la apertura de juicio complica a artur mas

El expresidente de La Seda busca un pacto para ser condenado sólo por delito fiscal

Rafael Español está dispuesto a aceptar fraude al fisco siempre que le condenen a menos de dos años de prisión por ello. La Seda de Barcelona se encuentra actualmente en liquidación

Foto: La Seda de Barcelona.
La Seda de Barcelona.

Paradojas de la vida. En un país en que muchos están intentando evitar condenas por delito fiscal, hay una persona que está buscando un pacto para que lo sentencien por ello: se trata del expresidente de la empresa química La Seda de Barcelona, Rafael Español, dispuesto a aceptar fraude al fisco siempre que le condenen a menos de dos años de prisión, según han explicado fuentes jurídicas cercanas al caso. 

Español fue un empresario cercano al sector de negocios de CiU que presidió La Seda de Barcelona, sociedad que actualmente está en liquidación, después de que él y otros exdirectivos y consultores externos fueran acusados de delito fiscal y apropiación indebida. Les piden décadas de cárcel. El juicio oral se abre este mes de mayo y complicará la vida, todavía más, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que fue consejero de La Seda de Barcelona entre los años 1993 y 1994, cuando ya Español ocupaba la presidencia. También fue consejero de la compañía el actual número tres de la Generalitat, el secretario general Jordi Vilajoana.

La manera para evitar la apertura del juicio oral es un pacto. Y Español quiere pagar a Hacienda, siempre que se asegure una condena de menos de dos años para no pisar la cárcel. Tanto que ya están depositados en el juzgado cinco millones de euros como muestra de buena voluntad. De esta cantidad, 3,5 millones los aportó La Seda y otros 1,5 millones provienen de una devolución de IVA que fue embargada a la compañía por el juzgado, dada la complicada posición procesal del expresidente de la compañía.

Español está dispuesto a pagar cinco millones más para llegar a la cifra de 10 millones de euros: precisaría de tres millones correspondientes a las cuotas impagadas y otros siete millones restantes por la sanción e intereses pendientes. Le representa el abogado que se ha especializado en este tipo de acuerdos con el fisco, el omnipresente penalista Cristóbal Martell, quien también defiende a la familia Pujol, y que buscó un pacto similar para el jugador del FC Barcelona Leo Messi. Cristóbal Martell ha sido inquirido sin éxito en dos ocasiones por este medio para que diese su opinión sobre la situación legal de Rafael Español.

Esta pasión por ser condenado por delito fiscal se debe a que la alternativa es que lo sentencien por apropiación indebida. Así, por delito fiscal, la abogacía del Estado pide para Español tres años por cada delito, más dos años por falsedad en documento mercantil. En cambio, el fiscal en su escrito de acusación solicitó siete años y seis meses por apropiación indebida continuada.

Estrategia de la defensa

Una parte de la estrategia de la defensa pasa por explotar las diferencias entre la abogacía del Estado –que sólo ve delito fiscal– y la Fiscalía –que contempla la apropiación indebida–. Todos estos presuntos delitos se llevaban a cabo a través de sociedades de proveedores que facturaron servicios de los que o se duda de su existencia o se pone en cuestión el precio de los mismos.

Esta línea de defensa perjudica básicamente a La Seda o a los liquidadores, ya que, si se reconociera el delito de apropiación, los administradores concursales percibirían una parte del dinero, mientras que con el delito fiscal sólo Hacienda se beneficiaría. Por ello, La Seda se ha personado en la causa sólo como receptora de la responsabilidad civil.

Escollos a superar

Dicho esto, Rafael Español tiene más problemas que superar para intentar llegar a un acuerdo, además de la postura que en sí tenga la fiscalía. Entre ellos, que en la causa abierta también están personados el sindicato de minoritarios Unidos por la Seda, que agrupa cerca del 5% del capital, y el expresidente de La Seda Jacint Soler Padró, que llegó al cargo de manera en extremo accidentada cuando compró en 1991 el 55,7% de la firma por una peseta a la multinacional Akzo.

Ambos pueden oponerse a un acuerdo. En especial, Soler Padró, que ha convertido los últimos 25 años en una larga guerra judicial en la que cada fallo ha sido recurrido una y otra vez, hasta convertir la historia de la empresa en un enorme marasmo judicial.

La Seda acabó en liquidación en buena parte por la mala gestión de Español, que durante una parte de su mandato realizó fuertes adquisiciones, algunas ruinosas para la empresa, y otras buenas, pero todas ellas basadas en un fuerte endeudamiento, que al final se reveló insostenible y hundió una compañía que llegó a facturar más de 1.000 millones y que tenía una plantilla de más de 500 personas.

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