BANCOS Y ELÉCTRICAS TAMBIÉN ESTÁN EN EL FOCO

Podemos 'echa el ojo' a la Sareb como palanca de su plan de rescate social

La Sareb dejará de ser el 'banco malo' del rescate financiero para convertirse en el 'banco bueno' del rescate ciudadano que plantea Podemos en su primera proposición de ley

Foto: El líder de Podemos, Pablo Iglesias. (Reuters)
El líder de Podemos, Pablo Iglesias. (Reuters)

El llamado ‘banco malo’ de la Sareb es el oscuro objeto de deseo al que ha echado el ojo Podemos para centralizar su llamado plan de emergencia social y rescate ciudadano. La primera proposición legislativa presentada en el Congreso solo un día después de la constitución de las Cortes Generales pone de manifiesto el control efectivo que la formación presidida por Pablo Iglesias trata de ejercer también sobre la banca española y el sector energético. Las entidades financieras y las grandes empresas eléctricas no van a tardar en ver las orejas al lobo, a poco que prospere un nuevo Gobierno con participación, directa o inducida, de Podemos.

La eliminación de los desahucios y la disposición gratuita de suministro energético son, junto a la sanidad universal, los grandes soportes de la llamada Ley 25 de Emergencia Social. El objetivo solemne con el que se enuncia y fundamenta la propuesta obedece a la necesidad de acabar con el elevado nivel de pobreza existente en nuestro país, y que Podemos sitúa en el 22,2% de la población, en función de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La proposición de ley destaca que la crisis financiera ha golpeado con especial virulencia, pero asegura que el sistema socioeconómico español está atacado por un problema de pobreza intrínseca.

El presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen. (EFE)
El presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen. (EFE)

Aunque Podemos omite cualquier referencia nominal que pueda poner en guardia a los agentes económicos, las soluciones abordadas en la proposición de ley vinculan directamente a las entidades de gestión de activos inmobiliarios, incluidos de manera expresa “los procedentes de la reestructuración bancaria”. A buen entendedor no hacen falta más palabras, y en la Sareb han empezado a tomar nota del giro radical que puede dar su pretendido modelo de negocio. La sociedad que preside Jaime Echegoyen se ha empleado durante los últimos meses en mostrar una cara más social, pero sus criterios de gestión económica están aún muy lejos de las pretensiones de Podemos.

Los bancos y sus inmobiliarias tendrían tres meses para crear un registro de pisos vacíos con destino a personas en situación de emergencia social

El grupo de Pablo Iglesias y Asociados, como se le conoce en los sectores empresariales, quiere atajar de manera inmediata las ejecuciones hipotecarias con una normativa mucho más proteccionista que la derivada de las regulaciones vigentes contenidas en el Real Decreto-ley 6/2012 y en la Ley 1/2013. Ambas disposiciones legales se han mostrado como “herramientas ineficaces” para solventar el problema, a juicio de Podemos. Según los datos del Instituto Nacional de Empleo que maneja la formación morada, en 2014 se iniciaron cerca de 119.500 certificaciones por desahucio, lo que supone un aumento del 9,3% sobre el ejercicio precedente.

A partir de esta situación, Podemos plantea la prohibición por parte de las autoridades públicas de los lanzamientos forzosos de la vivienda habitual de los ciudadanos en situación de exclusión. La medida se orienta de manera directa en favor de personas menores, enfermas, dependientes discapacitados y víctimas de violencia machista. La propuesta establece que la vivienda es un servicio de interés general y obliga a los grandes tenedores de viviendas a que ayuden a las administraciones públicas en la provisión de políticas sociales dentro del mercado. Dicha obligación se traduce en la puesta en marcha en un plazo máximo de tres meses de un registro de viviendas vacías que puedan ser cedidas al Estado para atender situaciones de emergencia social.

Podemos señala directamente como grandes tenedores de viviendas a los bancos y sus filiales inmobiliarias, así como los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, entre los que obviamente destaca por derecho propio la Sareb. Todos estos agentes verían paralizados los procedimientos de desahucio cada vez que sus deudores instaran los pertinentes incidentes judiciales en reclamación de alternativas habitacionales. Podemos complementa su plan de vivienda con una política de alquiler social destinada a compensar a las personas desalojadas que permita el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles. Los alquileres sociales tendrían una duración mínima de tres años y su importe no podría superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar o, en su caso, el 15% del salario mínimo interprofesional.

El otro gran apartado del primer programa de rescate ciudadano que proclama Podemos se centra en el sector energético y, más en concreto, en la necesidad de que ningún hogar que no pueda hacer frente al pago de las facturas vea cortado el suministro eléctrico y de gas. La formación de Pablo Iglesias entra en conflicto con la política social del PSOE al rechazar por ineficaz el bono social que puso en marcha Zapatero en 2009 para descontar un 25% del recibo de la luz, pero solo a los hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada.

Podemos se inclina por establecer otro baremo mucho más extenso a través de lo que define como un Consumo Mínimo Vital que iría acompañado de un bono de acceso. El objetivo es asegurar el suministro y rebajar el coste para los hogares más vulnerables hasta llegar incluso al 100% de las facturas. La cuestión reside en saber cómo se financia dicho gasto energético, para lo cual el plan de emergencia social tiene una respuesta inmediata. Serán las empresas suministradoras, esto es, la compañías eléctricas, las que deberán pagar de manera proporcional a su volumen de negocio.  

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