Crisis en la industria militar española por el veto del Gobierno a las exportaciones

España no vende material de defensa al exterior desde hace más de un año. La exportación quedó bloqueada en noviembre de 2018, dejando a los fabricantes nacionales de armamento, munición y equipos de uso militar en situación crítica, con plantas industriales al mínimo de producción o al borde del cierre, con cientos de empleos en peligro y mercados estratégicos perdidos al no atender los compromisos adquiridos.

Según explican fuentes del sector, el último portazo gubernamental tuvo lugar el pasado mes de septiembre. El entonces presidente de la patronal TEDAE recibió una carta del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, en la que le informaba sobre la situación legislativa que ha provocado esta anomalía. Y por sus palabras, todo está supeditado a un cambio legislativo y es imposible cualquier otra medida.

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La oficina presidencial se refería a la reforma del Real Decreto 679/2014 de 1 de agosto que aprueba el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, en el que se quiere incluir un instrumento de verificación para garantizar el uso del material exportado. Hasta que eso no ocurra, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) no ha autorizado un expediente.

Esta situación crítica para la industria germinó en septiembre de 2018, cuando Defensa intentó paralizar un contrato de venta de bombas de aviación a Arabia Saudí tras conocerse que estaban empleándose en el conflicto con Yemen. Sin embargo, tuvo que dar vía libre a la exportación ante el impacto que esa decisión tendría en el contrato de construcción de corbetas para la marina saudí que tenía comprometido Navantia.

A partir de ese momento, el Gobierno puso en marcha mecanismos de verificación para que el destino final de las exportaciones de material de defensa no sean países o conflictos donde los acuerdos internacionales lo prohíban. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Comercio, de la que depende el organismo verificador, solo ha trasladado promesas de pronta resolución a las empresas afectadas que se agrupan en TEDAE.

Empresas como Everis, Instalaza, Expal, Maxam o SAES tienen importantes contratos comprometidos de material ofensivo, al que afecta el bloqueo (no al defensivo), y algunas ya afrontan situaciones críticas para sostener la viabilidad de sus unidades de producción, con el consiguiente impacto en las plantillas. Las empresas agrupadas en esta patronal facturan en torno a los 6.000 millones anuales y emplean a 23.000 trabajadores.