Apple muestra a Bruselas la vía para acabar con los paraísos fiscales dentro de la UE

La UE es, despojada de romanticismo, un edificio legal siempre con andamiajes. En un proyecto vivo, que avanza y se mueve, la sensación de mudanza perpetua siempre está ahí. En un momento dado, los andamios ya no resisten las necesidades del momento, y llega el momento de hacer cambios. Eso suele ocurrir tras una crisis o un varapalo legal que cuestiona la manera en que se situaban los andamios.

Este miércoles, el Tribunal General de la UE (TUE) ha lanzado un arponazo al corazón de la estrategia de la Comisión Europea para apretar las tuercas a los regímenes fiscales que ofrecen acuerdos ventajosos a grandes multinacionales que logran así escabullirse de los sistemas impositivos de otros Estados miembros, al anular una decisión por la que la Comisión Europea obligó a Apple en 2016 a devolver 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a las arcas públicas de Irlanda.

Prácticamente nadie camina tanto por los andamios del edificio legal de la Unión como la Comisión Europea. Quizá solo el Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años ha ido circulando por ellos. Siempre probando los límites e insistiendo en extender un poco más allá las paredes de la edificación, sus decisiones han acabado en muchas ocasiones en los tribunales europeos. Caminar por el límite es la manera que tienen las instituciones europeas de ampliar el edificio y, de esa manera, profundizar en la integración.

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Porque el edificio legal siempre parece ser algo más pequeño de lo que necesitan la Comisión Europea y los tiempos. La ausencia de voluntad política por parte de las capitales lleva a que no se use todo el potencial de los tratados. Por eso, cuando el Ejecutivo comunitario ha querido apretar las tuercas a una serie de Estados miembros que ofrecen ventajas fiscales a grandes multinacionales erosionando la base fiscal de otros países europeos, lo ha tenido que hacer, de alguna manera, por la puerta de atrás.

El enfoque desde que Margrethe Vestager llegó a la Oficina de Competencia de la Comisión Europea ha sido buscar acuerdos fiscales de países europeos como Luxemburgo, Irlanda, Bélgica o Países Bajos que dieran “ventajas selectivas” a estas compañías, considerándolas así ayudas ilegales de Estado. La sentencia de este miércoles del TUE ataca, de alguna manera, esa lógica.

En realidad, la alta corte de Luxemburgo, cuya decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), no cuestiona en su sentencia de este miércoles la lógica detrás del planteamiento del Ejecutivo comunitario, sino que afea a Bruselas no aportar suficientes pruebas. No es la primera ni será la última vez que la Justicia europea derriba decisiones del Ejecutivo comunitario por una supuesta falta de consistencia o errores técnicos.

Para la Comisión Europea, el golpe ha hecho tambalearse el andamiaje del edificio. Una demostración de que las reglas, los andamios, ya no están a la altura: Apple pagó el 0,005% de impuestos en 2014, y la UE tiene que buscar una manera de evitarlo. Suele ocurrir así en Europa, a golpe político, económico o judicial: una crisis, como la Gran Depresión, demuestra las limitaciones de la eurozona y obliga a tomar medidas que ayudan a avanzar en la integración europea. Después hay otras crisis de las que no sale nada positivo, a pesar de demostrar las limitaciones de la Unión, como ha sido la crisis migratoria. Ahora, una sentencia demuestra que hacen falta cambios en materia fiscal.

En realidad, la sentencia no dice que el andamiaje esté oxidado, no censura la estrategia del Ejecutivo comunitario. Dice que en buena parte anula la decisión porque la Comisión no ha demostrado suficientemente que Apple obtuvo una ventaja selectiva por parte de Dublín. Pero eso ya da igual: políticamente, el Ejecutivo comunitario sabe que el momento es ahora. Y por eso ha procedido a avisar de que ha llegado el momento de hacer una nueva reforma.

La Comisión Europea primero filtró y luego confirmó que considera la posibilidad de utilizar el artículo 116 de los tratados, que permite esquivar la unanimidad que requieren los asuntos fiscales en la Unión, y ofrecería al Ejecutivo comunitario la oportunidad de considerar determinados regímenes fiscales como distorsiones del mercado único, necesitando únicamente la mayoría cualificada (ofrecida por el artículo 116) para aprobar directivas que lo corrijan.

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Eso significa que, por sí solos, todos los Estados miembros que la Comisión considera que tienen regímenes fiscales agresivos no suman suficiente peso en el Consejo para bloquear la puesta en marcha de una determinada medida, como podría ser la base imponible consolidada común (CCCTB) que la Comisión Europea intentó relanzar en 2016 pero que cuenta con la oposición frontal de los países que tienen regímenes fiscales como el holandés o el irlandés.

¿Por qué el momento es ahora? Porque la Comisión Europea lleva años intentando eliminar la unanimidad en materia fiscal, pero el intento siempre se queda en eso. Ahora, la crisis interna que vive la Unión brinda la oportunidad de dar un paso más allá y buscar la vía del 116 para sortear esa unanimidad. El ambiente permite ese movimiento.

Por un lado, porque especialmente un Estado miembro, Países Bajos, se ha opuesto frontalmente al fondo de recuperación de la UE frente al covid-19, usando un estilo negociador que ha provocado que otras capitales pongan su mirada donde menos interesa a La Haya: en su régimen fiscal. La opinión pública en países afectados como España o Italia se ha vuelto en su contra.

No solo eso: el 'shock' del coronavirus ha provocado una depresión económica sin precedentes en la historia de la Unión Europea y ahora los Estados miembros necesitan más que nunca los ingresos fiscales de las compañías que hacen beneficios en ellos. El argumento moral ahora refuerza la petición de que la erosión fiscal llegue a su fin dentro de la Unión Europea.

Esas dos patas soportan el peso de la necesaria iniciativa política que hace falta para ensanchar el edificio. Los tratados permiten ir más allá en muchos asuntos, lo que lo impide es la falta de voluntad política. Ahora que esta existe, la Comisión Europea aprovecha un varapalo recibido en gran parte por lo que la corte considera errores de procedimiento para plantear una gran batalla política.

La agenda se mueve en esta dirección. El asunto está cada vez más encima de la mesa. El hecho de que el recién elegido presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ministro de Finanzas de Irlanda, haya tenido que celebrar la sentencia de este miércoles chirría a nivel político y demuestra que la situación está madura para mantener un debate que cada vez va a ser más difícil retrasar. El Parlamento Europeo, bastante activo en este tema, pondrá en marcha el próximo septiembre una subcomisión parlamentaria sobre evasión fiscal que abordará este asunto, y la presidencia alemana del Consejo, que se estrenó el pasado 1 de julio, también tiene entre sus prioridades la erosión fiscal dentro de la Unión Europea.