La CNMC investiga un supuesto cártel de agencias de intermediación inmobiliaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la formación de un supuesto cártel entre agencias de intermediación inmobiliaria, que habrían concertado precios y comisiones en las operaciones de compraventa de vivienda y, además, habrían intercambiado "información comercial sensible". El 'superregulador' ha realizado registros en sedes de varias empresas que operan en este mercado entre este pasado lunes, 18 de noviembre y este miércoles día 20 en el marco de esta investigación que ha abierto tras tener conocimiento de las posibles prácticas contrarias a la libre competencia.

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En concreto, los técnicos de la comisión han inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria, pero también de empresas proveedoras de software inmobiliario. Respecto a estas últimas, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar la fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.

Según la institución que preside José María Marín Quemada, estas actuaciones anticompetitivas habrían sido llevadas a cabo por "determinadas" empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria tanto de ámbito nacional, como regional y local.

Los cárteles están tipificados como una infracción "muy grave" en la legislación de competencia y su investigación constituye una prioridad de la CNMC

En un comunicado, la CNMC recuerda que las inspecciones y los registros de sedes suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. En el caso de que en esta inspección se encuentren indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se abrirá la un expediente sancionador.

La formación de cárteles está tipificada como una infracción de carácter "muy grave" en la legislación de competencia y su investigación constituye una de las prioridades de la CNMC, al considerar que sus consecuencias tiene "especial gravedad sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados".