Nacionalizar Bankia, intervenir el alquiler o voto a los 16: el programa de Podemos

El borrador del programa electoral de Unidas Podemos recoge un amplio paquete de medidas sociales, desde la renta garantizada hasta la expansión de los servicios públicos, que van acompañas de una progresividad fiscal centrada principalmente en la "eliminación de los privilegios de las grandes corporaciones" o en la creación de un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros. En el apartado económico, destaca la propuesta de "aprovechar Bankia como banco público" para introducir "competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros o inversiones en vivienda social".

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Se pretende también recuperar los casi 60.000 millones de euros del rescate bancario en una década "mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca". El programa que todavía tendrán que ratificar los inscritos mediante votación hasta el próximo lunes, incluye, además de la conversión de Bankia en una banca pública, la creación de una empresa pública eléctrica. Se busca "configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático", para lo que esta empresa pública se sumaría a una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y a un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), de cara a desempeñar "un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados".

La vivienda ocupa un lugar destacado en el programa electoral de Podemos, que oficialmente se presentará el próximo lunes. Se busca blindar el derecho a la vivienda en la Constitución e intervenir el mercado del alquiler. Esta última medida, que finalmente se cayó del decreto de vivienda del Gobierno aprobado este miércoles en la Diputación Permanente, establece la creación de "mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler".

Para garantizar un alquiler estable, de acuerdo a estas pretensiones, se propone implantar un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática. La creación de un parque público de viviendas sigue siendo otra de las medidas estrella del programa.

Se calcula un incremento de 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Asimismo, se aumentará la inversión pública en vivienda "hasta equipararla a la media europea" y se paralizará y revertirá "la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público". Además se impulsarán nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia.

Entre las novedades del programa destaca la regulación de las casas de apuestas. Se impedirá la publicidad, equiparándola a la de productos como el tabaco y se impedirá que estos locales abran antes de las 22.00 h. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, de limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales.

Otra de las medidas novedosas son la prohibición para que los bancos y los fondos de inversión no puedan ser propietarios de los medios de comunicación. "La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país", se defiende. Se prohibirá también que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios.

La formación morada propone también reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años. Se justifica que si a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, "no está justificado restringirles el voto". En el capítulo de participación se promueven una reforma constitucional para regular las consultas populares y los revocatorios a los cargos públicos. Esto es, "cuando el 15% del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales, en el ámbito de sus competencias".