Sabanés: "Hay que concentrar la transición energética en los barrios más vulnerables"

Resulta difícil olvidar la crueldad con que hace tan solo un año el fuego pulverizaba gran parte del pulmón del planeta. Y no fue el único incendio que cobró vida entre sequías y olas de calor, derivando en situaciones devastadoras e incontrolables. Siberia, Indonesia, España… Ahora, la gran nube de humo que envuelve la costa oeste de Estados Unidos nos recuerda el mismo mensaje: contaminar pasa factura, el calentamiento global aprieta con fuerza y las consecuencias son catastróficas.

Con esta premisa, cada vez son más los países que parecen tenerlo claro: quedarse con los brazos cruzados no es una opción. La batalla contra el cambio climático cobra vida y las grandes ciudades tienen un papel esencial en esta lucha. Aunque habitualmente la calidad del aire y la movilidad constituyen el eje central de las agendas políticas en esta materia (con proyectos como Madrid Central), aún queda mucho por hacer: redes de distribución, consumo energético de viviendas y edificios, espacios verdes… Pero ¿qué problemas nos encontramos?

Alrededor de esta idea, varios expertos debatieron y dieron respuesta a algunas cuestiones relacionadas con la financiación de estos proyectos, las barreras políticas o el problema de las brechas sociales. El encuentro ‘El reto de la transición energética en las grandes ciudades’, organizado por El Confidencial en colaboración con la Asociación para la Transición Energética, contó con la participación de Inés Sabanés, diputada de Más País Equo; Antonio Cordón, presidente de la Asociación para la Transición Energética; Miguel Aguado, experto en sostenibilidad y socio director de B-Leaf, y Javier Santacruz, profesor e investigador del Instituto de Estudios Bursátiles.

Para la diputada de Madrid, es importante concentrar la transición energética en los barrios más vulnerables. Según ella, las islas de calor en Madrid (se producen cuando en un centro urbano la temperatura es mayor que en los alrededores) se concentran en lugares como Usera, Villaverde, Vallecas u otros distritos donde la construcción y los materiales son de baja calidad y donde todavía existe el amianto: “Si se concentra la rehabilitación con criterios energéticos en los barrios más vulnerables se está interviniendo en equilibrio social. Además, es una magnífica oportunidad de inversión como país. Tenemos que verlo como un elemento positivo para todos. Es la forma de superar las barreras”, explicó.

Además de la rehabilitación de edificios, otras de las propuestas que se pusieron sobre la mesa tienen que ver con la electrificación de la movilidad, los concursos y el transporte de mercancías. Sabanés explicó que la Administración y las ciudades pueden influir exigiendo que los contratos públicos sean con compañías de fuentes renovables. Por ejemplo, “hay empresas que han hecho un gran esfuerzo inversor en construir autobuses eléctricos para mejorar la movilidad urbana". Además, en relación con el transporte de mercancías, la diputada destacó el ferrocarril como “un proyecto por el que apostaría para mejorar las comunicaciones industriales con Europa del Este”.

Al hilo de lo comentado por Sabanés, el experto en sostenibilidad y socio director de B-Leaf recordó que el País Vasco, principal productor de autobuses eléctricos de España, vende el 28% de los autobuses eléctricos de todo el planeta y que estos pedidos "generan estabilidad en la región y permiten la inversión en I+D de todas las empresas implicadas en el proceso". Aguado considera que los Ayuntamientos de las grandes ciudades juegan un papel imprescindible y apuesta por la colaboración público-privada: “Hay mucho por descubrir y tiene que hacerse a través de amplias alianzas de grandes compañías energéticas españolas con los grandes Ayuntamientos”, puntualizó.

"Tenemos que introducir en la discusión a la sociedad civil. Si dejamos que esto se convierta en banderas políticas, va a ser muy complicado" (Cordón)

El socio director de B-leaf explicó que esto ayudaría también a aunar inteligencia al servicio de todos y a “quitar de en medio” a aquellas empresas que invierten el 40% en publicidad diciendo que “son verdes”, cuando en realidad solo invierten el 5% en este terreno: “Hay compañías que cuentan mucho y hacen poco. En alianzas con los Ayuntamientos ya no solamente valen las vallas publicitarias, sino que tienen que ser capaces de poner los mejores conocimientos como compañía al servicio de las grandes ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid”.

Pero, en ocasiones, ver luz al final del túnel es complicado cuando las diferencias políticas intervienen continuamente en los proyectos. Así, el presidente de la Asociación para la Transición Energética señaló que “cuando hay un problema, lo primero que habría que hacer es despolitizarlo, sacar a los partidos políticos de la discusión, porque si entran, ya no hay nada que hacer”. Para él hay dos posiciones diferenciadas. Por un lado, los que consideran que hay que avanzar deprisa y con medidas drásticas, y por otro los que opinan que no hay que hacer nada: “Tenemos que salir de esta polarización a base de mucho diálogo e introduciendo en la discusión a la sociedad civil. Si dejamos que esto se convierta en banderas políticas va a ser muy complicado”.

“A veces el diálogo no es posible cuando las partes no han buscado un marco común y no hay un acuerdo previo para la transición energética. Lo que hay que hacer va mucho más allá de los tiempos electorales”, contestó Sabanés.

Respecto a estos problemas derivados “de los colores políticos” y en relación con la fiscalidad, en los últimos años “todo se ha orientado hacia las bonificaciones, creación de tasas e impuestos verdes”. Santacruz considera que es importante hacer una reforma “de verdad” a lo ya existente: “El impuesto de actividades económicas no tiene ningún sentido en el siglo XXI, y el IBI habría que pensárselo dos veces”, opinó. “Hemos ido aprobando compartimentos estancos que lo que favorecen en las grandes ciudades es al arbitrismo y el aprovechamiento de la regulación para conseguir beneficios privados y costes sociales”.

Incentivar la reducción de emisiones

Miguel Aguado puso sobre la mesa otra cuestión: la importancia de que haya unidad de criterio a la hora de medir las emisiones. “Lo importante es que no hagamos trampas, que el cálculo de cuánto reducimos las emisiones no sea en la localidad sino en el planeta”. De nada sirve que “una ciudad reduzca un 15% sus emisiones de CO2 si estas eran tremendamente altas. Además, por ejemplo, lo que haga Madrid, no repercute solo a Madrid, sino a toda la corona metropolitana”, expresó.

Los incentivos son importantísimos en este contexto, y de la misma manera que aquellas que contaminan tienen que pagar, “aquellos que ahorran el CO2 que están generando” tendrían que ser compensados, expresó Santacruz. En esta línea, apuntó que los grandes beneficiados de esta idea serían el sector agrícola y forestal: “Ahorran grandes cantidades de CO2, por lo que podrían titulizar esos derechos y venderlos en el mercado”.

En general ¿dónde encontramos más y menos problemas en este reto? Antonio Cordón apuntó al tema de las infraestructuras como un asunto relativamente sencillo. “En España tenemos empresas muy importantes y la capacidad de inversión es alta. Si a esto sumamos los planes europeos, esa parte la veo la más controlable”. Para él, el problema está en las tecnologías y en la dificultad de mantener un equilibrio entre unas y otras de manera que se garanticen los suministros. Señaló la electrificación como el proceso más fundamental y apuntó a las inversiones de las comunidades de vecinos como otro de los grandes problemas que pueden surgir: “Hay comunidades que hicieron el cambio del carbón al gas hace poco y todavía están pagando la caldera de gas, ¿cómo les dices ahora que cambien al sistema eléctrico?”, señaló.

¿Quién paga esto?

Las grandes ciudades son las grandes protagonistas en este reto y los proyectos para el cambio están continuamente en el centro del debate. Pero ¿cómo pagamos esto? La buena noticia es que “en los últimos años se ha avanzado bastante en materia de inversión endógena. Esto quiere decir que, con la capacidad de nuestras economías, con nuestros propios recursos, podemos ser capaces de invertir y poner encima de la mesa el dinero suficiente para estos planes de inversiones, y de esa manera, no ser tan dependientes de la financiación externa”, explicó Santacruz.

Pero, aunque se ha avanzado bastante, queda mucho por hacer. Por ejemplo, las cifras que se barajan en España para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca los objetivos de la Unión Europea y que fue enviado a Bruselas el pasado mes de marzo, estima inversiones de 241.000 millones de euros, de los cuales el 80% serán inversiones privadas y el 20% restante financiación pública, incluyendo financiación europea. “Con estas cifras, una parte importante de esa financiación tendríamos que pedirla de forma externa porque no tenemos el suficiente ahorro ni las suficientes vías de financiación para no tener que endeudarnos”, reveló el profesor.

En cuanto a los fondos europeos, los expertos los ven como una enorme oportunidad. El debate que se produjo el pasado mes de julio en el Consejo Europeo en torno a la propuesta del plan de recuperación de la Unión Europea (presentada por la Comisión dos meses antes) demuestra que esta vez es diferente. "Los fondos no se nos van a conceder solo porque seamos España y lo hayamos pasado muy mal, sino que tendremos que ser merecedores de ese dinero con proyectos sólidos que demuestren resultados y se ejecuten de manera estructurada y por el bien del país, que haya una verdadera inclusión y se apliquen los principios de la transición justa”, ultimó Santacruz.