¿Suspender el alquiler como en Francia? "Eso en España sería una barbaridad"

La posibilidad de aplazar o incluso suspender el pago de los alquileres durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus lleva días sonando. Íñigo Errejón, portavoz de Más País, ha reclamado al Gobierno la suspensión inmediata del pago de hipotecas, de alquileres cuando sean con grandes empresas y también de los desahucios. Esto último ya es un hecho: no habrá desahucios mientras dure el estado de alarma.

El gran problema sobre la mesa es qué hacer con las hipotecas y los alquileres ante el parón económico que estamos viviendo. Italia ha congelado el pago de hipotecas hasta en 18 meses. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho a sus ciudadanos que “nadie debería preocuparse por pagar el alquiler”. Ahora Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha garantizado la "suspensión de alquileres y facturas de agua, gas y electricidad a pymes en dificultades". ¿Seguirá España ese camino?

"El 80% de los tenedores de vivienda son particulares. Muchas de esas familias dependen de ese ingreso", advierten desde la APEI

Según Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), congelar el pago de los alquileres en España sería “una barbaridad”. “El 80% de los tenedores de vivienda son particulares, solo el 20% son empresas. Muchas de esas familias dependen de ese ingreso para pagar la hipoteca del piso que están alquilando o para llegar a fin de mes. Lo mismo para locales comerciales. Hay empresas que tienen 20 locales en alquiler, pero hay muchos propietarios que solo tienen un local. Si el Gobierno hace una moratoria sobre alquileres, alivia a unos pero hunde a otros”, considera.

La economía española es una de las más dependientes de la actividad de las pymes de toda Europa. Hasta un 99,98% del tejido empresarial lo conforman pequeñas y medianas empresas que ocupan un único local comercial. Así, según Martínez, aplicar la receta de Francia y suspender el alquiler a las pymes en España pondría en riesgo a la otra cara de esta moneda, los pequeños propietarios inmobiliarios que poseen el local donde opera la peluquería o la tienda de zapatos y dependen de ese ingreso mensual.

Juan Carlos Mejías, abogado y secretario general de la Asociación Defensa de la Propiedad Urbana (ProMadrid), cree que si el Gobierno dicta un decreto en este sentido, no puede aplicarlo con carácter general. Ya sea en el campo de la vivienda o del suelo comercial. “Se supone que los inquilinos percibirán ingresos de algún modo, ya sea porque siguen trabajando o porque su empresa ha hecho un ERTE y tienen prestación de desempleo. Si dejan de pagar, el único perjudicado aquí es el arrendador, que en su mayoría son personas con uno o dos inmuebles y que sin ese dinero tienen un panorama muy difícil. Habría que analizar cada caso individualmente, ver si al inquilino le ha afectado esta crisis en sus ingresos y evitar que nadie se suba al carro aprovechando la coyuntura”.

Aparte de la renta, están los gastos derivados. "Luz, agua, comunidad... ¿Quién lo asume si hay moratoria? No olvidemos que la renta del alquiler es un sustento para muchos jubilados y personas con ingresos moderados, que ahorraron durante muchos años para disponer de ese activo en lugar de invertir el dinero en otra parte", advierte el presidente de APEI.

Autónomo e inquilino: la peor combinación

Los más perjudicados en materia de vivienda durante los meses que dure esta crisis serán, como casi siempre, los autónomos. “Esta crisis les puede machacar”, advierte Mejías. “El autónomo que sea arrendatario lo pasará mal si tiene que detener su actividad. Ellos son siempre los grandes olvidados y el Gobierno debería aprobar ayudas específicas para solventar sus problemas económicos en emergencias como esta”.

Más que una regulación del Gobierno, los expertos en vivienda recomiendan llegar a acuerdos privados entre propietario e inquilino. De hecho, ya se están produciendo ante la parálisis económica que supone el estado de alarma. “Si ves que tu economía irá a peor debido a esta crisis, negocia con el arrendador. Ya pasó entre 2008 y 2012. Si tu afectación económica por culpa del coronavirus es de extrema gravedad, se pueden negociar rebajas del alquiler de seis meses a un año. Si no es muy grave, tres meses. Recomendamos bajadas de la renta mensual del 20% hasta que la situación se normalice”, indica Javier Iscar, presidente de la correduría de seguros especializada Arrenta.

"Se pueden negociar rebajas de seis meses a un año. Si no es muy grave, tres meses. Recomendamos bajadas del 20%"

Nadie obliga al arrendador a rebajar temporalmente la renta de un contrato en vigor. Sin embargo, Iscar recomienda ser “solidario” en tiempos difíciles para todos. Incluso por un puro interés personal. “Aconsejamos al propietario que llegue a un acuerdo si el inquilino muestra evidencias de que sus ingresos han caído. Porque si no lo hace, probablemente no va a cobrar y los procedimientos de desahucio están suspendidos. Aparte, está el factor de tener una buena relación entre ambas partes y frenar la tentación del impago. Pero aún es pronto para esto. Este mes y el que viene casi todo el mundo cobrará un salario, el impacto para las familias lo veremos un poco más adelante”.

No obstante, unos y otros ven ya con nerviosismo el desplome de los ingresos. El presidente de Arrenta confirma que muchos propietarios de vivienda y agencias inmobiliarias están “llamando para pedir consejo”. “Nosotros hacemos de mediadores en estos casos. Recibimos las peticiones del inquilino: ‘Puedo acreditar que mis ingresos han bajado un 15%’, por ejemplo. Y tratamos de solucionar el problema antes de que se produzca un impago”.

"Es durísimo desahuciar, pero no podemos penalizar a una parte de España para solucionar los problemas de otra", sentencia el presidente de APEI

Sobre la suspensión de los desahucios, los expertos muestran su conformidad. “Esta semana tenía dos lanzamientos en favor de propietarios que llevaban esperando dos años. Pero hay que entenderlo, por encima del interés particular está el general. De cara a posibles desahucios por impago de renta en los próximos meses, tendremos que ver. Desde que se presenta el expediente en el juzgado hasta que se ejecuta el lanzamiento, el término medio en Madrid son cinco meses. Cinco meses es tiempo suficiente para regularizar las pérdidas económicas que puedan surgir debido al parón por el coronavirus”, plantea Mejías.

“Es durísimo desahuciar, pero no podemos penalizar a una parte de España para solucionar los problemas de otra”, sentencia el presidente de APEI. “Lo que debe hacer el Gobierno es proteger los puestos de trabajo, ayudar a las empresas. Porque si la gente mantiene la nómina, tendrá dinero para pagar la renta. Eso es más efectivo que plantear una moratoria muy peligrosa”.