Represaliados y represores, la memoria histórica de los Iglesias-Turrión

La memoria histórica se ha metido de lleno en la campaña electoral de Unidos Podemos, coincidiendo con la visita de Pablo Iglesias, acompañado por su madre, a los trabajos de la fosa 115 del cementerio de Paterna (Valencia) donde se encontraría su tío abuelo represaliado por el franquismo. El ADN de las familias Iglesias y Turrión está teñido de un color rojo por el que pagaron el castigo de la represión. Una saga humilde, pero ilustrada, con estudios universitarios más por capacidad que por estatus y, sobre todo, varios represaliados políticos: desde su tío abuelo materno, que formó parte de La Motorizada que protegía a Indalecio Prieto, a su abuelo paterno, Manuel, a quien también se acusó de represor por haber dictado nueve sentencias de muerte como presidente del tribunal del IX Cuerpo del Ejército Republicano, pasando por su abuela o su propio padre, Javier, que fue detenido y encarcelado por su oposición a la dictadura franquista.

Iglesias enmarcó su visita a Paterna como un viaje personal, pero una vez en el cementerio defendió que no se trataba de una historia personal sino de “la historia de millares de familias españolas”, defendiendo la necesidad de luchar contra el olvido y de rescatar la memoria histórica porque “en democracia no se puede permitir la impunidad, y en este país se cometieron crímenes y familias que merecen la atención de los tribunales”. Quizá demasiado encorsetado en la dualidad entre vencedores y vencidos, la historia represiva que tiñe sus antecedentes familiares está “marcada por las heridas del compromiso” y, según aseguraba Iglesias, a ellos debe “quien soy y desde los 14 años no he dejado de militar”.

De su tío abuelo fusilado, Ángel Santa María, ha recordado Iglesias la foto “con la boina del ejército popular de la República”, que “siempre ocupó un lugar especial en casa. Mi abuela y mi tía [que lo criaron] nunca dejaron de hablarme de aquel panadero socialista que formó parte de La Motorizada, los muchachos socialistas que siempre acompañaban y protegían a Indalecio Prieto”. A su abuelo, Manuel Iglesias, habitualmente lo ha presentado como héroe de la República y víctima del franquismo. Fue condenado a muerte y pasó cinco años en la cárcel, aunque el historiador Francisco Espinosa Maestre ha documentado también que como presidente del Tribunal Permanente del IX Cuerpo del Ejército Republicano intervino en unas 650 causas y llegó a dictar nueve sentencias de muerte. Así lo recoge en su libro ‘Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945)’ (Aconcagua Libros, 2011).

Finalmente evitó su fusilamiento gracias a su amistad con el ministro franquista Pedro Gamero del Castillo, la intercesión del obispado madrileño, que certificó que el teniente Manuel Iglesias era un buen cristiano, y el testimonio de un policía político falangista, amigo de la infancia, y a quien antes había escondido en su domicilio durante cuatro meses, salvándole la vida. Peripecias de un católico marxista, en una época en la que este concepto era un oxímoron, y reflejo de una guerra fratricida. Pocos son los currículos militares que en la fratricida guerra española no se tiñesen de sangre. Al abuelo de Pablo Iglesias, “que era católico de villancicos gitanos y lector de la Biblia en alto en Navidad”, como ha recordado en alguna ocasión su nieto, lo libraron del paredón los falangistas y el clero.

"Mi abuelo fue socialista desde su militancia estudiantil y cumplió su obligación en la guerra combatiendo y presidiendo un tribunal republicano"

Manuel Iglesias (Badajoz, 1913-1986) fue un alto cargo de la Justicia militar republicana que, a pesar de haber fallecido cuando su nieto apenas contaba ocho años, ejerció una fuerte influencia sobre él. En su honor, Pablo Iglesias porta su segundo nombre, aunque jamás lo utiliza y solo pueda verse escrito en documentos legales. Se declaraba “marxista humanista”, siguiendo al ideólogo español de esta rama del socialismo Fernando de los Ríos, proponiendo así la implantación del comunismo por métodos no revolucionarios, resaltando los valores humanistas y la libertad para el desarrollo integral de las personas.

“Mi abuelo fue socialista desde su militancia estudiantil, cumplió su obligación en nuestra guerra combatiendo y presidiendo un tribunal de la República, lo que le valió una condena a muerte conmutada finalmente por una pena de 30 años de prisión, de los que tuvo que cumplir cinco y sufrir la atenta mirada de la dictadura muchos más”, resaltaba el líder de Podemos en el epílogo de su libro ‘Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis’ (Akal, 2014). Natural y vecino de Villafranca, su abuelo se licenció en Derecho y Filosofía y Letras con 12 matrículas de honor. Manuel Iglesias llegó a ser teniente auditor jurídico-militar en el VI Cuerpo de Ejército en Hoyo de Manzanares durante los primeros meses de la Guerra Civil. Desde marzo de 1938 y hasta la caída de Madrid, presidiría el Tribunal Permanente del IX Cuerpo del Ejército Republicano, cuando apenas contaba con 24 años.

Como se documenta en 'Masacre', el sacerdote salesiano Claudio Sánchez Martín y hasta el obispado de Madrid testificaron a su favor ante el tribunal militar que lo juzgaba, entre otros cargos, por las nueve condenas a muerte que había dictado durante la guerra. El médico falangista Enrique Puyol Casado también acudió a su rescate, afirmando que el abogado le entregó una pistola “para cuando llegara el momento” y mantuvo que, además de a él y a su esposa, Iglesias había ayudado “a otras muchas personas de Úbeda que figuraban en las listas para ser asesinadas según rumores recogidos por todos”. Si bien fue la intervención del ministro franquista Pedro Gamero del Castillo, compañero de universidad, y uno de los máximos responsables de la Asociación de Estudiantes Católicos, la que provocó que su pena de muerte le fuese conmutada a 30 años. Finalmente, se quedó en cinco años de prisión, obteniendo la libertad provisional en 1943, y en 1946 arrancaría su lucha en la clandestinidad con el carné número 17 del PSOE, que lo acompañaría hasta su muerte.

La historia familiar de Iglesias está “marcada por las heridas del compromiso” y a ella debe “quien soy y desde los 14 años no he dejado de militar”

El testimonio de descargo del salesiano en el juicio abierto contra Manuel Iglesias se circunscribe a su amistad cultivada durante los años como estudiante de bachillerato en el Colegio de los Salesianos de Utrera (Sevilla). Se deduce también que pudo tratarse de una devolución de favores, pues el padre del presbítero de Úbeda, Ángel Campos Baeza-Rojano, detenido por el Servicio de Información Militar (SIM), habría sido liberado gracias a la intervención de Manuel Iglesias. Asimismo, sus contactos entre destacados miembros de la curia, quienes consideraban al abuelo de Pablo Iglesias “un buen cristiano”, propiciaron que el obispado madrileño certificase por escrito al tribunal que “Manuel Iglesias Ramírez y María Dolores Peláez Zapater se casaron por la Iglesia el 21 de enero de 1938”, como señala el historiador pacense Francisco Espinosa Maestre en la obra antes referida.

Lorenzo Polaino Ortega, auxiliar técnico del Tribunal Permanente, fue otro de los falangistas que pusieron en juego su lealtad al régimen defendiendo a Iglesias. “No se recataba de criticar duramente los vandálicos actos de los rojos”, y siempre que pudo evitó los “paseos” de derechistas, declararía el falangista ante el tribunal de guerra. Una versión que trató de legitimar aportando varios escritos en los que se mostraba la preocupación del republicano por el trato humano que debían recibir los presos del bando contrario. El abogado falangista Ezequiel Puig Maestro también acudió al rescate de Manuel Iglesias testificando a su favor. Aseguró al togado que el socialista lo había protegido en Madrid, que favoreció en su actuación a los derechistas y que conscientemente traspapelaba sumarios para favorecer a los inculpados.

El talento para cultivar inaccesibles y prometedoras amistades en los principales centros de poder, sobre todo del bando contrario, se transformaría luego, quizá por cuestión de supervivencia, en supuesta deslealtad hacia las amistades del bando propio. “Más difícil resulta entender que en sus declaraciones responsabilizara a Borrego, Yuste y Medel del envío de fusiles a Villafranca”, observa el historiador Francisco Espinosa Maestre en referencia a la estrategia de defensa del republicano, que más allá de negar su participación en dichos hechos juzgados, sirvió en bandeja la cabeza de sus compañeros de filas a la Justicia militar.

El socialista José Bono fue abogado defensor del padre de Iglesias cuando lo detuvieron y encarcelaron por su oposición al franquismo

El historiador valora así su actitud: “Que cargara responsabilidades sobre Manuel Borrego, del que seguro que sabía de su desaparición en Mérida en agosto del 36, puede admitirse, ya que de poco iba a servir a los militares, pero que metiera en el medio a Yuste (alcalde republicano del pueblo de Manuel Iglesias, Villafranca de los Barros) y a Medel (secretario del comité de defensa republicano del mismo pueblo), ambos en el punto de mira de la Justicia militar en ese momento, muestra la debilidad de la condición humana y, pese a todo, mueve, dadas las circunstancias, a extremar la prudencia al enjuiciar este tipo de comportamiento”. Los horrores de la guerra.

Muchos años después, se reconciliaría consigo mismo, confesando en sus memorias, inéditas, que pensaba titular 'Memorias de un imbécil', que cuando estalló la guerra “fui convocado por Margarita Nelken y Jesús de Miguel, ambos diputados por Badajoz, en la Ciudad Universitaria, y allí se me entregaron 75 fusiles del año catapúm, para que los llevara al pueblo, y con ellos hacer frente a los moros y al tercio”. El relato continúa así: “A las órdenes del coronel Puigdengolas, hicimos frente a las fuerzas fascistas en la Sierra de San Jorge, en los Santos de Maimona. Al primer choque, aquellos hombres, entrenados y aguerridos, nos disolvieron y nos hicieron huir a la desbandada. Yo tomé el último tren que salía de Mérida para Madrid, y a eso le debo la vida”.

El papel político de Manuel Iglesias durante la II República, primero, y durante la Guerra Civil, después, fue muy notable. No solo actuó como 'telonero' durante las tres campañas electorales de la República por la provincia de Badajoz, sino que en plena contienda fue nombrado auditor-presidente del Tribunal Militar radicado en Úbeda. Sin embargo, si algo sorprende y define el sacrificio por sus principios es que poco después de salir de la cárcel, y estando bajo vigilancia, volviese a jugarse el pellejo militando en la clandestinidad. Una vez más, el compromiso y la “decencia política” por encima de cualquier otro principio.

Bono, abogado defensor de Javier Iglesias

En el combativo árbol genealógico del líder de Podemos, otra de las figuras destacadas es su padre. Como se recoge en 'Pablo Iglesias. Biografía política urgente' (Stella Maris), su oposición a la dictadura franquista lo había llevado a formar parte del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), una organización armada creada en 1973 al amparo del PCE (y con la colaboración activa de la Unión Socialista Española (SUE), del exministro de Estado durante la II República Julio Álvarez del Vayo). Una militancia por la que fue detenido y posteriormente encarcelado.

El socialista José Bono, que por aquel entonces militaba en el Partido Socialista Popular (PSP) y que acababa de licenciarse en Derecho y ADE por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, fue su abogado defensor. Actividad que mantuvo hasta el fin de la Transición, destacando como letrado de una de las víctimas de los atentados de Atocha en 1977. Según Pablo Iglesias, la estancia en prisión de su padre fue “por repartir propaganda antifranquista”, y añade que a raíz de la ayuda que le brindó Bono se generó una relación de cordialidad entre ambos.