La Fiscalía se alinea con la CNMV para llevar la causa de Pescanova al terreno penal

La Fiscalía Anticorrupción se ha alineado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y con el juez que administra el concurso de acreedores de Pescanova a la hora de delimitar las responsabilidades penales del caso, centradas en el expresidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, y dos de sus consejeros más cercanos.

Anticorrupción solicita la imputación de Fernández de Sousa, del exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade y del consejero José Antonio Pérez-Nievas, y deja al margen al resto de miembros del consejo de administración de la multinacional gallega.

Hay un cuarto imputado, el empresario gallego Alberto Barreras Barreras, por la actuación de su empresa Transpesca. En cambio, su hija, Ana Belén Barreras, que representaba a la compañía en el consejo de Pescanova, se ha librado de la imputación.

En todo caso, la medida de Anticorrupción avala, por un lado, la decisión del titular del juzgado mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto Cruz, quien optó por apartar a Fernández Sousa de la gestión de la compañía, y, por otro, a la CNMV, que abrió expediente al antiguo hombre fuerte de la multinacional pesquera por los mismos delitos que ahora le imputa la Fiscalía: falseamiento de la información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante.

Venta de acciones 

Este último se tradujo en que los imputados y sus sociedades vinculadas vendieron acciones antes de que la debacle de Pescanova acabase con el valor suspendido por la CNMV y la sociedad en concurso de acreedores. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Fernández Sousa de haberse desprendido de acciones por valor de 27,4 millones de euros, evitando así pérdidas de 15,6 millones.

Pero el expresidente no estuvo solo en estas prácticas. La Fiscalía culpa a Paz-Andrade de haber hecho lo mismo a menor escala: 16,8 millones de euros con los que soslayó números rojos de 3,4 millones. Por su parte, Transpesca, de la familia Barreras, se desprendió de 11,2 millones de euros en pescanovas para evitar minusvalías de 6,3 millones. Por último, Pérez-Nievas enajenó 1,8 millones y se libró de perder 1,3.

En conjunto, los cuatro imputados evitaron perder con estas operaciones en bolsa anteriores al estallido del escándalo 26,6 millones de euros, algo que no pudieron hacer el resto de socios ni los accionistas minoritarios.

En el caso de Pérez-Nievas, la sociedad a través de la que hizo estas operaciones, Golden Limit, alega que toda la operación fue casual y que incluso deshizo la venta posteriormente. La firma asegura que “no ha existido ni abuso de posición de mercado ni menos todavía información privilegiada, sino una desafortunada e impredecible coincidencia temporal que fue inmediatamente solventada por Golden Limit mediante la instrucción de interrumpir de inmediato la venta de acciones de Pescanova, ordenada con anterioridad a conocer ni poder prever la existencia de ningún contratiempo en la evolución de Pescanova”.

Cúmulo de irregularidades

Cuando Pescanova solicitó el concurso voluntario de acreedores a principios de marzo, nadie esperaba la escalada de irregularidades. Pero pronto saltó la liebre: la compañía ocultaba más de 1.500 millones de deuda a través de sus filiales.

No era la única anomalía. Los auditores no firmaban las cuentas, la CNMV tampoco las admitía, los consejeros desmentían los hechos relevantes que la empresa enviaba, se falseaba la actividad de participadas en el extranjero y, por último, afloraron casos de facturas falsas.

En ámbitos financieros internacionales, el grupo Pescanova ya es conocido como un pequeño Enron. Y las consecuencias industriales serán muy graves. Sólo en Galicia trabajan en el grupo más de 1.500 personas, sobre un total de 10.000 empleados en todo el mundo, sin contar las numerosas cofradías pesqueras que dependen de la multinacional.