La UE pacta un mecanismo de Estado de derecho que acerca el fondo del covid-19
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ACUERDO PRELIMINAR

La UE pacta un mecanismo de Estado de derecho que acerca el fondo del covid-19

La UE acaba de superar, al menos de forma preliminar, uno de los principales escollos para poner en marcha del fondo de recuperación al acordar un mecanismo de estado de derecho

Foto: La UE pacta un mecanismo de estado de derecho que acerca el Fondo del covid-19. (Reuters)
La UE pacta un mecanismo de estado de derecho que acerca el Fondo del covid-19. (Reuters)

La Unión Europea se acerca a superar uno de los dos escollos pendientes, al menos por el momento, para cerrar un acuerdo respecto a los presupuestos de los próximos siete años y, por lo tanto, sobre el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros. El Consejo y el Parlamento han llegado este jueves a un acuerdo preliminar sobre el mecanismo de estado de derecho que vincula la recepción de fondos europeos al cumplimiento del estado de derecho. Ahora, deberá ser aprobado por la Eurocámara y por el Consejo, donde encontrará la oposición de algunos Estados miembros afectados.

La propuesta de la presidencia alemana puesta sobre la mesa inicialmente no convenció para nada a la Eurocámara porque complicaba mucho la acción contra los sospechosos habituales, como Hungría y Polonia, que mantienen un largo pulso con Bruselas por su asalto a la independencia judicial. La primera propuesta reducía mucho la capacidad de acción: solamente podía cortarse el grifo de los fondos europeos a aquellos países cuya violación del estado de derecho fuera suficiente como para poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea. Estaba diseñada para que su puesta en marcha fuera muy complicada.

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Los eurodiputados protestaron, pero la presidencia alemana rápidamente quiso zanjar la discusión: no se trataba de aprobar un nuevo 'artículo 7' para lidiar con aquellos que violan el estado de derecho, sino de una herramienta para proteger el presupuesto europeo. Pero es que justo lo que el Parlamento Europeo llevaba solicitando desde hacía mucho tiempo era que el artículo 7 de los Tratados, que en última instancia puede acabar en la retirada de derecho a voto en el Consejo de un Estado miembro que viole el estado de derecho pero que en la práctica es muy complicado de aplicar, se completara con algún instrumento que se vinculara a los fondos.

Tras semanas de negociaciones, la Eurocámara ha logrado una interpretación más amplia de violación del estado de derecho, que permitiría la activación de la cláusula no solo cuando ésta ponga en riesgo la buena utilización de los fondos de la UE, como es en casos de corrupción, sino que también con el cumplimiento de los valores fundamentales de la UE "que todos los Estados miembros deben respetar, como la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías", ha señalado el Parlamento Europeo en un comunicado.

Además, habrá un artículo que especificará casos concretos en los que estaría justificada una activación, para evitar que la cláusula pueda quedar en el aire por una interpretación laxa de la cláusula. Así, por ejemplo, se incluirá la amenaza a la independencia del poder judicial como uno de los casos que justificarían la activación, según la Eurocámara.

La socialista española Eider Gardiazabal, coponente de este dosier, ha asegurado que este nuevo vocabulario que se ha acordado no pone a España en el foco, señalando que el Gobierno español apoya de manera firme la inclusión de esta condicionalidad respecto al estado de derecho. En cualquier caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propuso una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preocupó mucho en Bruselas y que hizo que la Comisión Europea diera un aviso a Madrid, que finalmente ha congelado la reforma para tratar de alcanzar un acuerdo para la renovación con el Partido Popular.

"El acuerdo de hoy es un hito para proteger los valores de la UE. Por primera vez, hemos establecido un mecanismo que permite a la UE dejar de financiar a gobiernos que no respetan nuestros valores, como el estado de derecho", ha asegurado uno de los negociadores, el popular finlandés Petri Sarvamaa.

El acuerdo también incluye la posibilidad de que los beneficiarios últimos de los fondos, como ONGs o estudiantes, puedan seguir recibiéndolos incluso si su Gobierno está sujeto a la activación del mecanismo. Además, los eurodiputados tenían otro objetivo: evitar que la cláusula solo se pudiera activar cuando hubiera una violación clara y suficiente del estado de derecho. Finalmente, el acuerdo incluirá la posible activación del mecanismo cuando haya un claro riesgo potencial.

El Parlamento Europeo y el Consejo también han acordado rebajar el tiempo que se podrá dedicar a este procedimiento. La propuesta de la presidencia alemana establecía un año, mientras que el pacto alcanzado lo reduce a entre siete y nueve meses. ¿Cómo sería el procedimiento? Tras certificar la existencia de una infracción, la Comisión Europea podrá proponer activar el mecanismo. El Consejo tendrá un mes, o tres en casos excepcionales, para aprobar la puesta en marcha del mismo por mayoría cualificada.

Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría. (Reuters)
Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría. (Reuters)

Oposición en el Consejo

Pero que haya un acuerdo entre Parlamento y Consejo no significa que ya esté todo hecho. Algunos Estados miembros, como Hungría o Polonia, se opondrán al mecanismo. Y como no pueden bloquearlo en la votación del Consejo, podrían hacerlo tumbando la decisión de recursos propios necesaria para que la Comisión Europea pueda emitir deuda en los mercados para el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros. Esa decisión sí que requiere de la unanimidad de los Estados miembros.

"Hungría respeta los Tratados y mantiene su apoyo al histórico acuerdo del Consejo Europeo de julio. Esperamos que las instituciones europeas hagan lo mismo. Nada está acordado hasta que todo está acordado", ha escrito Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría. La referencia a julio es clara: los líderes acordaron algo que se parecía mucho a la propuesta alemana que fue rechazada por el Parlamento Europeo. "El Parlamento Europeo es de nuevo parte del problema y no la solución. Si no puede ayudar en la lucha contra el covid-19 y reactivando la economía de la Unión Europea, al menos podría parar su chantaje político e ideológico a los Estados miembros", ha añadido Varga.

Pero no solo la Eurocámara quería un mecanismo de estado de derecho más duro. También algunos Estados miembros, como Dinamarca, Finlandia y Países Bajos, consideraban que la propuesta alemana era muy laxa y que había que lograr que el instrumento fuera más duro. Cualquier acuerdo se arriesgaba a un doble bloqueo: si es muy ambicioso, contará con la oposición de Varsovia y Budapest, si es demasiado laxo, con la de La Haya o Helsinki.

Además, Consejo y Parlamento siguen negociando sobre las cifras del Marco Financiero Plurianual (MFP) para los próximos siete años. Aquí el Parlamento Europeo solicita más dinero para proteger algunos de los programas que considera prioritarios y que se vieron dañados cuando los líderes europeos rediseñaron algunas líneas del MFP para facilitar el Fondo de Recuperación. En esta negociación las posturas parecen todavía muy lejanas.

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