Sigue el esperpento en el Congreso: el TC fallará con otro Ejecutivo u otra legislatura

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han consumado su amenaza de llevar al Gobierno en funciones al Tribunal Constitucional por negarse al control ordinario de la Cámara, pero cuando este se pronuncie ya no habrá Ejecutivo en funciones o será la Cámara de la XI Legislatura la que esté de salida, disuelta, por la más que previsible repetición de elecciones el 26 de junio.

El Congreso comunicará ahora al TC que tiene un "conflicto de atribuciones" con el cesado Gabinete de Mariano Rajoy (elegido en la legislatura anterior), y cuando el órgano de arbitraje reciba la comunicación, se lo hará saber al Gobierno en funciones para que aporte posición y explicaciones. Y en La Moncloa tienen un mes para hacerlo.

El empeño de socialistas, podemitas, riveristas y los grupos nacionalistas de la vigente legislatura en someter a control parlamentario ordinario (preguntas e interpelaciones) al Gobierno en funciones, como si fuera el que tenían que haber investido, ha derivado en un choque institucional sin precedentes en el Congreso desde 1978. No hubo ni amago de diálogo para evitar el conflicto.

"Nos veremos en el Constitucional", fue la advertencia que el presidente de la Cámara, Patxi López, hizo al Ejecutivo en funciones desde que se planteó el problema, según fuentes gubernamentales. Y la misma queja de falta de flexibilidad tiene López de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, por no haberle planteado soluciones intermedias al control ordinario de los ministros. Fue una posibilidad que manejaron en La Moncloa, pero que se guardaron al comprobar el afán socialista en celebrar plenos contra el PP que sirvieran a Pedro Sánchez para apuntalar sus negociaciones con Ciudadanos, Podemos y los nacionalistas, destinadas a lograr su ansiado segundo intento de investidura.

En la votación para plantear el conflicto de atribuciones ante el TC, Sánchez ha colocado y escenificado su mensaje del frente parlamentario contra el Grupo Popular, solo en la defensa del Gobierno en funciones; pero aboca a la Cámara a un nuevo esperpento institucional. Después de hacer como si el Congreso pudiera trabajar con normalidad pese a no haber cumplido la primera de sus obligaciones (alumbrar un Ejecutivo), aprueba una iniciativa que no sirve para nada práctico. El Constitucional no tendrá tiempo para aclarar la cuestión con los actuales actores sobre las tablas. Y no es descartable que el TC considere que no forma parte de sus competencias.

El Gobierno en funciones alegará lo que estime oportuno sin que en medios de La Moncloa se adelante si lo harán este mes, o ya el próximo, siempre que para entonces no haya un Ejecutivo de izquierdas con apoyos de los grupos secesionistas, que es en lo que Sánchez está ahora. Si al dirigente socialista le sale la jugada en las tres semanas que le quedan para conseguirlo, ya no habrá Gabinete en funciones que tenga que explicarse ante el TC. Y si se repiten las elecciones, la Cámara que ha planteado el conflicto estará disuelta el día 2 de mayo.

De todos modos, los grupos parlamentarios promotores de la iniciativa mantienen su empeño en convocar un pleno de control ordinario contra Rajoy y sus ministros sin esperar a la respuesta del TC. Retrasan la presentación de las preguntas correspondientes desde antes de Semana Santa, pero pretenden hacerlo ya con el fin de plantearlas en el pleno del día 20 de este mes, justo en la semana decisiva para comprobar si Sánchez tiene posibilidades para someterse a una segunda legislatura.