ÍNDICE GLOBAL 2016 de la internacional sindical

España se sitúa en niveles de Marruecos o Bolivia en derechos laborales

España sale mal parada en la clasificación mundial de derechos sindicales. Se sitúa en niveles similares a países con escasa tradición de respeto a las legislaciones laborales

Foto: Manifestación en favor de los ocho sindicalistas de Airbus imputados por incidentes en la huelga de 2010. (EFE)
Manifestación en favor de los ocho sindicalistas de Airbus imputados por incidentes en la huelga de 2010. (EFE)

¿Cuáles son los mejores y los peores países del mundo para trabajar? A esta pregunta responde cada año la Confederación Sindical Internacional (CSI). Y en la edición de 2016, España sale muy mal parada. Hasta el punto de que se sitúa en el mismo nivel que países como Albania, Bolivia, Bulgaria, Botsuana, Etiopía, Marruecos o Kazajistán. Muy lejos de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Italia o Noruega, que son algunas de las naciones que más respetan los derechos laborales.

La clasificación de la Internacional sindical cuenta con cinco apartados, más uno adicional que refleja los auténticos infiernos laborales, y en el que aparecen Burundi, Eritrea, Siria, Somalia o Sudán del Sur. España se sitúa en el nivel intermedio, codeándose con naciones con escasa tradición de respeto a las legislaciones laborales y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se sientan los gobiernos, los empresarios y los sindicatos.

La mala clasificación de España tiene que ver, fundamentalmente, con los juicios celebrados en los últimos años contra sindicalistas. Se cita, en particular, el caso de los ocho sindicalistas de CCOO y UGT que fueron enjuiciados, aunque finalmente fueron absueltos, bajo las acusaciones de “delitos en contra de los derechos de los trabajadores” y “atentados y lesiones”, supuestamente cometidos durante el transcurso de la huelga general el 29 de septiembre de 2010.

El Índice global de los derechos de la CSI muestra que los derechos de los trabajadores se han debilitado en prácticamente todas las regiones del mundo

Los redactores del informe consideran que las penas solicitadas por la Fiscalía eran “totalmente desproporcionadas”: ocho años y tres meses de prisión para cada uno de los encausados por haber formado parte de un piquete que bloqueó la entrada de la fábrica en Getafe (Madrid).

Los 'ocho de Airbus' fueron acusados en virtud del artículo 315.3 del Código Penal, un artículo que, según la CSI, data de la época franquista, y que permite dictar sentencias de prisión para los sindicalistas que intervienen en piquetes para incitar a otros trabajadores a sumarse a una huelga o a continuarla.

El informe recuerda que aún quedan por resolver otros juicios, como el que afecta a cinco trabajadores de ArcelorMittal, afiliados a UGT, que fueron condenados en total a 31 años de prisión por sus actividades sindicales durante la huelga general de 2012. Igualmente, se recuerda que Ryanair ha demandado a su personal en España por una acción de huelga. Los trabajadores de ‘handling’ de equipaje del aeropuerto de Madrid se declararon en huelga para protestar por recortes salariales y las malas condiciones de trabajo, interrumpiendo el servicio durante varios días. Ryanair es conocida en toda Europa por sus políticas antisindicales y ha sido condenada ya en diversos Tribunales Laborales europeos, desde Francia hasta Dinamarca.

Trabajadores de ArcelorMittal durante una manifestación celebrada en mayo. (EFE)
Trabajadores de ArcelorMittal durante una manifestación celebrada en mayo. (EFE)

Denuncias contra la libertad de expresión

Se recuerda, igualmente, que las asociaciones de periodistas han denunciado las restricciones a los medios de comunicación en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley ha convertido en delito “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”, además limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos a reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) es una entidad de centrales sindicales nacionales, cada una de las cuales agrupa a los sindicatos de ese país en particular. Fue fundada el 1 de noviembre de 2006, y reunió a las organizaciones que estaban anteriormente afiliadas a la CIOSL y la CMT (ambas ahora disueltas), así como a cierto número de centrales sindicales nacionales que no tenían ninguna afiliación internacional en ese momento. La Confederación cuenta con 333 organizaciones afiliadas en 162 países y territorios de los cinco continentes, con un total de 180 millones de trabajadores miembros.

El Índice global de los derechos de la CSI 2016 muestra que los derechos de los trabajadores se han debilitado en prácticamente todas las regiones del mundo, en ocasiones con serias campañas de represión contra el derecho a las libertades de expresión y de reunión.

La mala clasificación de España tiene que ver, fundamentalmente, con los juicios celebrados en los últimos años contra sindicalistas

Los diez peores países para la población este año son Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, India, Camboya, Bielorrusia, Irán, Guatemala y Colombia. Otros países han descendido en su clasificación este año, incluyendo Indonesia (del 4 al 5), Paraguay (del 3 al 4) y Bélgica (del 1 al 2).

El Índice global de los derechos de la CSI se construye a a partir de una investigación de los sindicatos nacionales sobre los casos de represión y abusos sufridos por los trabajadores. Sobre la base de las pruebas recogidas, se realiza una clasificación que incluye 140 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores. El Índice cubre las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas, concretamente derechos civiles, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, el derecho de sindicalización y derechos procesales.

Estos derechos están protegidos por instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y han sido reconocido como requisitos esenciales para la realización del trabajo decente. 

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