La pugna entre socios por el control de Covirán deriva en una guerra judicial

El movimiento iniciado en febrero en el seno del consejo rector de Covirán, el mayor grupo de supermercados de Andalucía, para cambiar el consejo rector elegido en 2019, se está enfangando en los tribunales. Tras el retraso motivado por el coronavirus en la celebración de la asamblea extraordinaria que iba a votar a final de abril una candidatura alternativa al consejo que lidera la presidenta, Patrocinio Contreras, ahora la cooperativa ha contraatacado denunciando la existencia de firmas falsas en el listado de 270 rúbricas en que se sustentaba esa reunión extraordinaria de socios. Covirán tiene unos 2.500 socios en España y Portugal y un mínimo del 10% de ellos debe pedir conjuntamente una asamblea de este tipo.

Hasta 80 de esas firmas estarían en cuestión, a tenor del trabajo de comprobación de las mismas que realizó Covirán tras recibir esa petición a inicios de marzo. Esto deja el quórum por debajo del umbral del 10%. Fruto de las llamadas de comprobación socio a socio realizadas desde la cooperativa y del hallazgo de esas 80 firmas en cuestión, tres miembros de esa candidatura alternativa que encabeza el socio Rubén Navarro han sido denunciados en el juzgado de lo Penal número 6 de Granada y la empresa prevé que tendrán que acudir a declarar en septiembre por la acusación de falsedad en documento privado. Pero antes, en julio, son los críticos los que prevén que declare en otro juzgado de Instrucción de Granada (donde tiene su sede social Covirán) la propia presidenta Contreras.

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Esta segunda acción judicial por supuesta revelación de secretos —la demanda se presentó en marzo— tiene que ver con la información que la cooperativa ha difundido entre la base social de Covirán sobre la relación económica que mantiene la empresa con los dos consejeros impulsores del movimiento alternativo, Navarro y Jesús Muñoz —este último, dejó el consejo hace meses—. Esa difusión se produjo después de que estos dos consejeros solicitaron datos sobre las relaciones económicas de todo el consejo con la empresa a raíz de informaciones anónimas que circulaban entre los socios de Covirán por redes sociales desde finales de 2019 sobre supuestos tratos de favor de la cooperativa a las empresas de supermercados de los distintos consejeros.

Covirán señala que, tras esa solicitud de información, solo ha facilitado y difundido "información de la situación económica entre la cooperativa y todos los socios del consejo rector, que entre otras cosas afecta y tiene relación directa con las cuentas de la cooperativa, por lo que es una información legal y estatutariamente admitida y de conocimiento para todos los socios. En todo caso, se presentarán los correspondientes recursos para el archivo de las actuaciones".

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"Previamente a dar esta información, el impulsor de este movimiento y miembro del consejo rector (que es quien más transparencia pide) manifestó por escrito que su propia información no se diera. Sorprende que la candidatura encabezada por este socio solicite transparencia al consejo y a la vez denuncie por hacer este mismo ejercicio de transparencia. Al parecer, quería transparencia para todos los miembros del consejo excepto para él mismo". Se refiere la empresa a Rubén Navarro, que lidera el movimiento interno alternativo 'Nos duele Covirán'.

Este, consultado, niega la mayor. "Solo dieron información sobre mí y sobre Jesús Muñoz, el otro consejero crítico, no sobre el conjunto del consejo rector. La facilitaron a los socios, precisamente en el momento en que estábamos recogiendo las firmas para impulsar esa asamblea extraordinaria, para construir una imagen falsa sobre nosotros y nuestras intenciones al promover esa asamblea. Parte de esa información es falsa y otra parte está sesgada, además de que incluye datos que deben ser secretos. Por eso interpuse la demanda por revelación de secretos y ha sido llamada a declarar la presidenta", reitera.

Firmas en discusión

En cuanto a las 80 firmas que la empresa considera falsas y ha llevado al juzgado, el joven socio granadino, que tiene una decena de supermercados Covirán en varias provincias, matiza lo siguiente. "Hay 40 firmas de socios que se han retractado, es cierto. Son socios que tienen financiación con la cooperativa y a quienes gestores de esta han llamado para presionarles. Si seguían apoyando nuestro movimiento alternativo, quizá sus créditos con la empresa podrían cambiar o incluso perderse. Y eso ahora, tras el covid y con la incertidumbre, pues pesa en cada socio. Y hay otros 40 sobre los que es la propia cooperativa la que no ha logrado cotejar sus firmas y las da por no válidas. Sigue habiendo 230 socios [270 iniciales menos los 40 que se han retractado, según el grupo de críticos] dispuestos a seguir adelante y son 230 firmas válidas".

Covirán niega tajantemente cualquier presión a los socios firmantes en esas llamadas de comprobación y cotejo de sus rúbricas. "Es rotundamente falso que se esté realizando tal práctica o se esté presionando de cualquier otro modo a los socios para que retiren su firma en esa petición de convocatoria de asamblea general extraordinaria. Los socios que han manifestado por escrito no haber firmado dichas peticiones y que la firma contenida en las mismas es falsa lo han hecho voluntariamente cuando han tenido conocimiento de esa circunstancia, y así se ha comunicado al juzgado en la denuncia presentada".

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Desde Covirán, se relaciona esta presunta presencia de firmas falsas con la inclusión en el listado de muchos socios de nacionalidad china con supermercados en Madrid, así como con una alta concentración de firmas de la provincia de Zamora. Navarro recuerda a este respecto que en total hay en Covirán unos 170 socios de origen chino gestionando supermercados, de ellos, 70 en la provincia de Madrid. "Saben perfectamente lo que han firmado, sus firmas valen lo mismo que las de cualquier otro socio, de cualquier nacionalidad. Y en Zamora hemos tenido algún socio muy activo que ha arrastrado a muchos otros con él, no hay nada raro".

Navarro considera que la judicialización de este listado de firmas lo que pretende es postergar lo más posible la celebración de esa asamblea. "Si nos hubieran notificado la existencia de dudas sobre algunas firmas, las habríamos repuesto con otras nuevas. Pero no nos lo notificaron para subsanar esos errores o discrepancias y lo ha judicializado directamente, para retrasar el proceso todo lo posible". Sobre la celebración o no de esa asamblea, desde Covirán especifican que no está pospuesta "sino revocada por la situación sanitaria, sin fecha de celebración hasta que no haya garantías sanitarias y legales para poder celebrar una convocatoria sobre 2.500 participantes".

La cooperativa asegura que respetará los plazos legales para convocar las asambleas y que se está estudiando cómo afecta a la celebración o no de esa reunión la eliminación de esas 80 firmas que considera falsas, al no alcanzarse, tras eliminarse, el 10% de quórum necesario. No hay una decisión tomada aún.

El último punto de fricción entre las partes tiene que ver con las cuentas anuales de 2019. Deloitte es el auditor desde hace tres años y los socios críticos remitieron un informe a esta empresa denunciando tres potenciales irregularidades. Primero, la dotación de solo un millón de euros para afrontar indemnizaciones por despido en 2020, cuando estos socios consideran que deberían ser al menos 3,3 millones. Los críticos cifran en 23 los despidos de directivos en el último año y medio, la mayoría de ellos judicializados —incluidos cinco directores generales—. No todos se produjeron bajo la presidencia de Contreras, que arrancó hace ahora justo un año, en junio de 2019, aunque sí la mayoría de ellos.

​Examen de Deloitte

Segundo, la disminución de las existencias de la cooperativa en cuatro millones de euros de un año a otro sin explicación aparente. Y tercero, la sospecha de que se están superando los límites de gasto destinado a remunerar a los consejeros, al no imputarse supuestamente los gastos de desplazamiento o alojamiento en esa partida. Covirán, que durante muchos años ha presentado su balance anual primero en Granada y luego en Madrid a finales de febrero o inicios de marzo, no lo ha hecho este año. Dará a conocer sus números cuando hayan sido aprobadas las cuentas en asamblea ordinaria.

Covirán señala, en relación con las provisiones, que se han realizado siguiendo el criterio de prudencia. En las otras dos cuestiones no entra en detalle, pero sí avanza que Deloitte realizó comprobaciones adicionales con la empresa tras recibir el citado informe de los socios críticos, y los auditores "volvieron a emitir lo que se conoce como ‘opinión limpia’ sobre cada uno de los puntos, dictaminando que las cuentas reflejan la imagen fiel de la cooperativa y sus estados financieros".