La CNMC revisará los 'pactos-apaño' entre estibadores y empresas en los puertos

Algunos lo llaman parche. Otros hablan de apretón de manos para que nada cambie. Si algo está claro es que los acuerdos 'extraoficiales' que las empresas están firmando con los sindicatos en cada puerto suscitan dudas a nivel legal, hasta el punto de que la CNMC se ha comprometido a chequear la letra pequeña. La primera en levantar la liebre fue la casi extinta patronal Anesco, pues optó por desechar la última propuesta que había redactado la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar bajo el argumento de que algunos aspectos vulneraban las leyes en defensa de la competencia.

Pero muchas empresas estibadoras han sido incapaces de aguantar la presión y han firmado por su cuenta un documento basado en la propuesta que Anesco rechazó por considerarla "ilegal". Aparte de una garantia del mantenimiento del 100% del empleo actual en las mismas condiciones, los sindicatos exigen "la participación de los trabajadores en los procesos de selección y formación del nuevo personal, así como en las fórmulas sobre prevención de riesgos laborales, información sectorial y traslado", reza el escrito que han recibido las compañías de manos de Coordinadora.

Este periódico ha remitido el texto completo a un despacho especializado en derecho marítimo para comprobar si realmente existen aspectos cuestionables desde el punto de vista legal. "En esencia, los autores del documento pretenden que el sector se mantenga en la misma situación en la que se encontraba, con la diferencia de que los estibadores pasarán a formar parte de la plantilla de las empresas portuarias y ya no serán trabajadores 'cedidos' por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep)", explica Alberto Rodríguez, abogado de Meana Green Maura & Co.

¿Cuál es el problema? Estos aspectos van en contra del espíritu del real decreto ley sobre la reforma de la estiba, diseñado precisamente para liberalizar un sector cerrado, dar libertad a las empresas para operar y cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Así lo advierte el letrado tras poner el foco en otras áreas grises: "Los acuerdos en los puertos deberán acatar lo dispuesto en el futuro convenio colectivo nacional. Solo allí se podrán definir las condiciones de la subrogación de los trabajadores actuales".

La CNMC recoge el guante de las empresas

La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) fue la primera en pedir amparo a las autoridades tras denunciar "presiones, coacciones y chantaje" a las empresas por parte de los sindicatos para que firmasen, como así han hecho en un elevado porcentaje. APM (Maersk), MSC, Grimaldi o Noatum en Valencia, APM o TTIA (Hyundai Ports) en Algeciras o Best (Hutchinson) o Setram en Barcelona son algunas de las firmas que han cedido para intentar frenar la sangría de pérdidas como consecuencia de las huelgas, recién suspendidas por los estibadores hasta nuevo aviso.

Y la patronal no ha podido hacer nada para evitarlo. En consecuencia, las empresas que se niegan a conceder esa pequeña victoria a los estibadores han abandonado Anesco de un portazo, dejándola herida de muerte. Es el caso de Bergé, Algeposa o Ership, entre otras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es consciente de que las compañías estibadoras le han pedido que tome cartas en el asunto para velar por el cumplimiento de la ley. "Lo vamos a estudiar", confirman fuentes del organismo regulador a este periódico. También recuerdan que Bruselas tiene potestad para abrir un expediente sancionador si observa irregularidades que conviertan el RD/L en papel mojado.

Si la CNMC detecta alguna incidencia que pueda poner en jaque las leyes en defensa de la competencia en España, abrirá una inspección o solicitará los datos que considere oportunos con el objetivo de imponer (o no) una multa. No sería la primera vez que el supervisor irrumpe en la crisis de la estiba. Ya lo hizo cuando abrió un expediente sancionador contra varias empresas y sindicatos del Puerto de Vigo, sospechosas de incurrir en prácticas anticompetitivas. Y movió ficha en un momento de máxima tensión entre el Ministerio de Fomento y los estibadores.

Según Anesco, las empresas que suscriban estos acuerdos se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros para las personas directamente implicadas o de hasta el 10% de la facturación de cada empresa por aspectos como el control de acceso o la bajada selectiva de sueldos (-5%), condicionada a que las firmas permanezcan en las Sagep o Centros Portuarios de Empleo.

La patronal concluye así tras encargar un informe jurídico al despacho de Garrigues, pero El Confidencial no ha tenido acceso al documento a pesar de que lo ha solicitado en en reiteradas ocasiones. Anesco se ha limitado a reproducir los puntos clave a través de una nota de prensa.