HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL NO TENDRÁN PREFERENCIA

Montoro y Báñez no 'tragan' con el plan de recapitalización de empresas de Guindos

Los ministros de Hacienda y Empleo no quieren que las deudas tributarias y con la Seguridad Social pierdan su preferencia de cobro en los concursos.

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (d), conversa con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (d), conversa con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)

El Real Decreto-Ley de Refinanciación y Reestructuración de Deuda que pretende aprobar el ministro de Economía Luis de Guindos este viernes se está encontrando con fuertes resistencias dentro del Ejecutivo. A la oposición de la CNMV a la modificación de la norma de OPA, que adelantaba ayer El Confidencial, se suma ahora la de los ministros de Hacienda y Empleo, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, por otro de los cambios que pretende introducir este decreto: que las deudas de las empresas con el fisco y con la Seguridad Social dejen de tener preferencia (prelación, en términos jurídicos) sobre las que tienen con los bancos, en caso de concurso de acreedores.

Esta modificación es otra de las peticiones realizadas por la banca a Economía para participar en el conocido como 'Plan Midas', y su racionalidad es la siguiente: mediante este plan, los bancos van a convertir parte de la deuda que tiene una empresa con ellos (la 'no sostenible') en capital para intentar salvarla, y se quedarán otra parte (la 'sostenible'); si a pesar de todo este esfuerzo fracasa y la empresa termina por ir a concurso, los bancos no quieren ser los últimos en cobrar con esa deuda 'sostenible' una vez perdida toda la 'no sostenible'. Es decir, la banca trata de evitar que, por intentar salvarla, se acabe quedando sin cobrar nada si al final no lo consigue y la compañía tiene que liquidarse.

Eso se denomina "no subordinación" de la deuda bancaria. El problema es que el orden de prelación de la actual Ley Concursal establece que las deudas con Hacienda y Seguridad Social se califican como "créditos con privilegio general" según el artículo 91.2 de la citada norma. Están, por tanto, en el segundo nivel de prioridad de pago, tras los "privilegiados especiales" (los trabajadores y los créditos con garantías que afectan a determinados activos, no a todo al patrimonio de la compañía), y por delante de los ordinarios y de los subordinados.

Por tanto, atender la demanda de los bancos supone retirar ese privilegio, algo contra lo que se han manifestado los departamentos de Montoro y Báñez, según fuentes conocedoras de la situación. Durante la crisis, muchísimas empresas han incurrido en grandes deudas con Hacienda y Seguridad Social, o bien han conseguido aplazamientos, y estos organismos quieren asegurarse la recuperación del máximo posible de esas cantidades; ya se sabe que el cumplimiento de los objetivos de déficit público es prioritario. De ahí que quieran mantener esa preferencia en el cobro.

El laberinto de Guindos

Esta oposición pone a Guindos en un brete. El titular de Economía aprovechó el Consejo de Ministros del pasado viernes para anunciar, de forma inesperada y con numerosos detalles, que este nuevo real decreto-ley se aprobará mañana día 7 de marzo. Prisionero de sus palabras, ahora está negociando con sus compañeros de gabinete una fórmula que le permita salvar la cara y aprobar la norma en esa fecha, en vez de aplazarla, como ha ocurrido con el informe de los expertos sobre la reforma fiscal (que iba a tratarse este viernes enl Consejo y se ha retrasado al día 14).

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (Reuters)
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (Reuters)
Según las fuentes consultadas, si Guindos quiere aprobar la norma a toda costa, tendrá que avenirse a los términos que le impongan Montoro y Báñez, que probablemente también incluirán la postura de la CNMV sobre la obligación automática de lanzar OPA (los bancos quieren que se les exima cuando superen el 30% del capital como consecuencia de la conversión de deuda). Pero entonces tendrá que enfrentarse a la banca, que "no tiene demasiado interés en el proyecto", según fuentes de una entidad, y que sólo aceptará participar si obtiene las compensaciones que ha solicitado. En el caso de la subordinación, el sector va incluso más allá y pide que la nueva liquidez que inyecte a estas empresas para sobrevivir se considere "supersenior" (que sea la primera en cobrar).

Concedidas las principales demandas de la banca

Entre las peticiones de la banca anunciadas por el ministro la semana pasada, se encuentran que las refinanciaciones y los convenios de acreedores se puedan aprobar con el apoyo de sólo el 70-75% de los acreedores en vez de la unanimidad actual; que los fondos 'buitre' tengan la misma consideración que los acreedores bancarios; y, sobre todo, que la deuda 'sostenible' deje de considerarse morosa y no tenga que ser provisionada, lo que implicará también un cambio de la norma de provisiones del Banco de España.

El sector considera que debería destinar las provisiones que ya tiene constituidas para toda la deuda de la empresa a cubrir la presumible pérdida que sufrirá al canjear la 'no sostenible' por capital (ya que el valor de la empresa será muy inferior al de esos créditos). En ese caso, la deuda que seguirá viva, la 'sostenible', se quedaría sin provisiones. Y si tiene calificación de morosa –o subestándar–, la banca tendría que dotar provisiones adicionales, por lo que al final la operación le costaría el doble: perdería las provisiones ya dotadas y tendría que constituir otras nuevas. Por ello, pedía que se sacara de mora esa deuda 'sostenible', y el Gobierno ha accedido a esa demanda.

Sede del Banco de España en la plaza de Cibeles, en Madrid. (EFE)
Sede del Banco de España en la plaza de Cibeles, en Madrid. (EFE)
Dentro de este real decreto-ley también se introducirá la posibilidad de conceder aplazamientos de la deuda (esperas) de más de tres años, que es el plazo máximo que permite la normativa actual. Asimismo, se abrirá la posibilidad de alcanzar acuerdos individuales y se suprimirá la exigencia de contar con un experto independiente en los procesos de refinanciación, según Guindos. Este plan de recapitalización, que se arbitrará mediante un fondo de capital riesgo, responde a una petición del FMI y la velocidad con que Economía quiere aprobarlo pretende que pueda aplicarse a procesos actualmente en marcha, como el de Pescanova, de ahí que en algunos foros se denomine 'Decreto Pescanova'.

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