MONTORO SOLO ASUME LA MITAD DE LOS COSTES PREVISTOS

El Gobierno aprueba un 'tarifazo' en el recibo de la luz del 3,2% en agosto

Tarifazo a la vista. Industria también carga sobre los consumidores buena parte del ajuste contenido en la reforma eléctrica. La decisión del Ministerio de Hacienda de

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El Gobierno aprueba un 'tarifazo' en el recibo de la luz del 3,2% en agosto
Tarifazo a la vista. Industria también carga sobre los consumidores buena parte del ajuste contenido en la reforma eléctrica. La decisión del Ministerio de Hacienda de sólo asumir la mitad de los 1.800 millones de costes extrapeninsulares para subvencionar la energía en las islas genera un agujero de 900 millones que pagarán los usuarios. La brecha se subsanará con una subida de la luz del 3,2% en agosto, una suerte de derrama que habilitará mediante una orden ministerial que ajustará los peajes del sistema eléctrico en torno al 7%. A efectos del usuario, el recibo de la luz experimentará entre 2012 y 2013 una subida total del 8%, según la previsión que maneja el ministro de Industria, José Manuel Soria.

La reforma eléctrica aprobada hoy por el Consejo de Ministros supone un ajuste de los costes del sistema de 4.500 millones de euros para acompasarse a los ingresos y eliminar el déficit estructural de la tarifa. De esta cifra, 900 los asume el recibo de la luz y otros 900 se recogen en los Presupuestos Generales del Estado. Los 2.700 restantes corresponden al ajuste que tiene que hacer el sector en su conjunto.

La mitad de esta carga recaerá en la industria renovable, mientras que el resto se reparte en todos los demás costes regulados del sistema. Pese al descontento inicial de las eléctricas tradicionales, lo cierto es que en términos generales no salen tan mal libradas. Las compañías verán reducida su retribución en concepto de distribución en torno a 300 millones este año, que podrían incrementarse hasta los 400 anuales a partir de 2014. Red Eléctrica (REE), como responsable del transporte, afrontará un recorte de cerca de 75 millones adicionales. Esta rebaja es consecuencia de un nuevo régimen retributivo en virtud del cual dichos costes regulados se pagan a partir de ahora sobre la base del interés de los bonos del Tesoro más 200 puntos básicos. En total, un 6,5%, que el Gobierno revisará cada seis años en lugar de cada tres como ocurre actualmente.

Otras partida que también será ajustada a la baja son los llamados pagos por capacidad, que retribuyen a las compañías como back-up del sistema eléctrico. En este capítulo el ahorro se estima en 200 millones de euros. Además se reducirá también en 300 millones la retribución por interrumpibilidad, que es la disposición de grandes clientes que pagan menos a cambio de asumir el corte de suministro en caso de emergencias que afectan al servicio eléctrico.

El final de las primas


Ahora bien, el verdadero peso del ajuste recae en las energías limpias incluidas en el régimen especial. El Gobierno considera que las medidas están avaladas por Bruselas y tienen respaldo jurídico suficiente del Tribunal Supremo para afrontar los pleitos en masa que los inversores afectados han anunciado ya contra el Estado español. No en vano Industria rompe el modelo regulatorio en vigor hasta ahora, marcado por el Real Decreto 661/2007, que provocó la burbuja fotovoltaica. En suma, es el fin de las primas.

En su lugar, el Consejo de Ministros aprueba un nuevo marco regulador que contempla un “complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías”. A partir de ahora, el Estado otorgará una compensación para garantizar una “rentabilidad adecuada” sobre la base del bono del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos; esto es, en torno a un 7,5%. La particularidad radica en que esta nueva retribución afectará a toda la vida útil de las 55.000 instalaciones –más de 50.000 son fotovoltaicas-, que serán analizadas caso por caso por evaluadores independientes.

Las instalaciones que durante sus primeros años de vida tuvieron una rentabilidad de dos dígitos verán ahora como sus retribuciones a futuro se ajustan a las percibidas inicialmente para asegurar una retribución del capital invertido (Capex) del 8% como máximo. Lógicamente, los proyectos basados en apalancamientos muy elevados tendrán que refinanciar sus iniciativas con las entidades financieras o padecerán de manera inmediata las consecuencias del ajuste. Un problema que amenaza con judicializar el sector eléctrico.

La estructura jurídica de la reforma se nutre de un anteproyecto de ley, que ha sido ya enviado al Consejo de Estado. La ejecución de este anteproyecto se llevará a cabo a través de un real decreto-ley, ocho reales decretos y tres órdenes ministeriales. El Gobierno considera que, con esta reforma, se equilibra el sistema eléctrico para que no aumente la deuda derivada del déficit de tarifa que actualmente suma 26.062 millones de euros. El tándem Soria-Nadal dio hoy por concluida la era de la abundancia en el sector eléctrico.
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