vende sus 350 millones de deuda vencida

El Santander no espera al Gobierno y se apea de las autopistas en quiebra

El banco presidido por Ana Botín ha vendido los 350 millones de euros que prestó en su día para financiar las autovías de peaje que actualmente están en fase de liquidación

Foto: Vista de la R-2, la autopista que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M-40 y Guadalajara. (EFE)
Vista de la R-2, la autopista que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M-40 y Guadalajara. (EFE)

La banca española no quiere esperar a que el Ministerio de Fomento le proponga una fórmula para solucionar el agujero que las autopistas en quiebra han provocado al sistema financiero español y a numerosas constructoras. El último en quitarse de en medio ha sido Banco Santander, que semanas atrás vendió cerca de 350 millones de euros que en su día prestó para financiar la construcción y la concesión de estas carreteras de peaje en fase de liquidación. Los compradores han sido fondos oportunistas que se han hecho con cerca del 90% de los 5.000 millones de la deuda vencida e impagada.

Fuentes financieras han confirmado que el grupo presidido por Ana Botín se desprendió de estos 350 millones entre finales de diciembre de 2016 y principios de este año. Los compradores fueron JP Morgan, Goldman Sachs y Deutsche Bank, que en realidad actuaron en nombre de Taconic Capital, Strategic Value Partners (SPV Global) y King Street, los tres fondos oportunistas que han acumulado aproximadamente el 70% de la deuda asociada a las conocidas como radiales.

Se trata, según las mismas fuentes, del paquete de deuda más grande que ha vendido una entidad española, después de los 240 millones que traspasó Banco Sabadell o los cerca de 100 millones que CaixaBank se quitó de encima. Otras fuentes próximas a estas entidades explican estas decisiones por la falta de confianza en alcanzar un acuerdo a corto plazo, después de que la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, les presentase varios planes para rescatar estas autopistas, ninguno de los cuales pudo llevarse a cabo.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

“Fueron cuatro años de negociaciones que no sirvieron para nada”, argumentan para justificar que es mejor recuperar algo de dinero que esperar a que el nuevo ministro, Íñigo de la Serna, consiga cuadrar un acuerdo que satisfaga al mismo tiempo a los acreedores y al Gobierno, dadas las diferencias entre lo que exigen los primeros —hasta 5.000 millones de euros— y lo que quiere pagar el Ejecutivo de Mariano Rajoy, poco más de 2.000 millones en el mejor de los casos.

Las mismas fuentes indican que, a diferencia de la fuerte quita con la que CaixaBank, Sabadell y hasta Ibercaja vendieron sus posiciones —llegaron a vender apenas a un 10% del valor nominal de los préstamos—, Santander ha conseguido traspasar sus 350 millones con una rebaja próxima al 50% del valor original, por lo que el sacrifico ha sido menor. Un ajuste muy inferior al de las primeras operaciones, gracias a la confirmación por parte de De la Serna, que nada más tomar posesión del cargo de ministro de Fomento dijo que el Gobierno se haría cargo de las ocho autopistas en quiebra.

Unicaja enfada a Fomento

Esta situación también la ha aprovechado Unicaja, que tampoco ha querido esperar a ningún acuerdo y ha enajenado un paquete de 70 millones de euros que había prestado a algunas de las empresas constructoras —Abertis, ACS, Globalvia, Sacyr, Ferrovial, Acciona y OHL— dueñas de las concesiones. Una decisión que ha creado malestar en Fomento, puesto que el banco andaluz recibió 1.129 millones de ayudas públicas para su fusión con Banco Ceiss (las antiguas Caja Duero y Caja España).

Sea como fuere, lo cierto es que los acreedores, las concesionarias y Fomento ya han comenzado las negociaciones para tratar de buscar un punto en común que beneficie a todas las partes. Los fondos oportunistas, que se han puesto en manos de Houlihan Lokey, el mayor banco reestructurador del mundo, como adelantó El Confidencial el pasado 28 de diciembre, se reunieron la semana pasada con las constructoras para acercar posturas y presentar al Gobierno una propuesta que les permita recuperar gran parte del dinero, al tiempo que no impida a Economía y a Hacienda cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Bruselas. La cuenta atrás ha empezado, puesto que cualquier acuerdo debe estar cerrado en junio, momento en el cual dos de las autopistas entrarán oficialmente en liquidación.

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