ha abierto expediente tanto a patronal como a sindicatos

La CNMC valora sancionar con una multa millonaria a las empresas estibadoras

El supervisor cuestiona la subrogación de los trabajadores –avalada por el Gobierno– y pide detalles sobre el V Acuerdo Marco, donde quedarán reflejadas las nuevas condiciones laborales

Foto: Las compañías se enfrentan a multas de hasta el 10% de su facturación. (EFE)
Las compañías se enfrentan a multas de hasta el 10% de su facturación. (EFE)

Dicho y hecho. La CNMC ya dejó claro que inspeccionaría todo el proceso de liberalización de la estiba, y ha cumplido con sus advertencias: ha abierto un expediente informativo tanto a las empresas estibadoras como a los sindicatos para revisar si incumplen la normativa sobre competencia, según la notificación escrita a la que ha tenido acceso este periódico.

El propio organismo regulador acaba de dar el siguiente paso a 6 de noviembre de 2017, fecha en la que ha incoado un expediente sancionador contra patronal y sindicatos por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en el sector de la estiba. Las organizaciones bajo sospecha son la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco), la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO y CIG, entre otras.

"Dichas prácticas consisten en la restricción de la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas de participar o no en las sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados empleados", aclara la CNMC en un comunicado. Tales conductas están recogidas en el acuerdo alcanzado el 6 de julio de 2017.

Ambas partes deberán remitir a la CNMC sus propuestas de cara al V Acuerdo Marco para la regulación de las relaciones laborales en la estiba portuaria, un texto que empezó a negociarse a finales de septiembre. Competencia quiere seguir de cerca las negociaciones para garantizar que no se comete ninguna irregularidad, máxime después de los acuerdos extraoficiales que algunas empresas firmaron con los sindicatos en los puertos para atajar la amenaza de huelga en su momento.

Los apretones de manos ya levantaron las sospechas del superregulador en junio, como adelantó este periódico. La CNMC se comprometió a inspeccionar esos pactos bajo cuerda, concebidos como solución temporal hasta que se resolviese el conflicto. Ahora solicita información a las empresas y los sindicatos para evitar nuevos ‘apaños’ al borde de la legalidad. Uno de los aspectos que más inquieta a Competencia tiene que ver con la cuestionada subrogación de personal, ya acordada entre patronal y trabajadores con el visto bueno del Gobierno.

La CNMC ya sancionó a Anesco con un millón de euros y a los sindicatos con 110.000 euros hace siete años

Detalle las propuestas de su organización relativas a la subrogación de las empresas estibadoras que se separen de las correspondientes Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), la transformación de las mismas en Centros Portuarios de Empleo y los mecanismos de selección de personal”, precisa la notificación que la CNMC ha enviado a las empresas.

Recapitulando, los sindicatos y la patronal alcanzaron un acuerdo no exento de polémica en junio por el que las firmas se comprometían a quedarse con los estibadores que estaban en activo en ese momento. Ese pacto llegó tras la liberalización del sector, un arduo proceso que se prolongó durante meses y que todavía no se ha aplicado en la práctica. Al Gobierno le costó sangre, sudor y lágrimas, pero consiguió sacar adelante el texto en el Congreso y esquivar así una multa de hasta 24 millones de euros por parte de Bruselas. ‘Solo’ tendrá que pagar tres millones por el retraso.

Los estibadores han retomado las negociaciones con la patronal. (EFE)
Los estibadores han retomado las negociaciones con la patronal. (EFE)

Multas de hasta el 10% de la facturación

Uno de los principales escollos precisamente tenía que ver con la subrogación del 100% de la plantilla. Los sindicatos exigían que este aspecto quedase recogido en la ley, algo ilegal a ojos de Fomento y de Bruselas. No obstante, el acuerdo ‘definitivo’ entre las partes, que pilló en sus horas más bajas a la patronal Anesco, sí lo contemplaba: consiguió desencallar así el conflicto y apagar la mecha de las huelgas. Con la mediación del Gobierno, por supuesto.

A pesar de todo, Competencia no aparta el foco de la estiba y podría multar con hasta el 10% de la facturación a las compañías si detecta alguna irregularidad. Esto se traduce en sanciones que pueden llegar a superar de lejos el millón de euros. Los sindicatos tampoco se libran (en menor escala). Por eso, los empresarios se cuidarán muy mucho de firmar cualquier documento que no pase primero por la lupa de sus abogados y de la propia CNMC. Todo sea por curarse en salud.

Sobre todo después del amargo episodio de hace 7 años. La CNMC sancionó a Anesco con un millón de euros y a los sindicatos con 110.000 euros por establecer las tareas complementarias dentro del ámbito funcional de servicio público, restringiendo así la libre competencia. Este aspecto se negoció de cara a la revisión de IV Acuerdo Marco. La patronal de las empresas estibadoras se vio obligada a vender sus oficinas de la calle Serrano –en uno de los barrios más exclusivos de Madrid– para pagar la multa, indican fuentes del sector. Esta vez procurarán que la historia no se repita.

La apertura de expediente sancionador es el segundo paso y significa que Competencia ha detectado indicios claros de infracción, como explicaron fuentes de la CNMC tras ser consultadas por El Confidencial. Se abre ahora un período máximo de 18 meses para la resolución final.

Mientras tanto, las partes retoman las negociaciones de manera más relajada (sin amenazas de huelga, de momento) y esperan a que Fomento mueva ficha. Íñigo de la Serna debe sacar adelante el reglamento que desarrolla la reforma del sector, algo que todavía no ha hecho pese a que anunció que lo tramitaría por vía urgente. Texto que, por cierto, regulará la maraña de las prejubilaciones con dinero público.

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