La CNMV investiga si hay delito en la venta del 7% de Pescanova por parte de Fernández Sousa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha centrado su principal investigación sobre el escándalo de Pescanova en la operación de venta del 7% de la compañía que su presidente, Manuel Fernández Sousa, comunicó el pasado lunes. La enajenación de los títulos, cerca de dos millones de acciones, se llevó a cabo entre los pasados meses de diciembre a febrero y el regulador trata de aclarar si existen indicios de eventual delito para poder elevar el caso a la Fiscalía General del Estado.

La decisión se hará efectiva una vez que el auditor forense nombrado por la propia Pescanova, la firma KPMG, culmine la investigación exprés que está realizando sobre los asientos contables del grupo en su sede de Vigo. La compañía auditora es la misma que han elegido los bancos acreedores para determinar el agujero total de Pescanova pero el Ministerio de Economía ha dado luz verde a esta doble función después de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) señalara que no existe incompatibilidad.

En realidad, la labor de KPMG va a estar guiada directamente por la CNMV que ha mostrado su intención de “monitorizar los trabajos de la Auditoría Forense contratada por la compañía”. El regulador considera que la vigilancia permanente equivale en la práctica a una inspección de hecho sobre Pescanova pero no vincula al Estado con una eventual responsabilidad patrimonial que, en su caso, tendrán que sufragar los propios accionistas de la empresa gallega.

El plazo de la pretendida 'autopsia' señalado por el auditor se sitúa en torno a no más de un mes y medio, por lo que a finales de mayo tendría que estar definida la situación contable de la compañía que, pese a los sucesivos requerimientos de la CNMV, sigue siendo el gran enigma no sólo para el organismo regulador sino también para los propios bancos acreedores. Fuentes de estas últimas entidades han reconocido que hasta la fecha ha sido imposible determinar el importe total de la deuda que ha pasado de los 1.500 millones de euros reconocidos en febrero a más de 3.000 millones, según los últimos datos manejados a raíz de la suspensión de pagos presentada este lunes en el Juzgado Mercantil de Pontevedra.

Riesgo para la marca España

La Comisión de Valores considera que la remisión por defecto a la Fiscalía de toda la documentación que incorpora el caso Pescanova puede inducir a un grave error que dilataría los trabajos judiciales y complicaría todavía más el riesgo reputacional de la empresa. La prevención del regulador se fundamente también en la preocupación manifestada por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, sobre los efectos negativos que todo el escándalo puede generar en detrimento de la marca España. No se olvide que Pescanova ha realizado en los últimos años hasta tres emisiones de bonos convertibles en la Bolsa de Luxemburgo lo que está generando no pocos recelos entre los inversores institucionales.

El plan de la CNMV consiste en encontrar un punto de apoyo con todas las prerrogativas legales sobre el que aportar pruebas de un eventual delito. La actuación de Fernández Sousa con motivo de la venta de la mitad de su participación accionarial no ha gustado nada al regulador, no sólo por el hecho en sí mismo, sino por la confusión generada inicialmente sobre el conocimiento de la operación por parte de la Comisión de Valores.

En un principio, el presidente de Pescanova aseguró que la CNMV disponía de documentos acreditativos desde febrero y acto seguido rectificó con un hecho relevante en el que admitía que, en realidad, la Comisión fue informada hace sólo tres días. Ni qué decir tiene que entre medias hubo un requerimiento contundente de aclaración que pone de relieve también la desconfianza que el máximo dirigente y todavía principal accionista de la compañía inspira también al organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del mercado.