La ley para multar a empresas por dañar los derechos humanos bordea el limbo de la UE

El 14 de diciembre de 2023, en Estrasburgo (Francia), los negociadores del Parlamento Europeo, la Comisión, representada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la presidencia española del Consejo de la UE, representada por Gonzalo García Andrés, en aquel momento secretario de Estado de Economía, celebraban haber cerrado un acuerdo sobre las nuevas normas de responsabilidad corporativa, la conocida como directiva de diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés, o EGS, por sus siglas en español). Dos meses después, la nueva norma, que establece obligaciones para las empresas para mitigar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sigue sin ser definitivamente aprobada, generando una sensación de frustración, acusaciones cruzadas y nerviosismo, y el riesgo de que la ley caiga en el limbo legislativo de la UE.

En enero, los liberales alemanes del FDP, uno de los socios minoritarios del Gobierno alemán, empezaron a moverse contra la nueva norma. El FDP, que defiende ser un partido proempresas, aseguró que el pacto era un mal acuerdo que provocaría una excesiva carga administrativa sobre las pequeñas y medianas empresas europeas, reduciendo su competitividad, y comenzó una campaña que tenía como objetivo tumbar el compromiso. Habitualmente, cuando se cierra un acuerdo en trílogos, como el que se celebró aquel 14 de diciembre, se da por hecho que el pacto ya no tiene vuelta atrás. Pero es la segunda vez en pocos meses que Alemania rompe esa costumbre después de que obligara a modificar el pacto para prohibir la producción de coches de combustión después de 2035, cuando ya era un acuerdo cerrado. Se trata de un ejemplo de libro del llamado voto alemán, cuando los representantes alemanes se abstienen en el Consejo por un bloqueo en Berlín producto de la descentralización de la dirección de los asuntos europeos dentro del Gobierno alemán y del choque que a veces se produce cuando dos departamentos dentro de un Ejecutivo de coalición defienden posturas distintas sobre un dosier europeo.

La presidencia belga del Consejo de la UE, que coordina los encuentros entre los Estados miembros y es la encargada de sacar adelante los dosieres legislativos, sabe que está en una carrera contrarreloj. Después de abril el Parlamento Europeo, que necesita dar también su visto bueno final al acuerdo interinstitucional de diciembre, la cámara entrará en receso de cara a las elecciones europeas de junio de 2024, que, según las encuestas, arrojará una mayoría mucho más conservadora que podría tener pocas simpatías por esta ley. "El reloj está corriendo", explica una fuente diplomática. Si no se cierra un acuerdo entre Estados miembros pronto, el dosier correría el riesgo de no poder ir al Pleno de abril de la Eurocámara, quedando así en el "limbo" europeo en el que quedan los textos legislativos que han perdido impulso y respaldo político durante su recorrido.

El 'nein' alemán

La división dentro del Gobierno, con los socialdemócratas (SPD) y Verdes (Grüne) apoyando la nueva norma europea, y los liberales (FDP) oponiéndose, obligó a que Alemania se abstuviera en una votación que estaba prevista que se celebrara el pasado viernes en una reunión de embajadores representantes permanentes adjuntos de la Unión Europea (Coreper I). La abstención de Berlín impedía alcanzar la mayoría suficiente para sacar adelante la norma, lo que hizo que la presidencia belga del Consejo de la UE, que dirige estas reuniones, retirara el punto de la agenda.

La abstención de Berlín impedía alcanzar la mayoría suficiente para sacar adelante la norma

Para los sectores más duros del FDP, esta es la demostración de que es un mal acuerdo, que se había cerrado con prisas y que es un riesgo para las empresas europeas. Y es verdad que Alemania no está para nada sola: si su abstención hacía que la nueva ley cayera es porque el texto cuenta con la oposición de Suecia, Estonia, República Checa, Finlandia y, supuestamente, Italia. La votación de los italianos era clave y hasta el último momento nadie tenía del todo claro qué iban a hacer. El mismo viernes los belgas sacaron el punto de la agenda.

El FDP está lanzando toda la carne en el asador, y en los días previos al Coreper del viernes se movilizó al más alto nivel, con dos cartas enviadas por los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y también por el de Finanzas, líder de la formación liberal, Christian Lindner, pidiendo a otros socios europeos que retiraran su apoyo a la norma. "Es evidente que Alemania no está sola con sus preocupaciones", celebró Lindner en un mensaje en redes sociales, tras días de críticas asegurando que la norma solamente generará trabas burocráticas a las empresas europeas que perderán competitividad.

Una eurodiputada alemana del FDP, Svenja Hahn, señala directamente a la presidencia española del Consejo de la UE como culpable de que el texto no salga adelante. "No habla en favor de la calidad de la ley si la situación es tan poco clara que el tema se retira del orden del día en el último minuto", aseguró en declaraciones recogidas por el portal de noticias europeo Euractiv. Hahn, que es una de las eurodiputadas más activas en esta cuestión, culpa a la costumbre de las presidencias rotatorias de intentar cerrar todos los trílogos que sean posibles durante las últimas semanas de su semestre, provocando que algunos acuerdos sean deficientes.

"No habla en favor de la calidad de la ley si la situación es tan poco clara que el tema se retira del orden del día en el último minuto"

En estas horas, se trabaja para intentar volver a contar con el respaldo de Alemania y también de los nórdicos que se habían opuesto. Pero el trabajo ahora es muy complejo: los cambios sobre el texto legal deben ser mínimos para evitar que la negociación interinstitucional se vuelva a abrir. Por eso ahora se trabaja en buscar de qué manera se pueden eliminar algunas frases y algunos elementos que convenzan a Berlín, sin añadir nada nuevo que pudiera provocar que el consenso alcanzado en diciembre vuele por los aires. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, ponente de esta ley por Renew Europe (liberales) y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, considera que "la aprobación de la CSDDD sería un gran paso adelante en la defensa de los derechos humanos y la protección del medioambiente por parte de empresas sin perjudicar su competitividad". "La necesidad de una ley común es clave para evitar la fragmentación regulatoria y evitar que cada estado miembro imponga obligaciones distintas", explica el diputado, aunque algunas asociaciones empresariales consideran que la norma acordada en diciembre no evita la fragmentación regulatoria.

Las normas no se aplican a todas las compañías. Hay una serie de sectores de alto riesgo en los que se considera que hay más probabilidades de que haya riesgos para los derechos humanos o el medioambiente, como son el textil, la agricultura y las industrias relacionadas con los minerales. En el caso de estas empresas bastará con que tengan 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros para que se les apliquen estas reglas, y en el caso del resto de empresas se les aplicarán cuando tengan más de 500 empleados y una facturación global superior a los 150 millones de euros. La industria financiera no estará sometida a estas normas, aunque sí se incluyó una cláusula de revisión para que la Comisión Europea pueda proponer que queden cubiertas por esta ley en el futuro.

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Nacho Alarcón

Entre las empresas hay mucha división, en algunos casos una guerra abierta. Incluso dentro de los mismos Estados miembros hay posturas radicalmente contrarias. Una parte importante de la industria alemana se opone a este acuerdo y prefiere que se rechace la ley, incluso si eso deja a la Unión Europea sin un marco claro común, pero hay empresas alemanas importantes que lo apoyan, como por ejemplo Bayer o los supermercados ALDI. Para muchas empresas españolas el resultado es deficiente, no por errores de la presidencia española del Consejo, sino porque la dirección general de Justicia de la Comisión Europea fue muy dura en su propuesta inicial, lo que ha hecho que incluso si el Consejo ha intentado suavizar la norma esta sea muy exigente para las grandes compañías europeas y, según Alemania y también otros Estados miembros y actores del ecosistema bruselense, también para las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta original de febrero de 2022 llegó tras muchos años de presiones por parte del Parlamento Europeo y asociaciones civiles, que coordinaron la recogida de 100.000 firmas pidiendo normas más estrictas. Sin embargo, en la Eurocámara se defiende que los negociadores de la institución hicieron muchas cesiones, específicamente a Francia, que históricamente se ha opuesto a la norma, pero que ahora en principio la respalda, y a Alemania, especialmente en asuntos como la responsabilidad civil de las compañías y de sus consejos de administración.