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López Abad y el clan Avilés: la España más cañí de la burbuja en el juicio de la CAM
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DIETAS A TUTIPLÉN, VIAJES, CRÉDITOS A SÍ MISMOS...

López Abad y el clan Avilés: la España más cañí de la burbuja en el juicio de la CAM

Si hay un centro del derrumbe de las cajas de ahorros, es Alicante. La CAM llevó la podredumbre del sistema al paroxismo, y ahora se juzga en la AN

Foto: Juicio al ex director general de la CAM Roberto López Abad y al exconsejero Juan Ramón Avilés. (Efe)
Juicio al ex director general de la CAM Roberto López Abad y al exconsejero Juan Ramón Avilés. (Efe)

Si hay un epicentro del derrumbe de las cajas de ahorros, es Alicante. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) llevó la podredumbre del sistema al paroxismo. Una entidad regional que tenía a una bailarina y a un psiquiatra en su comisión de control, que se llevaba a los consejeros de viaje gratis total a cuerpo de rey, que quiso construir un megacomplejo en un parque natural en México, que repartía dietas y prebendas a discreción, y donde todos los gerifaltes tenían enchufada a la mujer o al cuñado. Lo peor de lo peor, como dijo el gobernador MAFO (que ya es decir). Toda esa orgía de dinero y poder a lomos de la burbuja inmobiliaria se sustancia en Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés (y su clan), que han empezado a ser juzgados esta semana en la Audiencia Nacional por cobrar dietas irregulares y concederse créditos a sí mismos. Presuntamente.

El primero fue director general de la entidad, que llegó a ser la cuarta de España, entre 2001 y 2010; es decir, durante toda la burbuja y su estallido. López Abad no es PP pata negra como lo era José Luis Olivas, presidente de la valenciana Bancaja, sino que provenía del PSOE. Pero supo cambiar de chaqueta a tiempo para ganase el favor de Eduardo Zaplana, que fue quien lo ascendió a la dirección general, y después fue un estrecho colaborador de Francisco Camps para mantener el poder de ambos en la CAM. Algo que denota la catadura del personaje pero que ahora se vuelve en su contra, ya que no cuenta con ningún protector político que dé la cara por el todopoderoso caído.

Por supuesto, López Abad tenía que cubrirse las espaldas con un consejo lleno de políticos sin ningún conocimiento financiero y una comisión de control de lo más folclórica que hacía de todo menos controlar. "Nos pasaban la información de lo que había aprobado el consejo y nunca discutíamos nada, venían asesores externos que controlaban las cuentas", aseguró la citada bailarina, Isabel Cambronero, en las Cortes Valencianas.

Champán y dietas para callar las críticas

Y para que nadie alzara la voz, se les agasajaba con viajes en grand class o incluso en avión privado (Sabadell ha heredado tres) en los que corría el champán y el caviar, complementados con estancias en hoteles de lujo; India, San Francisco, Chicago, Nueva York o Australia fueron algunos de esos destinos. Y, por supuesto, se les otorgaban puestos en el holding inmobiliario de la CAM, TIP (Tenedora de Inversiones y Participaciones) que les reportaban cuantiosas dietas. Precisamente, lo que ahora se juzga en la Audiencia -en pieza separada del sumario principal por la quiebra de la entidad- es este sistema planeado por López Abad, que "responde a una estrategia ideada para permitir a los miembros de la Comisión de Control de la CAM el cobro de cuantiosas sumas de dinero que no se corresponden con la realización de ninguna actividad real (...) en claro perjuicio de la propia CAM", según el juez instructor del sumario, Javier Gómez Bermúdez.

Y añade que "independientemente de las personas que formalmente adoptaran las decisiones, tanto de la creación de una comisión de control en la sociedad participada Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., como de retribuir a sus miembros con determinadas dietas y fijar la cuantía de éstas, la idea de acudir a esta estratagema para retribuir a los miembros de la comisión de control de CAM con unos emolumentos superiores a aquellos a los que tenían derecho partió del director general, Roberto López Abad". De ahí que lo acuse de apropiación indebida, administración desleal y delito societario.

La actuación estelar del ex director general culminó con su salida. Cuando tuvo claro que la situación de la caja era insostenible, a finales de 2010 (la nacionalización se produjo en julio de 2011), se apuntó a un ERE propuesto por él mismo y se llevó una indemnización de 5,6 millones entre el finiquito y el plan de pensiones. Le sucedió su segunda de a bordo, Dolores Amorós, que se autoconcedió una pensión -vitalicia, ojo- de casi 370.000 euros anuales que pretendía cobrar cuando fue destituida fulminantemente por el FROB. Marca de la casa. El fondo público le negó el pago y Amorós lo demandó, exigiendo además una indemnización de 10 millones por despido improcedente, porque ella lo valía. Una jueza de Alicante la desestimó en 2012.

Los Avilés, de Murcia de toda la vida

Precisamente, el principal beneficiario de las dietas de López Abad fue Avilés, cuya historia merece capítulo aparte. El expresidente de la pintoresca comisión de control citada, y anteriormente concejal de seguridad, transportes o bomberos de Murcia, aparte de participar en el reparto de López Abad, se concedió créditos a sí mismo por valor 17,2 millones según la querella (que ascienden a 22 según las cuentas de Sabadell) para desarrollar una promoción megalómana en su pueblo, Sucina. Algunos de estos créditos, además, provenían de entidades públicas como el ICO o del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Y como le pareció que daba un poco el cante, los puso a nombre de su mujer, su hermana y su hijo Ginés.

Ahora todo el clan Avilés se sienta en el banquillo de la Audiencia, él como acusado y su parentela como partícipes a título lucrativo. Además, el citado Ginés es a su vez el abogado defensor de los varios imputados consanguíneos, con lo que todo queda en casa. De hecho, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le preguntó el jueves dónde se iba a situar el día que tuviera que prestar declaración, pero Ginés se salvará porque su comparecencia ha sido rechazada.

Ese día Avilés sénior protagonizó otra de las anécdotas de la jornada, muy ilustrativa de la catadura del personaje: apareció en la puerta del edificio de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid) ataviado con la toga propia de los letrados, con la explicación de que "soy licenciado en Derecho". Amablemente, el personal del tribunal le hizo ver que allí no va con toga cualquier licenciado, sino sólo los jueces, fiscales y abogados de las acusaciones o de las defensas... pero no los propios acusados.

Si hay un epicentro del derrumbe de las cajas de ahorros, es Alicante. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) llevó la podredumbre del sistema al paroxismo. Una entidad regional que tenía a una bailarina y a un psiquiatra en su comisión de control, que se llevaba a los consejeros de viaje gratis total a cuerpo de rey, que quiso construir un megacomplejo en un parque natural en México, que repartía dietas y prebendas a discreción, y donde todos los gerifaltes tenían enchufada a la mujer o al cuñado. Lo peor de lo peor, como dijo el gobernador MAFO (que ya es decir). Toda esa orgía de dinero y poder a lomos de la burbuja inmobiliaria se sustancia en Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés (y su clan), que han empezado a ser juzgados esta semana en la Audiencia Nacional por cobrar dietas irregulares y concederse créditos a sí mismos. Presuntamente.

Audiencia Nacional Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Alicante
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