La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta ahora a investigar el caso Banca Cívica

La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que admita la querella interpuesta por UPyD contra varios consejeros delegados de Banca Cívica y contra CaixaBank por la presunta comisión, entre otros, de delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. El Ministerio Público considera que es la Audiencia el órgano competente para investigar estos hechos y pide que el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona se inhiba de la investigación abierta allí contra la entidad bancaria.

En su escrito, los fiscales Dolores Delgado y Vicente González Mota explican que la causa debe recaer en la Audiencia Nacional porque la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Caja Sol para la creación de Banca Cívica y su salida a bolsa, no se realiza por una sociedad con el ámbito de actuación en un territorio concreto, “sino que es el fruto de la operación de concentración empresarial entre entidades situadas en diferentes comunidades autónomas” y por tanto, competencia de este órgano judicial.

El Ministerio Público quiere investigar si para esta fusión de cajas se habrían manipulado las cuentas para crear una apariencia de mayor solvencia que la real. Recuerda que fracasado el primer intento, se realizó la fusión con CaixaBank y como resultado de esta operativa se hubiera podido producir un fraude con perjuicio a 26.000 inversores por importe del 50% de su inversión.

Uno de los puntos a investigar es la presunta despatrimonialización de la entidad mediante inversiones a un precio irreal a favor de determinadas personas que se habrán lucrado de esta manera con los fondos de la entidad, y con compras de terrenos a precios muy superiores a los del mercado a empresarios con créditos en la entidad, sin que las cantidades pagadas en el desarrollo de esas actividades económicas siguieran por tanto criterios de valoración objetiva de riesgos financieros,” generando un claro perjuicio al capital de la entidad”.

Otros de los aspectos que la Fiscalía quiere investigar es el posible cobro de dietas de los miembros de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de las dos Cajas cuya fusión dio lugar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, así como el posible falseamiento de la contabilidad de la Caja de Ahorros de Navarra al haber confeccionado una contabilidad “ad hoc”, incluyendo tanto la indebida contabilización de plusvalías como la minusvalorización de activos mediante artificios contables “obviando las normas contables”.

Según la Fiscalía, estos hechos “se enmarcarían en una dinámica comisiva sin solución de continuidad y estrechamente interrelacionada, con diferentes acciones ilícitas absolutamente vinculadas y conducentes todas ellas en su conjunto a la producción del daño, todo ello como consecuencia de un proceder delictivo que se habría prolongado en el tiempo y que habría supuesto la concatenación de posibles hechos delictivos indisolublemente unidos”.

La culminación de estos hechos, sostienen los fiscales en el escrito, concluiría en ese “extraordinario perjuicio patrimonial para una generalidad de personas con grave afectación a la seguridad del tráfico mercantil y sería de repercusión en la economía nacional”. Es evidente, añade, que la captación de recursos a través de una oferta Pública de Acciones supuso la concurrencia a la operación de salida a Bolsa de una generalidad de inversiones. En la medida que se trataba de una entidad que había sido dotada de fondos públicos a través del FROB, “puede señalarse la evidencia de posible perjuicio y repercusión en la economía nacional, lo que deberá acreditarse a través de la instrucción del proceso”.