Los críticos de Covirán sortean la alarma: el juez Mercantil suspende su expulsión

Desenlace judicial in extremis al grave conflicto interno que vive Covirán, el grupo cooperativo que es la primera compañía de supermercados de Andalucía. El juez de lo Mercantil de Granada decidió el pasado viernes, último día hábil en los juzgados antes de que el estado de alarma decretado ayer sábado cerrar casi toda la actividad judicial, suspender la expulsión de dos socios de la enseña. Son los dos cooperativistas, y exmiembros del consejo rector, que han liderado la petición de asamblea de socios extraordinaria en la que se vote una lista alternativa a la actual cúpula directiva.

El actual equipo gestor, encabezado por la presidenta Patrocinio Contreras, abrió sendos expedientes de expulsión de la cooperativa que tendrían efecto desde mañana lunes para Rubén Navarro y Jesús Muñoz. Ambos han presentado 270 firmas (más del 10% de la masa social de Covirán) para que se convoque esa asamblea extrarodinaria entre abril y mayo, pandemia de coronavirus mediante claro está. El consejo rector convocado para hoy domingo tenía previsto aprobar tanto la convocatoria de esa asamblea como la expulsión de esos socios, aunque esto último ya no podrá acometerlo.

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La resolución del juez de lo Mercantil acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por Navarro y Muñoz sin ni siquiera haber escuchado a la otra parte, a Covirán. Y ello en razón de la gravedad de los hechos que se iban a producir (la citada expulsión con efecto inmediato). Estos hechos hubieran dejado sin efecto cualquier otra resolución posterior que hubiera tomado el juez cara a este conflicto, ya que con los impulsores del movimiento crítico fuera de la cooperativa su capacidad de actuación sería nula.

El juzgado interpreta que hay una "fundada apariencia de buen derecho" en las pretensiones de ambos demandantes, primera de las dos condiciones en que argumenta la aceptación de la suspensión de sus expulsiones. El segundo motivo es el citado de que si esas peticiones no eran atendidas ya, ulteriores pronunciamientos no tendrían ya efecto alguno sobre el fondo del asunto. Aprueba incluso el juez que se soliciten esas medidas cautelarísimas antes incluso de que los dos socios hayan presentado la demanda formal contra esos expedientes de expulsión.

La base de esa futura demanda será que el consejo rector del 19 de febrero pasado en el que se aprobó la apertura de esos dos expedientes no es competente para tratar sobre la expulsión de miembros de este órgano. Sólo la asamblea lo es, aparte de que al menos tres de los 15 miembros del consejo no acudieron a esa reunión. Tampoco ha habido ningún consejero que haya instruido ese expediente, y no se han atendido las peticiones de declaración de varias personas solicitadas en las alegaciones a esos expedientes realizadas por ambos socios.