un 30% por encima del coste inicial

ACS reclama otros 350 millones al Estado por sobrecostes del quebrado AVE a Francia

La constructora de Florentino Pérez ha presentado una segunda demanda contra el Estado español por los millonarios sobrecostes del AVE entre Barcelona y París.

Foto: El presidente de ACS, Florentino Pérez (c), durante una junta de accionistas (EFE)
El presidente de ACS, Florentino Pérez (c), durante una junta de accionistas (EFE)

La batalla de ACS contra el Gobierno de España por el fallido AVE entre Barcelona y París no sólo se basa en el pago de unas cantidades que hagan rentables la concesión de esta línea férrea puesta en marcha en 2013. Además, la compañía presidida por Florentino Pérez ha presentado también otra reclamación judicial por 348,12 millones de euros por “razones geológicas” y el aumento de las materias primas usadas durante la construcción de la obra.

Según consta en documentos oficiales, ACS e Eiffage, las dos empresas que en 2003 consiguieron el contrato para desarrollar el proyecto y la posterior concesión de la línea de alta velocidad que une España con Francia, han presentado una segunda demanda judicial en un tribunal internacional de arbitraje. En esta causa, las compañías se quejan de la existencia de “una serie de hechos imprevisibles que han causado importantes sobrecostes de construcción”.

En concreto, piden una compensación de 143,24 millones por motivos “geológicos” durante la realización del Túnel del Perthús, otra de 10,34 millones por la misma justificación en la ejecución del viaducto del Muga y una tercera, de 3,96 millones, por problemas derivados de la Agencia Catalana del Agua. Solicitan, además, una cuarta de 115,20 millones por “el incremento extraordinario del precio de los productos derivados del petróleo, de los productos siderúrgicos y del cobre”, y una quinta de 18,94 millones por la compra de terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura. Para acabar, reclaman una última de 56,39 millones por gastos financieros.

En total, 348,12 millones, lo que supone un sobreprecio del 30% sobre el importe inicial del proyecto, que ascendía al 1.200 millones. Es lo que se conoce en el sector como los modificados, una práctica muy habitual en los últimos años por parte de las mayoría de las constructoras, como ocurrió en el soterramiento de la M-30 que bordea Madrid. La obra de la circunvalación de la capital duplicó su coste respecto al presupuesto original hasta superar los 5.000 millones.

Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)
Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)

Otro ejemplo fue el AVE Madrid-Barcelona, que salió a concurso por 7.550 millones y se adjudicó por 6.882, con una baja del 9%. Sin embargo, el coste final para el contribuyente fue de casi 9.000 millones, un 31% más de lo estimado inicialmente. Distintos cálculos aseguran que el Ministerio de Fomento ha pagado en los últimos seis años cerca de 10.000 millones por sobrecostes, incluidos los llamados modificados y las expropiaciones.

No se fían de los árbitros

El Tribunal Arbitral que dirime la demanda acordó dividir el procedimiento en dos fases. La primera consistía en analizar si las reclamaciones de ACS e Eiffage eran fundadas y, en caso de ser afirmativo, en la segunda se determinaría el importe de la indemnización que correspondiese. Sin embargo, después de que las partes hubieran presentado sus demandas y sus alegaciones y que la resolución mediante laudo hubiera quedado vista para sentencia, las dos constructoras recusaron al árbitro designado por el Gobierno de Francia.

La reclamación se presentó ante los tribunales de Ginebra (Suiza) por considerar que había hechos que afectaban a su independencia y su imparcialidad. Dicha causa estaba hasta hace poco todavía pendiente de resolución, por lo que el Tribunal Arbitral suspendió el dictamen del laudo. Si fuera favorable para ACS e Eiffage se iniciaría la segunda fase de cuantificación y, si fuera desfavorable, el procedimiento terminaría.

Los abogados de las constructoras creen que sus reclamaciones son fundamentadas, por lo que esperan cobrar “al menos parcialmente” los sobrecostes. Mientras tanto, Fomento mantiene abiertas las negociaciones con Florentino Pérez y su socio francés para tratar de llegar a un acuerdo sobre el “reequilibrio patrimonial” de la concesión, que va camino del concurso de acreedores al no obtener ingresos suficientes –escasa afluencia de pasajeros– para pagar los 428 millones de deuda bancaria. La sociedad está desde hace un año en quiebra técnica. Los acreedores no tienen tan buena disposición como Fomento.

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