos que han firmado en los últimos meses líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de más de 104.000 millones. En su mayoría se trata de empresarios que pidieron financiación para sobrevivir en medio del confinamiento y cuyas perspectivas no han mejorado ante los nuevos rebrotes. Salvo que la CE y la EBA cedan, estas empresas tendrán que empezar a devolver los 104.000 millones a partir de la próxima primavera.

Por ello, el Ministerio de Economía y la banca, a través de sus patronales, la AEB y la Ceca, llevan semanas negociando un posible acuerdo. El frente con mejores perspectivas es el de Bruselas, donde el Gobierno, con la vicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza, está persiguiendo un cambio del marco normativo que regulan los avales del ICO, como adelantó este medio.

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Jorge Zuloaga

Hay distintas opciones sobre la mesa: alargar el vencimiento de las líneas ICO de 5 a 7-8 años, con lo que las cuotas mensuales de las empresas se rebajarían considerablemente; o pactar un año más de carencia en la devolución del principal de los préstamos. Los créditos ICO se firmaron con un año de carencia, que comenzará a vencer durante la próxima primavera, con decenas de miles de empresas todavía en crisis por la pandemia.

Para esta última vía no es tan importante Bruselas como la EBA, que preside un español, el exsecretario de Estado y exdirectivo de Santander, José Manuel Campa. La banca es reacia a una modificación generalizada de los periodos de carencia porque la vía para pactarla es una modificación del contrato que los obliga a asumir pérdidas. Por ello, un destacamento español lleva semanas negociando flexibilidad contable por parte de la Autoridad Bancaria, como ha habido en los últimos meses.

¿Misión imposible?

La misión parece muy complicada tras los últimos mensajes lanzados desde la EBA, que a finales de septiembre se negó a alargar la flexibilidad contable con las moratorias, algo muy criticado en el sector financiero.

Desde la Autoridad Bancaria Europea consideran que la flexibilidad contable solo puede adoptarse en un momento excepcional como el de marzo, en el que lo contrario amenazaba con atenazar a los bancos y cerrar el grifo del crédito. Sin embargo, esta situación extendida en el tiempo podría provocar que algunas entidades aprovecharan la situación para ocultar agujeros. Por ello, todo apunta a que la EBA mantendrá el mismo criterio que con las moratorias para que las entidades reconozcan en 2021 las debilidades de su balance.

Junto a estos frentes, hay otro más para la diplomacia española en Bruselas. En caso de conseguir cambios en el marco de los avales públicos del ICO, no se haría para los 104.000 millones sino para determinados sectores y situaciones empresariales. Por ello, hay que negociar también con la dirección de competencia europea de cara a que las nuevas normas, que se podrían aplicar a sectores como el hotelero, no se consideren ayudas de Estado.

De las 550.000 empresas que pidieron líneas ICO, el colectivo más numeroso son las compañías ligadas al turismo, el ocio y la cultura, de las que hay 118.000 con financiación con aval público por valor de 15.680 millones. Pidieron estos préstamos también 59.000 constructoras (11.300 millones), 56.600 compañías de servicios empresariales, profesionales y administrativos (9.600 millones) y 56.000 de bienes de consumo y 'retail' (5.600 millones).