refuerza los controles para evitar fugas de información

La Seguridad Social blinda el acceso de la Generalitat al listado de pensionistas

La batalla para evitar fuga de información sensible hacia la Generalitat ha comenzado. La Seguridad Social ha reforzado los controles para evitar que tenga acceso a la lista de pensionistas y cotizantes

Foto: Los secretarios de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo (i), y Seguridad Social, Tomás Burgos. (EFE)
Los secretarios de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo (i), y Seguridad Social, Tomás Burgos. (EFE)

La Seguridad Social comienza a desplegar su propio arsenal normativo para impedir la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España, como lo denominan los partidos independentistas. El sistema público de protección social, en concreto, ha reforzado los controles para que ningún funcionario de Cataluña pueda acceder a determinadas áreas restringidas de información.

En particular, en todo lo relacionado con el nombre, apellidos y datos anexos de los 1,67 millones de pensiones que se abonan en Cataluña. Igualmente, se ha estrechado la vigilancia para detectar en tiempo real cualquier retraso en el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social que están obligadas a realizar periódicamente las entidades públicas. Fundamentalmente, la Generalitat, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos.

Como se sabe, una de las primeras medidas que se ha planteado el bloque secesionista en el marco del despliegue legislativo pasa por crear un embrión de Seguridad Social catalana. Y lo que pretende el Gobierno de la nación es, precisamente, impedir que las cotizaciones de los empleados públicos se utilicen con ese objetivo. O, incluso, para financiar el aparato administrativo que exige el proceso soberanista.

Según fuentes de toda solvencia, se han creado herramientas informáticas “para impedir el volcado de datos” mediante sistemas de rastreo que prohíban el acceso a la información sensible. En línea con los instrumentos con los que cuenta la Agencia Tributaria para evitar que un funcionario tenga acceso a información que está fuera de sus competencias. “Se han extremado las medidas”, reconocen esas fuentes, que recuerdan que se han habilitado herramientas para que salten de forma automática sistemas de alerta en caso de que un funcionario pretenda acceder a un área no autorizada.

 

Hay que tener en cuenta que el sistema de Seguridad Social funciona con criterio de caja única, es una administración integrada, lo que explica que todos los funcionarios del departamento, tanto los del INSS como los de la Tesorería General, sean empleados estatales, y no autonómicos. Pese a ello, se ha decidido intensificar los controles. Se da la circunstancia, según fuentes internas de la propia Seguridad Social, que los funcionarios catalanes están considerados entre los más eficientes del sistema. Barcelona, en concreto, es considerada la provincia más innovadora.

Cataluña es, con diferencia, la región más relevante de España en términos de Seguridad Social. El gasto en pensiones contributivas ascendió en 2014 a 20.848 millones de euros, de los que 14.834 millones se destinan a abonar pensiones de jubilación. Esto representa nada menos que el 18,6% del total. A ello hay que añadir el gasto derivado de la existencia de 57.883 pensiones no contributivas que financia el Estado a través de impuestos, toda vez que sus beneficiarios no han podido cotizar por muy diferentes causas. Las comunidades autónomas con una mayor proporción de pensiones complementadas con mínimos son aquellas con una incidencia importante de regímenes especiales que cotizan por bases mínimas, mientras que País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias se encuentran en el caso contrario.

Un sistema solidario

La solidaridad del sistema no acaba ahí. Según datos de la Seguridad Social, 293.762 pensiones catalanas perciben alguna cantidad a través de los llamados complementos de mínimos, que son aquellos recursos que abona el Estado cuando una pensión no alcanza el mínimo que anualmente decide el Consejo de Ministros. La pensión media que se paga en Cataluña -el pasado 1 de diciembre- asciende a 925 euros, lo que representa el 103% de la media. Ahora bien, con importantes diferencias provinciales. Mientras que en Barcelona se sitúa en 958 euros de media, en Lleida apenas alcanza los 777 euros. Lógicamente, la distancia tiene que ver con las diferentes bases reguladoras que se utilizan para calcular la cuantía de las pensiones.

El 'conseller' de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell. (EFE)
El 'conseller' de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell. (EFE)

Una hipotética Seguridad Social catalana, en todo caso, nacería con un importante agujero. En concreto, según cifras oficiales, la diferencia entre lo que ingresa la comunidad autónoma por cotizaciones sociales y lo que perciben sus beneficiarios en pensiones alcanzó durante el primer semestre de 2015 los 3.034 millones de euros.

Esto significa que, de haberse mantenido esa diferencia en la segunda parte del año, el déficit de un hipotético 'sistema de pensiones catalán' superaría ligeramente los 6.000 millones de euros al año.

La diferencia es consecuencia de que hasta el pasado 30 de junio las obligaciones reconocidas en pensiones, lo que tiene que pagar la Seguridad Social en prestaciones económicas, llegó a los 8.803 millones de euros. Por el contrario, los ingresos por cotizaciones sociales (sin incluir otras fuentes e ingresos) apenas alcanzaron los 5.769 millones hasta el pasado 30 de junio.

Ante una hipotética independencia de Cataluña, en todo caso, la nueva legislación no afectaría a los beneficiarios actuales, según la Generalitat. El 'conseller' de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell, ha repetido en muchas ocasiones que los catalanes que han cotizado "tienen derecho" a cobrar las pensiones, ya que han cotizado por ello y se trata de un "contrato individual" entre ellos y España. Por lo tanto, se podría reclamar ante los tribunales internacionales en caso de que la ruptura no fuera pactada.

Según los economistas proindependencia, durante el periodo 1995-2011, Cataluña ha tenido 12 años en los que el saldo del sistema de pensiones ha sido positivo, y solo cinco años de saldo negativo, con un saldo acumulado positivo en los 17 años de 3.200 euros por habitante. En el mismo periodo, España ha tenido 10 años con saldo negativo y un total acumulado negativo en los 17 años de 1.735 euros por habitante. Estos datos no son compartidos desde el Gobierno de la nación.

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