El Gobierno flexibilizará al máximo el Real Decreto para salvar a la mayoría de las cajas

El Ejecutivo puso el listón muy alto al exigir un capital básico del 10% a las cajas de ahorros, pero les va a dar una escalera para que casi todas puedan alcanzarlo o, al menos, se queden suficientemente cerca para salvarse de la nacionalización sin grandes problemas. Según fuentes del sector, Elena Salgado está dispuesta a flexibilizar notablemente el Real Decreto-Ley de reforzamiento del sector en tres aspectos: el plazo para conseguir los recursos, la forma de calcular el capital y la exigencia de liquidez.

"Para este viaje, no hacían falta alforjas", opina un ejecutivo de una caja en proceso de fusión. "No tiene sentido poner un requisito tan alto y luego permitir que casi todo el mundo lo cumpla; para eso, podían haber puesto el 8% y que se calcule como hasta ahora", añade.

La cuestión del plazo es la más relevante para el sector -en especial para el adalid de sus demandas, Rodrigo Rato-, y el Ejecutivo alargará el plazo inicial de septiembre a diciembre siempre que las entidades estén en proceso de salida a bolsa o de captación de capital privado, tal como adelantó ayer El Confidencial. "No hará falta haber consumado el matrimonio en septiembre, con tener novia será suficiente", explica gráficamente una caja de ahorros.

El cómputo del capital es la cuestión más compleja y la que tiene mayor margen: desde aplicar estrictamente los criterios  de la normativa actual (o incluso los de Basilea II, más duros) hasta flexibilizarlo de forma que casi todo el mundo apruebe. Las fuentes consultadas aseguran que todavía se está negociando y que no hay nada cerrado aún, pero dan por segura una flexibilización muy importante de los parámetros anunciados.

La CECA ha planteado numerosas peticiones de modificación del cálculo del capital. Una de ellas es que se incluyan los créditos fiscales -la deuda que Hacienda tiene con ellas y que les pagará en el futuro-, uno elemento que será excluido en Basilea III y que no aparece en la carta remitida por Salgado a la CECA. Este elemento es importantísimo para las fusiones de cajas, que han actualizado sus balances con una importante depreciación por las pérdidas inmobiliarias y en bolsa (que generan un crédito fiscal).

Las preferentes podrían considerarse capital básico

Pero la demanda más llamativa es la inclusión de las participaciones preferentes, títulos de deuda perpetua que las entidades han colocado masivamente en sus redes en los últimos años. Las preferentes nunca se han considerado core capital, sino Tier I (capital de peor calidad) al ser un híbrido de deuda y capital. Es más, Basilea III va a anular las preferentes españolas porque no absorben pérdidas y va a exigir unos requisitos mucho más estrictos para que computer en el Tier I.

Por tanto, su inclusión provocaría un considerable revuelo tanto nacional -los bancos pondrían el grito en el cielo- como internacional. Donde el Gobierno parece más convencido es en la posibilidad de que emitan 'convertibles contingentes' (conocidas internacionalmente como CoCos), unos instrumentos de nueva creación llamados a sustituir a las preferentes. Por otra parte, también se ha planteado que se incluya la genérica en el cálculo del capital, aunque hasta ahora nunca se le ha considerado como tal.

Otra petición es que las minusvalías latentes no resten del capital. Cuando una entidad invierte en  bonos, por ejemplo, y éstos bajan de precio, hay una pérdida latente. Esa pérdida se resta ahora del capital en una partida que se conoce como "ajustes por valoración". Pero el Banco de España abrió la caja de Pandora el año pasado al permitir que bancos y cajas no se apunten esas minusvalías en sus inversiones en deuda pública española. Ahora de lo que se trataría es de ampliar esta excepción a otro tipo de minusvalías latentes que tengan las entidades, como inversiones en bolsa o incluso en empresas no cotizadas.

Relajación también en la financiación mayorista

Finalmente, respecto a la liquidez, se trata de un agujero por el que podrían escaparse unas cuantas entidades del temible 10% y apuntarse al mucho más cómodo 8%. Según el texto de la famosa carta, el 10% se aplica en dos casos: por un lado, a las entidades que no cotizan y que no cuentan con un 20% de inversores privados en su capital; y por otro, a las que "hayan presentado en el trimestre anterior una dependencia media superior al 20% de su crédito a la clientela en financiación mayorista de activos líquidos".

Esta redacción es muy ambigua y permite múltiples interpretaciones, que las cajas pretenden inclinar a su favor. Una de sus demandas es que en esa financiación no se incluya la apelación a la ventanilla de descuento del BCE, puesto que estas entidades dependen mucho más de ella que los bancos ante las dificultades de lanzar emisiones de deuda al mercado. También quieren clarificar si se trata de financiación mayorista para las necesidades de liquidez o de solvencia.

Lo que parece claro es que estos requisitos no son acumulativos: es decir, si un banco cotiza, da igual que dependa en más de un 20% de los mercados, porque ya se le aplica el 8%. A sensu contrario, si una caja no presenta esa dependencia, daría igual que no cotice para poder acogerse al 8%. O al menos, así es como lo entienden en el sector.