La solidaridad intergeneracional está en duda

El Pacto de Toledo inicia un debate inédito: cómo garantizar las pensiones de los jóvenes

El Congreso reprobará hoy al Gobierno por saltarse las recomendaciones del Pacto de Toledo y discutirá cómo garantizar el equilibrio entre generaciones de contribuyentes

Foto: La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. (EFE)
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. (EFE)

El sistema público de pensiones se asienta sobre el pilar básico de la solidaridad. Solidaridad entre territorios (con la caja única) y también entre generaciones, para que todos los ciudadanos se sientan por igual partícipes del sistema. Sin embargo, el enorme agujero de la Seguridad Social y el envejecimiento de la población hacen temer a los trabajadores por la pensión del futuro, en especial a los jóvenes. ¿Qué prestación quedará dentro de 30 años?

La presión del envejecimiento de la población pone en riesgo el principio de solidaridad, por lo que el Pacto de Toledo abordará por primera vez este debate con el objetivo de determinar, con números, qué aplicación práctica tiene. Antes de la reforma de 2012, cada jubilado generaba derechos para cobrar, de media, 1,44 euros de prestación por cada euro cotizado. Esto es, en total, acababa percibiendo un 44% más de lo que había aportado. A partir de 2012, este porcentaje se reduce hasta el 28%, pero todavía se mantiene el desequilibrio de que los mayores perciben más de lo cotizado.

Este escenario pone en riesgo el mantenimiento de la solidaridad entre generaciones. Los números son claros y apuntan a que en el futuro no se podrán mantener unas pagas tan generosas como las actuales, al menos no como para que un trabajador perciba más de lo aportado. Si una parte de la población se siente maltratada por el sistema, su integridad podría estar en entredicho, por lo que los distintos partidos políticos quieren cortar esta posibilidad lo antes posible.

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Con este objetivo, el PSOE ha instado a la comisión del Pacto de Toledo a iniciar hoy un debate en el que se determine qué significa solidaridad intergeneracional. Esta negociación constituirá uno de los puntos centrales de la discusión que empieza formalmente hoy en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista pretende que se introduzca una nueva recomendación específica para los jóvenes en que se garantice su participación en el sistema. En su propuesta, pide “reforzar el compromiso de solidaridad social” de modo que “no solo los actuales pensionistas sientan garantizadas sus pensiones, sino que esa confianza se extienda también a los jóvenes y demás trabajadores activos”.

¿Hay solidaridad sin límites?

El PSOE plantea la necesidad de adoptar “cuantas medidas sean necesarias para hacerles partícipes de la necesidad de su recomposición y sus bondades”. Sin embargo, la resolución no será sencilla, ya que hay dos problemas importantes. El primero son los derechos adquiridos ya por los cotizantes, que hace que los trabajadores que se jubilan vayan a cobrar un 28% más de lo que aportaron.

Si no se puede garantizar a los jóvenes una prestación tan generosa, la reforma tendrá que atajar las pensiones de los mayores para garantizar una mínima solidaridad. La proporción de personas en edad de trabajar por cada jubilado no dejará de deteriorarse durante las tres próximas décadas, lo que significa que cuanto más pase el tiempo sin abordar la solidaridad por los mayores, más difícil será conseguirla. La 'hucha de las pensiones' tendría que llenarse ahora que hay más personas en edad de trabajar y así generar un colchón para los momentos complicados. Pero la realidad es que los derechos adquiridos por los pensionistas no dejan de presionar al alza la factura de las pensiones y el Fondo de Reserva se ha vaciado.

Es necesario reforzar el compromiso de solidaridad social, de modo que la confianza se extienda también a los jóvenes

El segundo problema es la dificultad de cambiar las reglas del juego a mitad del partido, lo que generará grandes perjuicios para las personas mayores, que no tienen capacidad para adaptarse al nuevo sistema. La resolución de la solidaridad intergeneracional no será sencilla, pero, en cualquier caso, las recetas se tendrán que aplicar de forma paulatina para permitir a todo el mundo anticiparse, aunque esto afecte inevitablemente a la solidaridad.

Reprobación al Gobierno

El Pacto de Toledo iniciará la discusión sobre la reforma del sistema analizando si el Gobierno ha cumplido las últimas recomendaciones (vigentes desde 2011). La mayor parte de los partidos ha confirmado a este periódico que reprobarán la reforma del Partido Popular de 2013 que no respeta los principios acordados por mayoría.

La principal crítica vendrá por la introducción del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que sustituyó al IPC como indicador para actualizar las prestaciones. Este indicador se elabora teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema, de modo que mientras persista el déficit, la revalorización estará anclada en el mínimo fijado en el 0,25%. En los años que no hubo inflación, esta revalorización mínima le sirvió al Gobierno de Mariano Rajoy para presumir de que el Partido Popular no congela las pensiones como hizo el PSOE en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los partidos pedirán al Gobierno que elimine el Índice de Revalorización y busque una alternativa que proteja el poder adquisitivo

Sin embargo, ahora que los precios han vuelto a subir, los pensionistas han empezado a perder poder adquisitivo. Este efecto es acumulativo, ya que cada año perderán un poco más y se irá sumando progresivamente. Esto significa que los jubilados a medida que envejezcan tendrán peores pensiones, que podrían deteriorarse más de un 15% a lo largo de su vida.

La mayor parte de los partidos de la Cámara pedirán al Gobierno eliminar el Índice de Revalorización y buscar otra alternativa que permita proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Una medida popular entre los votantes (especialmente los mayores) pero que podría tener la reprobación de la Comisión Europea, muy preocupada por cuidar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. El Gobierno quiere evitar a toda costa volver al IPC, lo que complicará el debate en la comisión del Pacto de Toledo.

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