Los huertos solares pasan de producto estrella de la banca a sumarse al 15-M

Vivir para ver. Corría el año 2007 y los huertos solares eran el producto estrella que muchos bancos ofrecían a sus clientes. No había pérdida posible, en tanto la legislación ofrecía generosas primas con la garantía del Boletín Oficial del Estado (BOE). Una apuesta golosa al punto que las entidades financieras no dudaron en montar project finance sin tino con apalancamientos entre el 80% y el 90%. Entraron advenedizos y la élite, pero también muchos ahorradores que vieron la fotovoltaica como una inversión segura y, en algunos casos, hasta como un plan de pensiones. Más de 50.000 personas se animaron. Hoy, seis años después y tras rejones varios de PP y PSOE que han dejado por suelos la rentabilidad, los más afectados buscan alternativas originales para hacerse oír.

La primera ya está en marcha. No en vano, más de 100.000 damnificados por los cambios regulatorios se han adherido a una plataforma ciudadana para promover un nuevo modelo energético. Para empezar, el pasado miércoles presentaba una denuncia con 50.000 adhesiones ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que subrayan las vinculaciones de expolíticos con las grandes compañías eléctricas para explicar el desaguisado en el sector eléctrico. Entre las firmantes, la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) -que cuenta con 3.800 socios- o la Fundación Energías Renovables. Además, son de la partida ¡Democracia Real YA!, Coordinadora 25S o Izquierda Anticapitalista, entre otras. Esto es, la fotovoltaica abandona las moquetas de los bancos para tomar las aceras de la Puerta del Sol.

“Tenemos que dar apoyo a las organizaciones ciudadanas –aseguraba ayer Juan Castro-Gil, secretario y letrado de Anpier, en unas jornadas de la asociación-. Que el Supremo, la Audiencia Nacional, los arbitrajes, los juzgados de instrucción sientan que tienen aliento de los ciudadanos en el cogote y que no todo vale. Un grado de agresividad que nos lleve a un auténtico escrache judicial. No se trata de ir a casa de nadie a molestar a sus hijos, pero sí de dejar claro que no vamos a ceder en ninguna de los márgenes que permite el derecho”. Y remataba, justificando el cambio de estrategia: “Hace menos de un mes un responsable de la política energética me decía: ‘Vuestro problema es que no sois un problema social’. Y eso es lo que pasa, que la gente no es consciente de que esto es un auténtico exterminio”.

Castro-Gil respondía de esta forma a una de las principales inquietudes de los afectados. Esto es, por qué los sólidos argumentos jurídicos que el sector cree esgrimir –por ejemplo, la aplicación de normas retroactivas a sus inversiones o la quiebra de la confianza legítima- no permean ni un ápice en los sucesivos ministros de Industria. Como telón de fondo, la nueva reforma que tiene en marcha Alberto Nadal, número dos de José Manuel Soria, que sin duda no dejará que la fotovoltaica se vaya de rositas. José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), aseguró que, a día de hoy, la tasa de retorno [TIR] de las plantas apenas llega al 6%. “Estamos fuera de rentabilidad. No se va a poder pagar el servicio de la deuda. Es mejor darle las llaves de las instalaciones al Ministerio”, zanjó, dejando claro que no aguantan una más.

Políticos ‘giratorios’ 

La denuncia entiende que la aprobación de distintas normas por parte de los diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria podría implicar delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y recuerda los nombres de expolíticos que en un momento u otro han entrado en nómina de las grandes eléctricas, véase Felipe González, Narcís Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes o José María Aznar, dentro de un listado que supera la veintena. El documento recuerda que esas contrataciones se han producido en paralelo a la “demonización” de las energías renovables como responsables del déficit de tarifa y de las medidas tomadas por la Administración para que carguen con la mayor parte de los esfuerzos económicos para paliarlo.

“Traemos a juicio de la Fiscalía dichas cuestiones toda vez que, bajo la falaz idea de que el déficit de tarifa era culpa de las energías renovables, se fueron tomando al mismo tiempo medidas que están haciendo agonizar el sector, mientras que a otros procesos productivos en manos de muy pocas empresas, son constantemente beneficiadas con criterios bastante arbitrarios, y todo ello, mientras en los consejos de administración de ese pequeño grupo de empresas empiezan a aparecer primerísimas figuras políticas que, en muchos casos, acaban de salir de sus puestos de responsabilidad”, subraya la denuncia.

Llama la atención que el PSOE se haya adherido a la denominada Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que presenta la denuncia, en tanto la tarea de demolición de la energía fotovoltaica arrancó con Miguel Sebastián como ministro de Industria. De hecho, su Ministerio fue el primero en apuntar a la denominada retroactividad impropia –tocar las ayudas a futuro, pero no obligar a devolver las ya cobradas- como fórmula para estabilizar el desembolso en primas. También están en el plantel, formado hasta ayer por 146 organizaciones, el sindicato CCOO, Izquierda Unida, Greenpeace o WWF. Las primas al régimen especial –formado en su mayoría por energías renovables- alcanzarán este año los 9.100 millones de euros, lo que supone la mitad de los costes regulados del sistema.