Los retos de la energía renovable en España: "Necesita regulación estable y a largo plazo"

Es uno de los mayores dolores de cabeza para las empresas del sector energético, pero también para las administraciones públicas. Los cambios en los precios de gestión de la energía renovable acaban desembocando en una situación fluctuante, en la que diversos factores acaban subiendo o bajando el coste de dicha energía. ¿Hay forma de asegurar un precio fijo?

Es la pregunta a la que han respondido varios expertos a este periódico, que, con la intención de debatir sobre el proceso de implantación de las renovables en España, ha reunido a Sergio de Otto, patrono de la Fundación Renovables; Santiago Gómez Ramos, director de Gestión de Energía en Acciona Energía; Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y Geert Paemen, directora de Sostenibilidad y Gestión de Intangibles de Telefónica.

Los PPA como forma de fijar el precio

En el centro del debate se sitúa uno de los modelos más frecuentes en los últimos años en Latinoamérica y Estados Unidos: los PPA ('power purchase agreements'), un acuerdo mediante el que la empresa suministradora de energía renovable y otra comercializadora (o el cliente final) cierran un pacto de suministro a largo plazo. El precio se establece de antemano y se mantiene durante la prestación del servicio, con la intención de que el precio se mantenga estable al margen del comportamiento del mercado. Las empresas aludidas también notan dicha estabilidad: la suministradora se asegura un negocio a largo plazo (que le sirve de aval para financiar la planta de generación de energía renovable), mientras que el cliente final se garantiza un precio estable y el cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad medioambiental.

En España, este tipo de acuerdos aún tiene muy poco recorrido, pero no se trata de un modelo ajeno a nuestras empresas. Acciona, de hecho, tiene varios acuerdos de este tipo en Latinoamérica, donde el entorno regulatorio es más favorable a los PPA, y hay países como Argentina que incluso establecen la obligatoriedad de que cierta cantidad de la energía consumida sea verde.

"Hay que apuntarse a esta corriente y hacer una planificación a largo plazo" (Santiago Gómez Ramos, Acciona)

Sin embargo, nuestro país aún tiene mucho margen de inclusión de estos modelos. Para Gómez Ramos, se trata de un problema cultural, ya que, en su opinión, en España no hay tanta costumbre de realizar acuerdos a largo plazo.

Por ello, apuesta por una amplitud de miras: "No debemos perdernos en discursos domésticos que obedecen a intereses cortoplacistas. El cambio es global. Hay que apuntarse a esta corriente y hacer una planificación a largo plazo”, asegura. En cualquier caso, se muestra optimista, ya que “de una manera u otra, la transición energética se llevará a cabo, pero es clave ver cómo evoluciona el modelo de los PPA en los próximos dos años".

La clave: una regulación estable

Ahora bien, para optar por este tipo de modelos hay que ir bastante más allá: para Geert Paemen, los PPA "necesitan un marco regulatorio estable, tienes que prever lo que va a pasar en los próximos años para invertir en ello".

Y eso quizás sea lo más complicado, ya que, según Sergio de Otto, "los agentes que apostaron por las renovables se encontraron con que a mitad de partido les cambiaban las reglas. Ningún otro país como el nuestro ha certificado la retroactividad de las normas".

"A los que apostaron por las renovables les cambiaron las reglas" (Sergio de Otto, Fundación Renovables)

En su opinión, el fallo reside en aplicar visiones cortoplacistas, ya que "el Gobierno sigue negando la evidencia de que las renovables no son un coste, sino una oportunidad, unido a la acción de algunos intereses que tienen mucha influencia y hacen lo posible para retrasar la transición energética", critica.

En cualquier caso, "la sociedad demanda esta transición y el regulador tiene herramientas para poner más o menos trabas, para que estemos a la cabeza o a la cola", considera Gómez Ramos.

Una transición sin vuelta atrás

En cualquier caso, lo que queda fuera de toda duda es que la transición energética no solo es imparable sino que también es demandada por los propios consumidores: "Si la gente antes miraba el precio, ahora también exige que el origen de la energía que consume sea verde", reconoce Gómez Ramos.

"No podemos retrasarlo, porque el cambio climático está aquí", añade De Otto. Es por eso que, para la Fundación Renovables, el manifiesto que recientemente han rubricado una treintena de compañías reclamando una ley de cambio climático y más ambición en la transición energética es esencial, ya que, además, sitúa a los usuarios, ya sean particulares o sociedades, en el centro del debate.

En este sentido, Telefónica quiere aportar su grano de arena para reducir su huella medioambiental llevando a cabo políticas sostenibles, y observa con interés una posible participación en una PPA: "Vemos oportunidades de negocio interesantes, porque pasar a una economía más verde significa una digitalización fuerte", reconoce Paemen. No en vano, muchas de las iniciativas para reducir el consumo y la polución y evitar malgastar agua o energía pasan por la digitalización de los sistemas y redes.

Los ayuntamientos toman la delantera

Sin embargo, no todos van al mismo ritmo: "A nivel autonómico, hay administraciones que están tomando medidas, pero en el Gobierno central vamos marcha atrás", critica De Otto. Y es ahí donde las administraciones públicas más pequeñas acaban tomando la delantera.

Precisamente el Ayuntamiento de Madrid acaba de lograr el aval del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) para adjudicar el contrato del suministro eléctrico del consistorio a eléctricas 100% renovables, lo que deja fuera a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP o Viesgo, sentando así las bases para que otras administraciones sigan el mismo camino.

García Castaño reconoce que "los consistorios tienen muchas restricciones normativas que nos impiden hacer más", como es la creación de una empresa pública de energía, similar a la que Barcelona ha puesto en marcha. No obstante, el consistorio madrileño ya ha lanzado medidas para reducir la energía contaminante, como son la sustitución de calderas de gasoil, cambio de luminarias, envolventes, placas solares, sustitución de la flota de vehículos de la administración y de la red de la EMT o rehabilitación de edificios.

"El cambio se va a producir. Todo el mundo lo tiene claro, pero hay determinadas compañías que han apostado tarde o no han apostado, y les va a costar adaptarse", concluye Gómez Ramos. "Como en cualquier transición, habrá perdedores y ganadores", advierte Paemen, quien recomienda a las empresas tener visión a largo plazo y a la Administración tomar medidas para que la transición energética no sea brusca.